El Brugal, visto para sentencia

Los 34 acusados en la presunta trama de corrupción política y empresarial en torno a la contrata de basuras de la ciudad de Orihuela han rehusado el turno de última palabra en el cierre del juicio que se ha seguido durante los últimos 10 meses en la Audiencia Provincial de Alicante, con sede en Elche. Se trata del origen del denominado caso Brugal, que dio origen a una veintena de piezas separadas en toda la provincia de Alicante.

La causa de las basuras de Orihuela ha sentado en el banquillo de los acusados a los exalcaldes oriolanos José Manuel Medina y Mónica Lorente, y al empresario Ángel Fenoll. En la última sesión, ninguno de los 34 acusados ha querido hacer declaración alguna al tribunal sino que se han limitado a dar las gracias tanto a los jueces como al misterio fiscal, la defensa y ala acusación particular por el trato recibido en estos cerca de 10 meses.

Los 34 acusados se han levantado uno a uno y algunos no han querido decir ninguna palabra mientras que otros han dado las gracias por el trato recibido y la paciencia de todas las partes desde el 5 de marzo, fecha en la que arrancó el juicio.

La investigación comenzó en 2007 por el posible amaño en el contrato local de las basuras durante la etapa del alcalde José Manuel Medina, del PP.

De las 34 personas que se enjuician en esta rama inicial del Brugal, 15 han tenido o tienen la condición de autoridad o funcionarios públicos como los referidos exalcaldes Medina y Lorente y siete exediles de la corporación municipal.

Para Medina, la fiscalía pide 12 años de prisión por prevaricación, fraude y cohecho; para su sucesora Lorente ocho años por fraude; y para el principal implicado, el empresario Ángel Fenoll, un total de 37 años y 8 meses por prevaricación, fraude, cohecho, tráfico de influencias, extorsión, coacciones, asociación ilícita, uso de información privilegiada y delito electoral.

En declaraciones a los periodistas, el abogado de Fenoll, Mariano Bo, ha hecho hincapié en el "esfuerzo extraordinario" del ministerio fiscal por encontrar alguna prueba, "que no existe", de la culpabilidad de cualquiera de los imputados de esta causa. Bo ha destacado el trabajo y la profesionalidad de la sala, "garantizando los derechos de acusación y defensa", aunque ha apuntado que a lo largo del proceso han aprendido que "se debe evitar" los macrojuicios ya que es "difícil" actuar con ese volumen de folios, detalles, testigos y responsabilidad.

Sobre una posible absolución, ha dejado claro que "puede haber habido conductas reprochables, pero penalmente no hay ninguna conducta sancionable".

Al mismo tiempo, la letrada de Mónica Lorente, María Sansano, ha resaltado que la tesis de la acusación "no se ha probado" y que los testimonios de los testigos de la acusación "han validado las pruebas de descargo" de esta defensa. Por eso, ha añadido, la "única resolución justa seria la absolución para todos".