El entorno del Mercado Central tendrá que esperar más para ver cubiertas las zanjas que lo rodean de norte a sur y para despedirse del vallado que tiene arrinconado a comercios y bares desde hace años. La concesionaria, Aparcisa, se niega a abandonar su proyecto y ha recurrido la orden del alcalde, Carlos González, que le dio un ultimátum de siete días (que venció ayer) para devolver a la «normalidad» la plaza de las Flores y de la Fruita hasta que se resuelva el contrato. El ejecutivo local ya tiene claro que desestimará el recurso y que procederá a la ejecución subsidiaria de los trabajos.
La mercantil contestó ayer al equipo de gobierno, a través de un escrito de seis folios, presentado por Registro, en el que apuntaron a una «absoluta indefensión» al no haberles dejado opción de formular alegaciones. Añaden, además, que la orden de cubrir los restos (una obra valorada por el arquitecto municipal en 50.000 euros) carece de soporte legal, no es exigible por la Administración y es «contraria a los acuerdos signados y adoptados para la ejecución del proyecto».
La mercantil, a su vez, defiende en el escrito que ha cumplido «exquisita y escrupulosamente todas las obligaciones que son exigibles, pese a las trabas que la Administracion ha venido poniendo a la ejecución del proyecto acordado y pactado».
Y con ello, líneas después, la concesionaria rechaza que haya «impedimentos de carácter legal que impidan a Aparcisa la continuación de las obras previstas para llevar a efecto el proyecto». Defiende a renglón seguido que lo procedente es continuar con las catas de la cuarta fase para poder determinar si, definitivamente, no existe impedimento alguno para su continuación. Unas excavaciones que el ejecutivo local ha negado a la empresa una vez que inició los trámites de la rescisión.
«Alegaciones vacías»
Aparcisa insiste, además, que solo los obstáculos previstos en el contrato firmado (la aparición de restos de valor arqueológico que deban protegerse) podrían determinar la imposibilidad de continuar con el proyecto, «pero no cuestiones ajenas a los restos, como alegaciones vacías de contenido o inventos ex novo». En el recurso, la mercantil aprovecha para responsabilizar al Ayuntamiento de los perjuicios causados por las vallas y el estado de las excavaciones ante la «actitud obstruccionista y contraria al cumplimiento del proyecto».
Es más, advierte que si se les hubiera permitido cumplir de manera «puntual» con el contrato, el Mercado Central ya estaría construido.
El gerente de Aparcisa, Álvaro Gordillo, criticó ayer la orden del ejecutivo local y valoró a este diario la situación en la que se encuentra ahora mismo el proyecto. «No tiene sentido lo que nos están reclamando y queremos saber con base en qué nos piden deshacer un proyecto y encima pagarlo», aseguró el responsable.
Con la respuesta de Aparcisa, la pelota queda en el tejado del Ayuntamiento, que preveía ya la reacción de la empresa y se comprometió a asumir la obra para después pasarle la factura a la concesionaria.
De hecho, el equipo de gobierno aseguró hace unos días que lo tenía todo preparado para contratar los trabajos con el objetivo de que en el primer trimestre de este año el entorno de la plaza de abastos esté acondicionada.
En punto muerto
Por lo pronto, la mercantil no está dispuesta a gastar más dinero en un contrato que está en vías de romper el ejecutivo local.
Su gerente aseguró que no van a hacer nada hasta que el Ayuntamiento realice más movimientos. «Solo nos queda ver cómo sustancian la rescisión y ver si enseñan de una vez el informe jurídico del despacho de abogados», afirmó el portavoz de la mercantil, quien aseguró que su letrado, Antonio Martínez Camacho, también se lo ha reclamado al primer edil, Carlos González, para conocer los argumentos legales del Ayuntamiento para tumbar el proyecto aparejado a un parking subterráneo. No obstante, el regidor no tiene intención de desvelar la defensa jurídica del Ayuntamiento por el momento ni a la oposición y, de hecho, recibió el amparo del secretario municipal al respecto.
De cualquier manera Aparcisa está convencida de que «no hay nada que pueda echar abajo el contrato en vigor porque hay un plazo de cuatro años para poder rescindir por causa extraordinaria», defendió Álvaro Gordillo, quien también mostró seguro de que los tribunales les darán la razón.
Con estos mimbres, las opciones de que la empresa acabe doblegándose al Ayuntamiento y acepte negociar la rescisión y evitar así que reclamen indemnizaciones parecen a priori agotadas. «Nadie nos llama para negociar, ni nos convocan para nada. Lo dicen para quedar bien», afirmó el gerente de Aparcisa.
