La Sección Séptima de la Audiencia Provincial, con sede en Elche, ingresó el pasado año 2018 un 37% más de asuntos que el año anterior, hasta alcanzar los 2.920 casos, lo que la convierte un año más, en la más satura de las secciones penales de la Audiencia. De hecho, este dato supone prácticamente el doble de la media del resto de secciones penales -excluyendo la Sección Primera, dedicada a asuntos de violencia de género, que ingresó 1.773 expedientes, según recoge la memoria anual del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Este gran volumen de trabajo agravó aún más el colapso de este tribunal, pues mientras que el resto de secciones experimentó una disminución en el número de asuntos recibidos con respecto al año anterior, el organismo ilicitano experimentó una subida del 37% en cuanto al volumen de trabajo. Esto hizo que los ocho magistrados y el personal de refuerzo asignado al juzgado fuera incapaz de resolver más asuntos de los que entraron, agravando el número de casos pendientes.
De esta forma, la Sección Séptima inició el año 2019 con 1.632 asuntos en trámite. Muy lejos de los 192 de la Sección Segunda, los 161 de la Tercera, los 328 de la Décima y de los 294 de la Primera. El dato supone hasta siete veces más colapso que el resto de tribunales, lo que explica que en Elche haya hasta una decena de magistrados -siete más tres de refuerzo, sin contar un octavo que se incorporará en lo próximos meses- para poder desatascar este trabajo pendiente, y más en un año, el 2019, en el que se está juzgado el mayor caso de corrupción de la provincia de Alicante, el caso Brugal, lo que ha obligado a que una de las tres salas -el gran número de magistrados permite funcionar como si de tres tribunales distintos se tratase- esté destinada íntegramente a la causa, debido a la decena de señalamientos programados y al volumen de la misma, con 34 acusados sentados en el banquillo.
La Audiencia de Elche asume los casos penales no solo del partido judicial ilicitano, que engloba a Santa Pola y Crevillent, sino que también juzga las causas que llegan desde los juzgados de Orihuela y Torrevieja. Esto explica la saturación con respecto a otros tribunales, a lo que se añade el hecho de la complejidad de las causas, pues en muchos casos, sobre todo lo que vienen desde la Vega Baja, es muy difícil dar con testigos e incluso acusados, al tratarse de residentes internacionales que han vuelto a su país de origen, lo que origina continuos retrasos y suspensiones de juicios. La Fiscalía puso en marcha un plan para dar carpetazo a asuntos atascados, sobre todo los que llevaban muchos de retraso, pero los cerca de 140 casos que han sacado adelante no son suficientes para equilibrar las cifras. La Audiencia de Elche empezó 2018 con 1.313 asuntos pendientes, y llegó a 2019 con 1.632.
La decana pide otro Contencioso, otro Social y un Registro Exclusivo
El gran volumen de entrada de estos tribunales durante los años anteriores evidencia la necesidad de crear nuevos juzgados
La decana de la Ciudad de la justicia de Elche, María José Boix, pidió al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en su informe anual, un nuevo juzgado de lo Contencioso, otro Social y un Registro Civil exclusivo debido a la alta tasa de ingresos de nuevos casos en estas materias. El colapso de estos organismos se arrastra desde hace varios años, por lo que no se trata de una situación puntual, que solo puede resolverse con la incorporación de estos nuevos juzgados.
En su informe, Boix también evidencia la necesidad de la creación de un Juzgado de lo Penal 4, que el Consejo de Ministros aprobó recientemente y que está previsto que entre en funcionamiento durante los próximos meses.
En cuanto al juzgado de lo Contencioso, en los últimos años acumula una media de más de 1.200 asuntos para un solo tribunal, lo que aumenta la carga de trabajo de jueces y funcionarios. Lo mismo ocurre con los juzgados de lo Social, materia en la que pese a que existen tres juzgados de este tipo, no dan abasto debido al gran número de asuntos ingresados.
En cuanto al Registro Civil, se trata de una reivindicación que se arrastra durante años. Poblaciones similares a la ilicitana cuentan con un Registro Civil Exclusivo y dotado de un personal mucho mayor. Los refuerzos de la Conselleria y del TSJCV han contribuido a disminuir los retrasos que se han sucedido en este organismo, que llegó a tener un año de retraso para celebrar bodas. Pese a que eso se ha revertido, en la práctica lastra al Juzgado de Primera Instancia 3, del que depende, pues la magistrada que está al frente tiene que hacer frente a los casos que le llegan en materia civil más, aparte, atender todos los trámites del Registro, que son muy elevados, como demuestran los datos del informe remitido al TSJCV por parte de la decana.
