Que en la Administración Pública deben existir asesores para facilitar la gestión en cualquiera de sus ámbitos de trabajo parece evidente. Pasa en todos los países. Otra cosa es que los que hay sean los necesarios, los competentes y los más idóneos para la función a la que deben dedicarse.

Si tenemos en cuenta que el criterio para su selección, en la mayoría de los casos, es discrecional y primando más la lealtad partidista o el mero pago de favores políticos antes que la eficacia o la competencia para dirigir determinados servicios, es muy frecuente que nos encontremos con una realidad poco defendible en muchas ocasiones.

Se publicaba estos días en los medios de comunicación que el Ayuntamiento de Elche repescaba a dos asesores, que ya lo habían sido en etapas anteriores. Se decía que uno iría al área de Alcaldía y otro a Cultura. Curiosamente en ambos casos se citaba una circunstancia llamativa. En el primero se decía que «su cometido está por conocer todavía» y, en el segundo, que iba a Cultura, se decía: «todavía está por definirse su función». Sin menospreciar ni poner en duda la validez y capacidad de estas personas, todo apunta a que, primero, se contrata; y luego, ya se verá a que se les destina.

Probablemente muchos pensarán que debía ser al contrario: primero saber qué se quiere hacer y, luego, pensar quién es la persona más idónea para llevarlo a cabo. En el Ayuntamiento de Elche, y no es un caso único, parece que no es así: en primer lugar se ve a quién interesa contratar y, luego, se le busca una función que justifique la contratación.

Y el problema es que esto que pasa aquí está generalizado en la Administración. El que gobierna cree que puede hacer lo que quiera. La compra de voluntades contratando personal a dedo proveniente de su partido o de su círculo de amistades es muy frecuente. Y, en ocasiones, para no hacer nada o, como se ha demostrado tantas veces, para no tener que ir ni siquiera a trabajar, como pasó recientemente en una empresa pública de la Diputación de Valencia. Y todo pagado con dinero público que podría ir destinado a menesteres más justificados.

Pocos partidos se libran de estas prácticas. La estructura que ha habido que poner en marcha para que el Botánic II empiece a funcionar así lo demuestra: el PSOE, que mejoró sus resultados, exigía que eso se viera reflejado a la hora de los altos cargos y asesores; Compromís, que perdió presencia, se resistía a perder cargos y asesores ya que eso les podía crear problemas internos y Podemos, que se estrenaba en el Consell, también reclamaba cargos para sus consellerías y los correspondientes asesores. El tema se ha solucionado aumentando el número de consellerías, altos cargos y asesores, de forma que haya tarta para todos. Ya en el mes de julio pasado, en el decreto que determinaba su estructura, se decía que se podría llegar a contratar, como personal eventual, a 116 personas, que suponía un 57% más que en el Botánic I.

Otro caso también llamativo es el de Ciudadanos. Ha pasado de querer hacer desaparecer las diputaciones a llenarlas de ¿enchufados propios? a cargo de esa institución, que había que eliminar porque no servía para nada. En el caso de la Diputación de Alicante, Ciudadanos tiene dos diputados y, para dar su voto al PP para que gobierne, exigió y obtuvo nada menos que nueve plazas de asesores en la misma.

Lógicamente, el PP, pero también el PSOE y cada vez más el resto de partidos, que siempre ha entendido cualquier administración que gobernara como una prolongación de su propia sede, no ha tenido el mínimo empacho en llenarla de afiliados propios, simpatizantes y compromisos varios, como asesores o personal eventual. Hasta se creó una figura nueva, denominada «zombis», ya que cobraban de unas instituciones sin haber aparecido nunca por ellas. Y eso ha pasado en esta Comunidad en la que estamos. Y, hasta Vox, que criticaba la existencia de las autonomías, no ha renunciado a cobrar ningún sueldo en ellas ni a colocar a los asesores que ha podido. No es lo mismo prometer que dar trigo.

Debería regularse mejor este tema de los asesores. Respetando que, en muchos casos son necesarios, no se debe permitir la situación actual, en la que se abusa descaradamente del erario público para colocar gente que, menos asesorar, pueden acabar haciendo de todo.

PD: En el mandato municipal anterior, tan sólo un partido político (Ilicitanos por Elche), de los entonces presentes en el pleno municipal de Elche, denunció este abuso de asesores, dando prueba de ello renunciando al funcionario de empleo que les correspondía. En el presente mandato ningún partido se ha pronunciado al respecto ¿Por qué será?