La comunidad de propietarios de Riegos de Levante, Margen Izquierda del Segura, ha convocado una asamblea general el próximo 18 de agosto para resolver el contrato con la mercantil Novhidro SL, a la que en marzo de 2019 se le adjudicó el proyecto económicamente más importante que pretende acometer en sus cien años de historia, la construcción de una desaladora con un coste de más de 11 millones de euros de los que 9,5 se sustancian en este contrato. La disponibilidad de agua y de calidad compromete el futuro de más de 20.000 agricultores del sur de la provincia, máxime cuando las posibilidad de que algún día se cierre el trasvase del Tajo, o sigan reduciéndose los aportes que llegan, va creciendo en la mente de los comuneros. Darle una solución se ha convertido en una prioridad.
Riegos de Levante plantea la resolución del contrato por «incumplimiento de obligaciones esenciales» pues al cabo de 17 meses no han comenzado los trabajos comprometidos en el denominado Lote 1, pero la mercantil ya ha percibido 167.965 euros que también se reclama que devuelva. El contrato se formalizó en marzo del pasado año, cinco meses después de la adjudicación. Durante este tiempo, según explica Riegos de Levante, se realizaron por la comunidad los trabajos y consultas a la administración para la compatibilidad urbanística, lo que se ha hecho con el Ayuntamiento de Crevillent, al tiempo que la Conselleria de Medio Ambiente aportó informes sobre impacto ambiental. Esta documentación se trasladó a la mercantil para que «procediera a continuar los trabajos de redacción del proyecto». Once meses más tarde a la formalización del contrato y entregada esta documentación, se sospechó por la comunidad que «podría darse un incumplimiento de determinadas cláusulas, que contienen obligaciones esenciales». En marzo, ante esta situación, Riegos de Levante acudió a un notario y requirió al administrador de la mercantil para que cumpliera con las obligaciones del mismo. Así se le envió la documentación del Ayuntamiento de Crevillent y de la Conselleria de Medio Ambiente para que no tuviera excusas. También envió el Libro de Órdenes con lo cual se le requirió para que entregara de una vez el proyecto constructivo. La comunidad adoptó la fórmula de acudir a un notario habida cuenta, asegura, de la «imposibilidad de contactar con la empresa tanto en la dirección postal del contrato como con los agentes de la organización del contratista que deben intervenir en la ejecución». Riegos de Levante asegura que la empresa se encuentra en un preconcurso, «a la vista de la posible pérdida sobrevenida de la solvencia» y al no tener justificación de la solvencia técnica y económica de la mercantil, en los términos que exigió en la licitación, le solicitó que los aportara. Dicha comparecencia notarial tuvo como única respuesta de la mercantil que todos aquellos documentos, no eran legibles por mala calidad de las copias». La comunidad de propietarios también ha recibido un burofax de la mercantil asegurando, sobre los requerimientos que se le han hecho en relación con su solvencia económica que, «son infundados» y que se han realizado «sin cumplimentar requerimiento». Riegos de Levante decidió entonces subsanar la calidad de esas copias sobre la documentación del Ayuntamiento y de la Conselleria de Medio Ambiente sin que, a fecha de hoy, se haya aportado proyecto, «habiendo transcurrido sobradamente el plazo conferido».
La junta general extraordinaria del día 18 se convoca teniendo en cuenta las especiales circunstancias del covid y el presidente, Javier Berenguer, ha solicitado a los 54 compromisarios que deleguen su voto en otro compañero, siguiendo un modelo que ha propuesto para que «todas las comunidades cuenten al menos con un representante. Por cada ocho compromisarios podrá asistir un asistente/representante adicional». En cualquier caso, el salón de actos no albergará a más de 16 personas, incluida directiva y técnicos, una decisión que no comparte Ángel Urbina, presidente de la SAT San Enrique, quien se ha opuesto desde el primer momento más a la forma que al fondo del proyecto de la desaladora. Ayer aseguró a INFORMACIÓN, que la solución no es quitar representación a los comuneros y que unos voten por otros porque «se puede dar el caso, de que no opinen igual sobre si hay que rescindir o no». Así que plantea trasladar la asamblea general a un lugar cuya capacidad exceda para que los 20.000 regantes puedan tener en los 56 compromisarios una digna representación. En su opinión, de no hacerse así el acuerdo podría ser ilegal, advierte.
