Anda lamentándose el líder popular ilicitano, Pablo Ruz, de que no dialoga con Carlos González todo lo que quisiera y desearía, ni siquiera en estos aciagos tiempos pandémicos. Incluso afirma que el alcalde no es una buena persona con él y le trata con más rigor que cuando estudiaba con los curas (Salesianos San Rafael y Seminario Diocesano de Orihuela, para más señas). Y encima, los ediles de los otros grupos de la oposición tampoco le hacen caso y pasan cuando les llama a juntarse para oponerse a algo. Ante este estado de cosas, el joven senador ha tenido que asumir la cruda realidad de que el PP es el único partido que hace oposición en el Ayuntamiento ilicitano frente al concubinato social-compromisario.
Para demostrarlo y evidenciar que, además, son sensibles a los problemas que realmente preocupan a la ciudadanía, Ruz y los suyos han solicitado la convocatoria de un pleno extraordinario para manifestar el apoyo, la lealtad y el reconocimiento al rey Felipe VI y, por consiguiente, el rechazo a los pérfidos miembros del Gobierno que vituperan al monarca. Esta iniciativa se debe a que, al parecer, según las encuestas que maneja la comisión demoscópica del comité local popular, presidido por su lugarteniente José Navarro, este asunto ocupa el segundo puesto entre las preocupaciones de los ilicitanos y no pocas ilicitanas, sólo por detrás de si está tan mal llevar la misma mascarilla durante varios días, y por delante de por qué el gel hidroalcohólico es tan pringoso, si solo debería llevar agua y alcohol.
Cuentan fuentes generalmente no muy bien informadas (es lo que hay) que alguien de su partido le comentó a Ruz si no sería suficiente con una simple moción, pero el jefe popular sostuvo que la Corona merece un sesión plenaria con todas las de la ley (y sus correspondientes emolumentos). Eso sí, ha exigido a sus compañeros de grupo que se lean atentamente el enunciado y lo analicen gramatical y semánticamente para evitar que se repita el enredo del anterior pleno extraordinario, el que pidieron en agosto contra el decretazo del Gobierno sobre los remanentes municipales, en el que acabaron por no saber si votaban sí, no o no sabe/no contesta, a su propia propuesta. Atentos, pues a tan magno acontecimiento (el 21, como muy tarde). Seguro que el canal municipal en YouTube lo peta.
Mientras tanto, en el mundo real (o casi), el hipotético palacio de congresos prometido por la Diputación hace más de un año ha pasado a ocupar el centro del debate (exceptuando el asunto de la monarquía, claro) en los círculos socio-político-económicos ilicitanos en los que se debaten estas cosas. Con la cuestión del mercado central encarrilado (hacia una vía muerta según algunos agoreros, pero encarrillado a fin y al cabo), la peatonalización de la principal arteria del centro urbano en su tramo final, las bolas de demolición cercando el hotel de Arenales y la fachada del Progreso a punto de ser declarada BIC (puntales incluidos), el alcalde quiere centrarse en resolver el embolado congresual cuanto antes. Pero a cada paso que da le salen contestatarios. Antes le acusaban de dilatar o no tomar decisiones y ahora que las toma, le echan en cara que decide demasiado rápido, y además, sin consenso social ni científico. Así no puede avanzar un municipio.
González ha vuelto a explicar públicamente el porqué de su obstinación en ubicar el proceloso palacio en el solar de Jayton (por cierto, sin apóstrofe ni hache mayúscula: el nombre de la antigua fábrica de cartón de Carrús era Jayton, S.A., y nada tiene que ver con la marca de deportivos; no creemos más disenso). Como alcalde nuestro que es, piensa que nos debe una explicación y no tiene reparo en pagarla cada vez que se tercie, por activa, pasiva y reflexiva.
Pese a estos intentos explicativos, crecen las voces que cuestionan no solo el emplazamiento, sino la esencia misma del asunto, menoscabando incluso la pertinencia de la discrecionalidad en la acción de gobierno. González contraataca proclamando que no le hace falta ningún informe técnico de la UMH, que él ya ha hecho el suyo, a partir de la experiencia municipal de casi veinte años organizando congresos, cónclaves y similares. Sí, pero pequeños, que no es lo mismo 400 asistentes que 1.400, le responde otro contestatario. Lo que hay que hacer, apuntan desde otra esquina, es ampliar el actual centro, como estaba previsto, y hacer en Carrús un equipamiento sociocultural, que será de más provecho vecinal. Como en Candalix en ningún sitio, aunque estamos abiertos al consenso en contra Jayton, tercia Pablo Ruz (en un receso de la ardua tarea de memorizar la relación de reyes de España desde Isabel y Fernando para que no le cojan en un renuncio en el pleno). No necesitamos un centro de congresos, sino un auditorio, injiere otra representante social. ¿Y dos por el precio de uno: palacio de congresos y auditorio?, propone un amante a la zarzuela. Y así siguen.
La cuestión es que con este panorama, el consenso político-social que reclama el presidente de la Dipu, el popular Carlos Mazón, para soltar la mosca (unos 40 millones nada menos), se antoja absolutamente imposible a la par que improbable (o viceversa). Habrá quien pueda pensar que eso es lo que se pretendía. Cabe recordar que fue su antecesor, César Sánchez, quien para echarle una mano a Ruz en su batalla por la alcaldía ilicitana, anunció a bombo y platillo la construcción de otro ADDA en Elche. Pero el padre de la criatura se marchó a Madrid y su sucesor a punto estuvo de renunciar a la herencia, tras enterarse de la inaudita liberalidad de su predecesor para con una ciudad ajena a la capital provincial. Y por suerte para Mazón, nadie le ha reclamado todavía la otra promesa de Sánchez de aquellos eufóricos días. No, no es la bicapitalidad provincial, que eso nadie se lo tomó en serio, sino que la sede del Instituto de Ciencias Sociales y Jurídicas Rafael Altamira se instalaría en Elche. Ahí lo dejo.
A resultas de todo esto, habrá quien maliciosamente piense que la insistencia de Mazón en el consenso no es más que una excusa de mal pagador. La cuestión es que el asunto se ha enredado de tal manera que en el seno del equipo de gobierno el informe de la UMH, los pronunciamientos patronales y la toma de postura de asociaciones y personalidades no se ven ya como aportaciones al debate con el fin de mejorar el resultado final, sino como inopinadas alianzas del presidente de la Diputación en su hipotética porfía por dejar en el limbo el reparto de la herencia por falta de consenso entre los herederos. Unos (el bipartito), porque defienden que las decisiones las toman ellos y no los técnicos ni la universidad ni los agentes sociales, y otros (los demás), porque ellos quieren estar en la toma de decisiones. Y mientras, el palacio de congresos sin barrer (vamos, sin proyectar siquiera).
Absorto en esta dicotomía hallábase un día de estos Carlos González mientras corría, cuando le vino a la cabeza aquella sentencia apócrifa de Felipe II: «No envié a mis naves a luchar contra los elementos». Pero no acertó a discernir si ese pensamiento tenía que ver con el palacio de congresos o con el pleno de la monarquía. Así que siguió trotando.
