La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) ha fiscalizado el barranco de San Antón para evitar que vecinos toquen el cauce para acceder a sus viviendas. El organismo público ha obligado a residentes a despejar el caudal de tierra que decidieron añadir para poder transitar ante los desperfectos generados por las tormentas. El objetivo es liberar de obstáculos el barranco para que cuando haya lluvia el agua tenga un paso más libre, tal y como aseguraron desde la plataforma de afectados.
La decisión que tomaron algunos residentes con viviendas diseminadas en este entorno por su propia cuenta ha llegado incluso a los tribunales. Ante los socavones que han ido ocasionando las lluvias con el tiempo, vecinos pidieron a una empresa de camiones rellenar el terreno.
«Alguien nos denunció, el camionero fue a juicio, le pusieron una multa y ahora la Confederación Hidrográfica nos ha dado de plazo hasta marzo para asumir la obra con el objetivo de allanar el barranco», explicó Rafael Rodríguez, vecino afectado. Así se lo trasladaron ayer funcionarios del organismo público a los residentes en un encuentro en pleno barranco, donde pudieron supervisar la obra. Según el portavoz de los afectados, la decisión ha sido tomada por un acuerdo entre las dos partes.
Sin embargo, este caso viene a confirmar que construir caminos o realizar obras en un barranco tiene consecuencias y que no es posible sin el permiso previo de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Y es este organismo el encargado de autorizar porque el Ayuntamiento asegura que no tiene competencias para ello, al tratarse de una cuenca de un río. De hecho, los vecinos han reclamado durante años al Consistorio soluciones, sin éxito, para unas casas que cada vez que llueve con intensidad corren riesgos. Entienden que como pagan el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) tienen derecho a que la Administración Pública se haga cargo de los caminos particulares de unas casas construidas en pleno barranco, sin embargo acaban chocando con una respuesta negativa.
Ahora, los residentes de esta zona pretenden reparar uno de los taludes derrumbados por las últimas tormentas . Pero para ello, tal y como le explicaron ayer desde la Confederación, tendrán que pedir previamente la autorización y serán los propios afectados los que tengan que asumir el coste de los trabajos.
En unas condiciones parecidas hay construidas casas diseminadas dentro del cauce del Vinalopó entre Daimés y Derramador, viviendas que se construyeron hace décadas dentro de barrancos sin todos los permisos urbanísticos necesarios.
Zona de riesgo
Del peligro al que se exponen los vecinos que viven en estas zonas, sobre todo en el barranco de San Antón, ya alertó hasta el propio Síndic de Greuges hace dos años. La Conselleria de Obras Públicas remitió un informe en el que hacía constar que, según el Plan de Acción Territorial sobre Prevención de Riesgo de Inundación de la Comunitat Valenciana (Patricova), una buena parte de las viviendas unifamiliares de esa zona están asentadas sobre áreas calificadas de peligrosidad 4, de peligrosidad 6 y de peligrosidad geomorfológica, por las avenidas extraordinarias del barranco.
Otras soluciones para la carretera de Santa Pola
El Ayuntamiento sí que está buscando soluciones para las inundaciones que se registran en el barranco de San Antón, pero que darán solución a los vecinos de la carretera de Santa Pola y de Alzabares Alto. Para resolverlo Aigües d’Elx y el Consistorio están trabajando en un proyecto sostenible para construir tanques y presas que supondrá una inversión superior a los 6 millones de euros, y para el que se quiere buscar financiación en la Unión Europea.
