El Ayuntamiento de Elche ha puesto en marcha un protocolo para prevenir y actuar ante posibles agresiones al personal público en centros de trabajo más sensibles, como pueden ser los centros sociales en los que se atiende de manera habitual a personas de colectivos vulnerables, que, en ocasiones, provocan situaciones violentas. Entre las medidas que se van a poner en marcha está la formación del personal, para que sepan cómo deben actuar en función de la situación que se genere, así como la instalación progresiva de cámaras de seguridad y botones de alarma, para actuar ante casos más graves.
Este protocolo, que se ha denominado Protocolo de Prevención de Acoso al Empleado Público Municipal, lo han llevado a cabo de forma conjunta las Concejalías de Recursos Humanos y la de Igualdad, Derechos Sociales y Políticas Inclusivas, que dirigen Ramón Abad y Mariano Valera, que ayer explicaron que el plan municipal que se acaba poner en marcha responde a un trabajo previo realizado por un grupo de trabajadores municipales del departamento de Prevención de Riegos Laborales, junto a representantes de los trabajadores, que ha recogido los datos de una encuesta realizada a los empleados públicos. Este trabajo se puso en macha en el Ayuntamiento en diciembre y ha sacado a la luz la necesidad de tomar medidas de prevención y establecer protocolos de actuaciones.
El edil Ramón Abad explicó que «el objetivo de este protocolo es que todos los empleados públicos sepan cómo deben actuar ante casos de agresión o violencia tanto física como verbal, para tratar de reconducir la situación o pedir ayuda a compañeros en caso de que sea necesario». Por su parte, Mariano Valera, aseguró que «por el momento no hemos registrado ningún caso de agresión física grave, pero sí que tenemos constancia de situaciones tensas ante las que tenemos la obligación de actuar».
«El Ayuntamiento tiene que poner todos los recursos disponibles con el objetivo de saber cómo actuar en escenarios de riesgo, así como implementar las medidas preventivas y de seguridad», apuntó Ramón Abad, que añadió que entre las medidas que se van a ir adopta de forma progresiva también está la adecuación de infraestructuras e inmuebles y el seguimiento a posibles actos violentos ofreciendo a los trabajadores públicos asistencia sanitaria, psicológica y legal, y la investigación de los supuestos hechos que se hayan producido en su actividad laboral.
Prueba
La experiencia piloto ya se ha puesto en marcha con empleados de los centros sociales, especialmente con los trabajadores sociales, que son, según dijo Ramón Abad, «los más expuestos al estar en contacto con personas de alta vulnerabilidad social».
El edil Mariano Valera, por su parte, valoró que «con la experiencia piloto también se han tomado decisiones concretas como la colocación de cartelería en los centros sociales, informando sobre los derechos y obligaciones de los servicios base como de advertencia de las sanciones por incumplimiento».
Finalmente, el concejal Ramón Abad indicó que «los servidores públicos no son el problema sino la solución a las inquietudes de los usuarios de los servicios municipales, ya que se trabajan en prevención para que situaciones de tipo violento no lleguen a suceder».
