El siglo de las siglas

El poema constituye una sátira a la invasión de las siglas, acrónimos y anglicismos de todo tipo que plagaban, y lo siguen haciendo, el lenguaje cotidiano. En el poema aparecen algunas de las siglas más conocidas en la época en que fue escrito, bien correspondientes a empresas (CAMPSA, RENFE), a organismos internacionales (OAS, UNESCO, ONU), o a entidades políticas o nacionales (USA, URSS). El autor las considera una «legión de monstruos» que todo lo invaden y devoran. Ahora bien, Dámaso Alonso, al igual que Don Alonso Quijano salvó del fuego purificador a Tirante el Blanco, Amadís de Gaula y Palmerín de Inglaterra, entre otros libros de caballerías, ensalza las escasas y serenas siglas clásicas que conservamos, INRI y S.P.Q.R., más el R.I.P., que afirma que le quedará de consuelo cuando aparezca sobre su tumba.

Claro que si Dámaso Alonso y Pedro Salinas ya consideraban excesivas las siglas que se utilizaban en el siglo XX, si hubieran alcanzado a conocer el siglo XXI habrían quedado estupefactos. Sin ir más lejos, en un tema de candente actualidad, pues se está debatiendo en el Congreso de los Diputados una nueva ley orgánica que lo regulará, el sistema educativo español, entre las últimas décadas del pasado siglo y las que llevamos del presente, es por si mismo una fuente inagotable de siglas: LGE, LOECE, LODE, LOGSE, LOPEG, LOCE, LOE, LOMCE, LOMLOE...

En efecto, desde la Ley General de Educación, de 1970, aprobada aún en la etapa del tardofranquismo, pero que llegó a estar vigente hasta 1990, hemos tenido siete leyes educativas en la etapa democrática: la LOECE, de 1980 (UCD) nunca llegó a entrar en vigor; la LODE, de 1985, ya en la etapa de los gobiernos de Felipe González, que fue la norma que introdujo el concepto de «concierto educativo». La LOGSE, de 1990, que destierra definitivamente la LGE y crea el marco del sistema educativo actual, con sus diferentes etapas y la obligatoriedad de estar escolarizado hasta los dieciséis años. La LOPEG, de 1995, que modificaba algunos aspectos de la LOGSE, en lo referente a la participación y el gobierno de los centros educativos. La LOCE, en 2002, única ley orgánica de educación de un gobierno del PP, pero que nunca se llegó a aplicar, pues Zapatero la paralizó en cuanto llegó al poder, introduciendo cuatro años más tarde (2006) la suya propia, la LOE, criticada por una supuesta relajación de la exigencia para con el alumnado y por la asignatura de Educación para la Ciudadanía, que en algunos ámbitos se consideraba una injerencia del Estado en la formación moral de los estudiantes. La última norma, aún vigente, es la LOMCE, promulgada en 2013, durante el gobierno popular encabezado por Mariano Rajoy. Esta ley, en realidad, es una modificación de algunos aspectos de la LOE de Zapatero, que no deroga en su totalidad. De hecho, los aspectos más relevantes que incluía la LOMCE, como las reválidas, nunca se aplicaron. En realidad, nunca han llegado a ponerse en marcha otras medidas de calado en el ámbito educativo diferentes a las aprobadas por los gobiernos del PSOE.

Ahora mismo, como les decía, se está debatiendo en el Congreso la enésima ley de educación, la LOMLOE, es decir, la Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica de Educación. Las siglas y el nombre ya son bastante crípticos en sí mismos, pero mayor es aún el gran debate que en la sociedad se está generando, especialmente por algunas de las enmiendas que se han introducido al texto original del proyecto y que se han ido conociendo en los últimos días.

En el proyecto de ley de la LOMLOE y en su tramitación hasta ahora hay dos aspectos que llaman poderosamente la atención. El primero se encuentra en la propia exposición de motivos de la norma, muy interesante en toda ley y en la que pocos se fijan por no conformar la parte dispositiva, y es que se dedica a hacer un panegírico de los logros de las leyes propias y a criticar las ajenas. No sé a ustedes, pero a mí, cuando alguien ve todo blanco o todo negro, lo que me llega es un tufo totalitario y sectario. El segundo, que viene a reforzar esa impresión, es que, por primera vez en nuestra historia democrática, un proyecto de ley orgánica de educación no ha contado con un período de comparecencias de diferentes colectivos y expertos en la materia. Baste como ejemplo que en la tramitación de la LOMCE, que fue criticada precisamente por una supuesta falta de participación en su redacción, se invitó a intervenir durante su tramitación a cincuenta entidades, dieciséis de ellas a petición del PSOE.

Cuando el proyecto se convierta en una Ley orgánica todos tendremos que acatarla, es parte de la vida democrática que así lo hagamos, tanto con las normas que nos gustan como con las que no. Pero si cuando se publique en el BOE no ha variado significativamente, y todo parece indicar que no lo hará, nos encontraremos con varios problemas que se vienen adelantando en los medios de comunicación en las últimas semanas: la posibilidad de eliminar el castellano de la enseñanza en las comunidades bilingües (cosa que ya ocurre de facto en Cataluña). El descrédito de la inspección de educación como cuerpo de funcionarios garante de la defensa de los derechos de la comunidad educativa. La paulatina desaparición, o al menos disminución, de la red de colegios de educación especial. La imposibilidad de los padres para elegir el centro docente para sus hijos. Y, lo peor de todo, la erradicación del ascensor social que una educación de calidad para toda la población debería suponer.