La junta de gobierno del Ayuntamiento de Elche tiene previsto aprobar en su reunión habitual de hoy el informe de Contratación con el cual se iniciará el expediente de rescisión del contrato del mercado con Aparcisa, poniendo el punto final a seis años de incertidumbres, prácticamente desde que el gobierno del Partido Popular en 2014 anunciara la construcción de uno nuevo, con aparcamiento subterráneo, que ejecutaría la citada mercantil. Aquella decisión desplazó a los vendedores a otro punto de venta, de carácter provisional en la avenida del País Valencià, en plena ladera del río Vinalopó, donde siguen a día de hoy. El alcalde, Carlos González, quien da por hecho que no hay marcha atrás y que hasta ahora solo había argumentado que un informe jurídico, realizado por la firma Cuatrecases, avalaba su posición, anunció hace una semana que se lanzaría un concurso de ideas para ver qué se hace sobre el emplazamiento tradicional. Lo que proyectan es mantener a los placeros en su actual ubicación, consolidando de «provisional» a «definitivas» las actuales instalaciones, para lo cual será necesario una modificación del Plan General de Ordenación Urbana. Y ese concurso de ideas -se especula con mantener en un futuro solo la cubierta del inmueble- tendría que poner en valor los restos arqueológicos que rodean el vetusto mercado de abastos.
El alcalde aceleró esta misma semana los trámites para que el informe llegue hoy a la junta de gobierno para su aprobación. El miércoles por la tarde, buena parte del equipo técnico seguía realizando ajustes del mismo, siguiendo las consideraciones de la Secretaría. Los argumentos para tumbar un contrato, que a todas luces acabará en los tribunales pues ni Aparcisa ni los placeros están de acuerdo, y siguen abogando por el proyecto de 2014 del PP, se conocerán hoy, aunque el alcalde siempre ha dicho que el proyecto es inviable para garantizar la salvaguarda del Misteri (un acceso al parking estaría por el carrer Major de la Vila, donde tiene su sede la Casa de la Festa, desde donde parte el cortejo en las representaciones) y por los hallazgos arqueológicos que se han encontrado en las catas realizadas durante más de tres años por la adjudicataria Aparcisa, a los que se ha sumado el acceso a un refugio de la Guerra Civil.Tres informes
El diario ha confirmado que se han realizado hasta tres informes que sostienen la necesidad de rescindir el contrato por causas objetivas y que han sido realizados por la asesoría jurídica y por las áreas de Urbanismo y Contratación, todo bajo la supervisión de la Secretaría del Ayuntamiento. La aprobación del inicio del expediente abre nuevas vías en este farragoso asunto. Por una parte, el trámite administrativo supondrá que el acuerdo sea supervisado por el Consell Jurídic Consultiu si, tal y como se prevé, la empresa lo rechaza.
Este es un órgano de asesoramiento de la Administración cuyo dictamen podría llegar en un par de meses aunque no será vinculante; es decir, se debe tener en cuenta su fundamentación y sus conclusiones, pero no obligan a que el asunto sobre el que se haya solicitado opinión se resuelva y se ajuste al sentido del mismo. Y esto es tan claro que, como bien recuerda el propio alto órgano de la Generalitat: «Las disposiciones y resoluciones de la administración sobre asuntos dictaminados por el Consell Jurídic Consultiu expresarán si se adoptan conforme con su dictamen, en cuyo caso se usará la fórmula 'conforme con el Consell Jurídic Consultiu', o, por el contrario, se apartan del mismo, en cuyo caso se hará uso de la fórmula 'oído el Consell Jurídic Consultiu'.
De forma paralela, el Ayuntamiento tiene que notificar su decisión a Aparcisa y por aquí comenzará el asunto más farragoso porque los intentos de llegar a un acuerdo de rescisión que inició el alcalde con los responsables de la mercantil no han llegado a ningún acuerdo. De hecho, fuentes de la concesionaria aseguran que hace meses que no saben nada del regidor, desmintiendo que se hayan producido acercamientos en las posturas para firmar una rescisión amistosa que incluyera una indemnización en favor de Aparcisa por la enorme inversión que lleva realizada en Elche.Cantidad
¿Cuál es esta cantidad? Se desconoce pero es millonaria. La notificación dará la posibilidad a la adjudicataria de presentar recurso, primero en vía administrativa, ante el Ayuntamiento, que según todos los indicios serán desoído para, a continuación, abrir la puerta a presentar un recurso judicial que no será el primero. En estos momentos ya hay dos en marcha. Uno por la paralización de las catas (el Ayuntamiento se negó a autorizar una nueva fase de las mismas, la cuarta y última prevista en el acuerdo inicial) y otro por el soterramiento de las mismas, algo a lo que se opuso la empresa y que, después, paralizó la Conselleria de Cultura aunque en un primer momento dio la razón al Ayuntamiento de Elche, que ya había encargado estos trabajos por 49.000 euros. Por si fuera poco, el Ayuntamiento recibió en verano una notificación de la Agencia Antifraude que había comenzado a investigar la adjudicación a raíz de la denuncia de un particular.
Y existe una última cuestión que no es menor. El Ayuntamiento confía en que el inicio del expediente de resolución le dé la oportunidad para retirar de una vez por todas las vallas que rodean el edificio desde hace años y proceder a la cubrición y protección de los restos arqueológicos, recuperando la zona para acallar de una vez por todas las críticas.
EL PP ADVIERTE DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LOS CONCEJALES
Los populares envían una carta a los miembros de la junta de gobierno local para que no rescindan el contrato
El PP aseguró ayer que si los ediles de la junta de gobierno local rompen el contrato con Aparcisa pueden enfrentarse a una futura responsabilidad patrimonial, en el caso de que haya que indemnizar a la concesionaria. Así se lo ha hecho saber a cada uno de los integrantes de la junta de gobierno local, según dijo ayer el portavoz adjunto del grupo municipal popular de Elche, José Navarro, que indicó que «hemos notificado a través de registro a cada uno de los concejales miembros de la junta de gobierno local de la responsabilidad patrimonial que tendrán que asumir en caso de que todo este procedimiento termine con una indemnización a la empresa adjudicataria».
José Navarro aseguró que «estas acciones irán no solo de oficio, sino que el Partido Popular exigirá la devolución de la indemnización contra todos aquellos que con sus decisiones y acciones produzcan perjuicios económicos al Ayuntamiento de Elche y a los ilicitanos».
Desde el PP insistieron que «estamos hablando de un contrato declarado legal por todos los tribunales, un contrato que no tiene resquicio alguno para ser declarado ilegal y llevar a cabo una rescisión unilateral». Es decir, puntualizó Navarro, «hablamos de una decisión meramente política. Y aunque el Carlos González lleve mucho tiempo en política, la época feudal hace siglos que la dejamos atrás, estamos en un estado de derecho, y la legislación es clara».
El edil del PP manifestó que «el que sea Elche y posteriormente los concejales firmantes quienes tengan que asumir el coste de esta indemnización millonaria se debe al capricho de González, a su obcecación por no ejecutar un proyecto del Partido Popular que es igual que el del PSOE de Alejandro Soler».
El popular recordó a Esther Díez, de Compromís, «las palabras que dijo en 2014» donde, según José Navarro, «exponía que si se reclama algún tipo de indemnización por incumplimiento del contrato a favor de la empresa se exigirá a los responsables políticos y técnicos del proceso las responsabilidades derivadas de sus actos».
