Margalló-Ecologistes en Acció ha realizado otro intento de tumbar la contrata de basuras, que el Ayuntamiento pretende adjudicar el próximo año, llegando hasta los tribunales. Los ecologistas han interpuesto un contencioso-administrativo frente a la resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, que dio la razón al Ayuntamiento y permitió después de dos meses continuar la licitación del servicio de limpieza y de recogida de residuos por un valor de 327 millones de euros para la próxima década.

Los ecologistas han recurrido conjuntamente con Gespla Consultores, empresa que también en su día suscribió el recurso frente al tribunal dependiente del Ministerio de Hacienda. El colectivo ha pedido la paralización cautelar del procedimiento de licitación, ahora en fase de evaluación de ofertas, alegando supuestas infracciones tanto de la Ley de Contratos del Sector Público como de normativas ambientales en vigor en materia de gestión de residuos, según explicaron ayer en un comunicado. Desde Margalló-Ecologistes en Acció ven necesario agotar todas las posibilidades de frenar esta contrata, que califican de «auténtico disparate». En palabras de los ecologistas, «por mucho que desde el equipo de gobierno se afanen en disfrazarla de modernidad y en ensalzar los supuestos beneficios ambientales que conllevará su puesta en marcha, la contrata no garantiza el cumplimiento de la legislación vigente en materia de gestión de residuos; es un fraude que acabaremos pagando todos los ilicitanos e ilicitanas».

El colectivo aseguró que es consciente de que las consecuencias económicas que puede tener haber decidido llevar el asunto a los tribunales. Admitieron que, a parte de tener que hacer frente a los honorarios de letrados y procuradores, cabe la posibilidad de que, en el peor de los casos y de no estimarse el recurso, se exijan indemnizaciones que puedan comprometer el futuro de este colectivo.

Ante el nuevo movimiento de los ecologistas, el alcalde, Carlos González, aseguró que el recurso «supone un perjuicio grave para un servicio esencial de nuestra ciudad» y señaló que defenderán en los tribunales «una decisión que consideramos que es oportuna, legal y absolutamente necesaria para la mejora de la limpieza».

El regidor socialista puso el acento en que la contrata del nuevo servicio de limpieza «es ajustada a derecho y está alineada con las exigencias ambientales de la Unión Europea» y se refirió a la resolución del Tribunal Administrativo Central, que avaló en septiembre el proceso impulsado por el Ayuntamiento.

También recalcó el primer edil las mejoras que supondrá la contrata, como la modernización de toda la maquinaria, la recuperación del barrido diario, la incorporación del quinto contenedor, de puntos limpios, de brigadas rurales, entre otras.