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Aparcisa llevará al juzgado al Ayuntamiento para que no toque sus catas del Mercado

El equipo de gobierno lleva meses esperando que la Conselleria le autorice a tapar los restos para devolver la normalidad a la zona. La mercantil se personará en el expediente para anular su concesión

Una imagen de archivo del Mercado Central de Elche. ANTONIO AMORÓS

Una imagen de archivo del Mercado Central de Elche. ANTONIO AMORÓS

La mercantil Aparcisa, la concesionaria desde hace cinco años del proyecto del Mercado Central, formalizará antes del 6 de agosto, último día hábil, un recurso contra el Ayuntamiento de Elche para que no pueda tocar sus catas arqueológicas. El alcalde, Carlos González, anunció a comienzos de año el inicio del expediente para anular la concesión y posteriormente ordenó a la mercantil que las tapara advirtiéndole, en caso contrario, de que lo haría a través de una empresa de forma subsidiaria para después pasarle la factura. Nada de eso se ha hecho porque la Conselleria de Cultura no ha dado una autorización expresa al Consistorio ilicitano después de que la mercantil presentara un recurso contra dicha decisión. A día de hoy, la pelota sigue en el tejado de la Generalitat porque tiene que resolver el litigio entre la administración local y el concesionario; mientras, la empresa que realizará los trabajos está contratada y esperando que llegue ese día. Aparcisa considera que tiene una concesión demanial y que, por tanto, mientras esta exista, el Ayuntamiento no puede tapar las catas u ordenárselo a un tercero.

El Mercado Central continúa con una imagen de desolación y la batalla lleva camino de endurecerse en los tribunales. La próxima presentación del recurso contra la decisión municipal de tapar unas catas arqueológicas que, además, han sido sufragadas por la mercantil, sólo hará que aumentar la sensación de olvido de un edificio ubicado en el corazón de la ciudad.

Cada día que pasa, la sensación de que ambas partes están en un túnel del que nunca van a salir va creciendo. El abogado de la mercantil, Antonio Martínez Camacho, insistió a preguntas de este diario que sus clientes no quieren un acuerdo para desistir del proyecto, quieren ejecutarlo y de esa posición no se van a mover. Aparcisa lleva cinco años haciendo un desembolso económico que ha incluido desde el traslado del Mercado, de forma provisional a las laderas del río, al pago de estos trabajos arqueológicos, que nacieron con el objeto de descartar un hallazgo de valor que hubiera echado al traste la construcción del nuevo inmueble y el aparcamiento al que se fía este negocio.

Malestar

Fuentes municipales mostraron su malestar no ya con la posición que ha adoptado la empresa, que se niega a negociar, sino con la Conselleria de Cultura, en manos de Compromís, socio de gobierno del PSOE en el Ayuntamiento de Elche, que lleva meses sin resolver la petición de tapar los agujeros para, a continuación, poder retirar las vallas y adecentar con ello una de las imágenes más tristes del centro histórico ilicitano. «Hay dos cosa claras -explica el abogado de Aparcisa-. El Ayuntamiento no tiene autorización para tapar y desde luego mis clientes ni lo van a hacer ni van a pagar a nadie para que lo haga».

La empresa no se aviene a negociar con un equipo de gobierno que lleva cinco años diciendo que el Mercado Central no se construirá porque le ata un contrato y entiende que ni las advertencias sobre el supuesto peligro al Misteri (porque un acceso al estacionamiento sería por delante de la Casa de la Festa) ni la aparición del refugio de la Guerra Civil hace unos meses cambian las circunstancias. «No tienen repercusión porque el contrato nunca ha estado condicionado a nada de eso». La empresa entiende que el expediente de rescisión puesto en marcha por el Ayuntamiento es incongruente desde el momento que tienen que ser técnicos los que digan ahora que no se puede hacer cuando hace cinco año dijeron lo contrario para, precisamente, aprobar la concesión durante el mandato de Mercedes Alonso. Para el caso de que así sea y se anule el contrato la mercantil se plantea exigir responsabilidades personales a todos los firmantes. «En un contrato no se pueden crear circunstancias adversas para no cumplirlo como declarar de pronto un bien de relevancia local», resumió el abogado.

La mercantil, en otro movimiento que hará en los próximos días, tiene previsto personarse en ese expediente para anular la concesión porque, al ser parte interesada, quiere estar informada de todos los pasos que se den contra ella. Martínez Camacho recuerda que para que se declare nulo alguien tiene que firmar que existe un perjuicio al interés general. Y, si se diera el caso, la empresa también acabará en los tribunales.

Aparcisa recuerda que el Ayuntamiento perdió una oportunidad para romper el contrato cuando dejó que se cumplieran cuatro años de la firma sin plantear una causa de nulidad. «Si era anulable, no han articulado ninguna acción en este sentido y tienen que encontrar causas de pleno derecho. ¿Puede ser perjudicial?, sí, pero ¿dónde está la nulidad? porque la anulabilidad no la pueden invocar. Y lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo».

Un sesudo informe jurídico que no preocupa

Un sesudo informe jurídico que no preocupaAparcisa considera que el informe jurídico encargado por el alcalde a un prestigioso bufete de abogados no aporta nada de valor para lograr desvirtuar su derecho a continuar adelante con el proyecto. Del contenido del mismo se supo después de que el grupo municipal del PP llevara al equipo de gobierno al juzgado porque desde hacía un año el alcalde, Carlos González, lo tenía «guardado en un cajón», argumentó el portavoz popular, Pablo Ruz. El regidor durante meses se justificó para no entregar copia del mismo a la oposición afirmando que facilitarlo a terceros suponía la posibilidad de que se filtrara parte de la estrategia que iba a seguir el Ayuntamiento ilicitano para tumbar la concesión.

Martínez Camacho considera que el mismo no aporta cuestiones de valor sobre lo que se está discutiendo, además de que se encargó hace tanto tiempo que, incluso sus argumentos pueden haber quedado desfasados. El letrado considera que los técnicos municipales podrían haber hecho un mejor trabajo, aunque nunca hubiera tenido el prestigio del encargo a una asesoría jurídica bajo precio pagado por las arcas locales.

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