El 40% de descuento de las multas anima a nueve de cada diez ilicitanos a pagar rápido

Una cifra el de las multas que este año ha descendido por la pandemia y los tres meses encerrados que han tenido que estar los ilicitanos, pero que, al final, se transforman en otra fuente de ingresos municipal, sin que este realmente sea su cometido, pero, ya se sabe, si no nos tocan el bolsillo, no respetamos las normas.

Lo curioso del caso es que el Ayuntamiento de Elche, pese a que no se trata de importes menores, consigue cobrar entre el 85% y el 90% de un modo ágil y sin tener que sobrecargar departamentos en contestación a recursos de los infractores. Este año la previsión es de ingresar algo más de 1,5 millones de euros (1.320.000 euros por multas de tráfico y 213.000 euros por el resto de sanciones).

Y esta facilidad de los ilicitanos para pagar se produce por dos motivos. Uno es que muchos recursos que antaño se presentaban eran simplemente dilatorios y con ellos se esperaba que la administración, por el exceso de trabajo, incumpliera los plazos de notificación, lo que supondría la anulación de pleno derecho de la infracción, aunque también había quien lo hacía para retrasar el pago. Pero desde que la gestión se encomienda a Suma, que tiene informatizado todo el proceso, no hay multa que se quede sin cobrar. La eficacia es máxima y el organismo autónomo de la Diputación tiene la fama que tiene como exhaustivo garante en el cumplimiento de las encomiendas de cobro por parte de los ayuntamiento. Y el segundo motivo, que es más importante, es la reducción del 40 por ciento del importe de la multa si se renuncia a acciones legales y dentro de un plazo que habitualmente es de 15 días, aunque puede variar, desde su recepción.

Evidentemente ese ahorro supone la aceptación de la multa porque es un requisito indispensable para beneficiarse. Si el ciudadano espera pagar un 40% menos pero seguir pleiteando, porque no está de acuerdo con los hechos, se caería en un contrasentido y ello se explica muy bien en el boletín que llega al infractor, recordándole todas las vías que tiene para oponerse al pago si no está de acuerdo.

«La inmensa mayoría somos pagadores», asegura la edil de Hacienda, Patricia Macià, quien añade que «si te sancionan con 200 euros, por ejemplo, y pagas un 40% menos (80 menos y se queda en 120 euros) pues mejor. La gente no está dada a presentar alegaciones». De hecho, cada año solo se presentan dos o tres recursos por la vía contenciosa. En la mayoría de casos por parte de empresas que han recibido fuertes sanciones y que discrepan de los hechos que se narran. El porcentaje de ciudadanos que recurre se sitúa por encima del diez por ciento. Son alegaciones con un fundamento que, también es cierto, puede suponer la anulación de la sanción. Según los datos municipales, son en torno al 3% del total. El resto verán confirmada la multa y se perderán ese ahorro del 40%. La concejala, al mismo tiempo que destacaba lo buen pagadores que son los ilicitanos, admitía que también hay aquellos que se niegan por sistema al abono. Un perfil ciudadano que también está muy localizado por el Ayuntamiento. Pero al final, quiera o no quiera, desde Suma se encuentra la forma de que pague.

Patricia Macià, quien se encarga de firmar cada una de las sanciones, lamenta muchas multas que ve relacionadas con casos de falta de civismo y recordó a los ciudadanos la necesidad de cumplir con las normas o atenerse a las consecuencias. Muchos infractores no conocen, hasta que les llega la notificación, la cuantía de la sanción. Es entonces cuando comienzan las quejas pero, por lo visto a la hora de la recaudación, se quedan en un disgusto pasajero que se abona para ahorrarse una parte muy importante. Desde la Policía Local destacan el esfuerzo diario y la paciencia de muchos agentes para evitar muchas multas, lo que a veces pende de un hilo: la actitud del infractor.

El Ayuntamiento no mira nunca a final de año cuánto ha ingresado por multas. De hecho, y sólo hay que ver el cuadro adjunto, se presupuesta siempre menos de lo que realmente se ingresa pues se trata de una previsión. Intentar convertir la multa o la sanción en otra forma de recaudación no es el objetivo.