Los juzgados alicantinos han tramitado desde 2013 más de 27.500 ejecuciones hipotecarias que han acabado con los propietarios en la calle por impagos, ya bien fuera de pisos en propiedad o en alquiler. La valenciana es la segunda Comunidad, tras la andaluza, con más lanzamientos, lo que ha dejado un enorme parque inmobiliario desierto, principalmente, en manos de los bancos que ahora mismo no saben cómo deshacerse de él porque el mercado está prácticamente parado y, a medida que pasan los meses, los inmuebles van a seguir perdiendo un valor que, en muchos casos, estaban muy por encima del real porque procedían de la «burbuja» inmobiliaria de años anteriores, cuando todo se vendía a cualquier precio.
El Consejo General ha publicado la actualización de datos de los juzgados alicantinos, englobados dentro de lo que considera «efectos de la crisis económica» y, aunque no ha facilitado aún por partidos judiciales los correspondientes a los dos primeros trimestre de 2020, sí ofrece el dato del número total de procedimientos ejecutados en la provincia. Concretamente 721 en el primer cuatrimestre (enero-marzo) y sólo 64 en el segundo (abril-junio), lo que se entiende por el cierre judicial al que obligó el covid, que redujo en un 90% la actividad. Si tenemos en cuenta solo el primer trimestre, 2020 iba a ser otro buen año en la curva de descenso de lanzamientos que se inició en 2014, lo que tenía su razón de ser en dos motivos: uno era la mejora de la situación económica de muchas familias que les había permitido reanudar los pagos y no perder su vivienda; y otro, que quien tenía que perder su casa ya lo había hecho en los años anteriores.
Llama la atención que ha sido la Marina Alta la segunda en número de procedimientos ha tramitado. Concretamente, los juzgados de Dénia han registrado una media de 750 anuales, fuentes bancarias explicaron este dato por el hecho de que se trataba de segundas e, incluso, terceras viviendas, que se adquirían incluso como negocio, pero por las que se había pagado importantes desembolsos que, cuando llegaron a sus propietarios los problemas económicos, hicieron imposible que pudieran seguir haciendo frente a las hipotecas. En cambio, en el sur de la provincia, donde curiosamente más se ha construido durante los últimos años, como son los casos de la costa de Orihuela y Torrevieja, que incluso han liderado el número de operaciones inmobiliarias en toda la Comunidad Valenciana, las cifras de ejecuciones han sido mucho más bajas, prácticamente las mismas en ambos partidos judiciales, con menos de 300 al año de media. Esto, según las mismas fuentes se ha producido porque el precio del metro cuadrado era muy inferior al que se pide al norte de la provincia y, consecuentemente con ello, también las hipotecas eran mucho más «soportables», incluso en momentos de crisis.
Hipotecas y alquileres
Aunque los tiempos están cambiando, los alicantinos, como el resto de españoles, son más de comprar que de alquilar. Esto supuso que también la crisis afectara más a personas hipotecadas que a aquellas que habían arrendado una vivienda. De hecho, según los datos del Poder Judicial, prácticamente había dos tercios de lanzamientos que tenían su origen en una hipoteca pagada. Así fue hasta 2017 en la provincia. Ese año por primera vez hubo más familias que tuvieron que abandonar su casa siendo meros inquilinos que aquellos que tuvieron que enfrentarse a la ejecución de impago de la hipoteca de su propiedad. En 2018 y 2019 la tónica ha ido incrementándose; de hecho, el pasado año ya dos de cada tres lanzamientos judiciales eran de personas que vivían de alquiler.
Las mismas fuentes añaden que las modificaciones legales han ayudado a muchas familias a poder renegociar sus hipotecas y también los bancos se han «cansado» de acumular viviendas que no tienen salida, pero aquellas familias que vivían de alquiler y que han perdido su trabajo apenas han tenido la posibilidad de intentar buscar una solución más allá de negociar el aplazamiento un par de meses del alquiler. Cuando el propietario ha visto que no le pagaban y que esa situación de crisis financiera que alegaba el inquilino no era tan pasajera como parecía, iniciaba el procedimiento judicial para que saliera de la vivienda.
