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Condena al Consell por nuevos retrasos en la dependencia

Dos herederas recibirán 15.000 euros después de más de diez años esperando la prestación para su madre, fallecida en 2012

Fernando Coves muestra el fallo.

Fernando Coves muestra el fallo.

La Generalitat Valenciana se ha visto obligada a pagar más de 15.000 euros a dos alicantinas herederas de una mujer que falleció en 2012, por no abonar en su día la prestación económica de la dependencia a la que se tenía derecho a pesar de haberla solicitado en vida hace más de diez años.

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha estimado parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por un abogado de Elche, Fernando Coves, tras solicitarse desde el año 2009 prestaciones económicas por dependencia y que no terminaban de llegar.

Hace más de diez años se le reconoció a la principal afectada la situación de dependencia grado 3 nivel 2 con carácter permanente. A partir de ahí las trabas con las que se encontró la familia por parte de la entonces Conselleria de Bienestar Social para poder recibir las prestaciones de la Administración autonómica fueron continuas.

La paralización del procedimiento y distintos retrasos en la tramitación se fueron sucediendo, hasta que en agosto de 2012 fallecía la persona dependiente sin que la familia, de Alicante, hubiera recibido las prestaciones.

Fernando Coves, el abogado de la familia, asegura que el fallo judicial «condena, una vez más, a la Conselleria de Bienestar Social a indemnizar a los herederos de la dependiente fallecida con la prestación que hubo de corresponderle en vida, para cuidados en el entorno familiar desde el año 2009 hasta la fecha de su fallecimiento».

Esto suma 13.340 euros más los intereses de demora. La cantidad principal no se abonó hasta el 30 de abril de 2019 y actualmente se encuentran pendientes 3.955 euros de intereses, los cuales están siendo reclamados en vía de ejecución de sentencia por el letrado, el cual ya en su momento obtuvo una sentencia que sentó precedente en el año 2015 para una familia ilicitana en un caso muy similar. «La Administración sigue sin responder», critica el letrado, quien insta a todos los afectados a no quedarse quietos y reclamar.

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