Un jurado popular declara al exalcalde de Bigastro culpable de malversación de caudales

Un jurado popular declaró ayer culpable de malversación de caudales públicos al exalcalde de Bigastro entre 1983 y 2008, José Joaquín Moya (PSOE), y al exinterventor-secretario, Antonio Saseta. El principal motivo para este veredicto (por 7 votos a favor y 2 en contra) fue que no han justificado el destino de unos 70.000 euros entregados por unos empresarios como parte del pago de un solar público que adquirieron por algo más de 2,2 millones de euros en 2007.

La Fiscalía Anticorrupción, representada por Pablo Romero, al término del juicio, solicitó al presidente del tribunal, el magistrado Javier Saravia, una pena de cuatro años y medio de cárcel para el que fue regidor y de tres años de prisión para el funcionario. La misma que la acusación particular, que representaba al Ayuntamiento de Bigastro a través del abogado Marcos Sánchez Adsuar.

En su escrito de conclusiones provisionales, el fiscal había solicitado seis años para Moya y tres años y nueve meses para el fedatario público. Las defensas pidieron que, a la hora de fijar la pena, se tenga en cuenta las dilaciones indebidas del procedimiento a fin de minorarla.

Moya, de 72 años, dimitió en 2008, después de su detención y 12 años después arrastra una serie de condenas (también de absoluciones) por su gestión pública. Ahora bien, nunca había sido condenado a penas de prisión, sólo de inhabilitación para cargo público por delitos de prevaricación administrativa. Y el de ayer solo es el primero de los juicios con penas de cárcel que tiene aún pendiente por aquel arresto. El tribunal popular resolvió las mayoría de las más de 50 cuestiones que se le plantearon en el objeto del veredicto con 7 votos a favor y 2 en contra.

Los hechos que le llevaron ayer ante un jurado popular, en un juicio que ha durado cuatro días, ocurrieron hace trece años, después de la adjudicación de una finca a la mercantil Sogeinsa 2004 SA. La parcela estaba situada en el plan parcial del sector D12 y se fijó un precio de 2.250.000 euros. La Fiscalía sostuvo durante el juicio que 70.000 euros nunca llegaron a las arcas públicas. La empresa puso 90.000 euros como fianza para la subasta, entregó después en el Ayuntamiento 1.035.000 euros. Así como dos pagos más, uno de 200.000 euros el 4 de mayo de ese año y otro de 60.000 el 3 de octubre. El Ministerio Público sostiene que algunos de ellos se realizaron en efectivo pero nunca fueron contabilizados en las arcas municipales.

Dos años más tarde, ya en 2010, después de toda la tramitación, la mercantil solicitó del Ayuntamiento la inscripción de la misma, lo que no obtuvo por lo que pidió la devolución del dinero entregado hasta ese momento: 1.385.000 euros. La mercantil acudió a los tribunales y en 2013, cinco años después de abandonar la Alcaldía Moya, un juzgado estimó que la empresa debía recibir ese dinero y el Ayuntamiento devolvérselo.

La Fiscalía explicaba en su escrito que algunos de esos pagos que durante estos dos años, 2007 y 2008, realizó la empresa «no constan contabilizados ni ingresados por los acusados en las arcas municipales». Entre estos se encuentran 26.000 euros de los 90.000 euros de la fianza (es decir, entraron sólo 64.000 euros en las arcas públicas) y 44.440 euros del 1.035.000 euros ingresados por la empresa, de los que 982.800 se abonaron mediante pagaré y de los 52.200 restantes, que se hicieron en efectivo, 7.760 se ingresaron en una cuenta municipal, no así los 44.440 euros restantes.

En el juicio, el fiscal esgrimió un documento sobre este pago de 52.200 en el que aparecía manuscrita la mención «44.440 Moya».

El presidente del tribunal tendrá ahora que fijar la pena de prisión para el que fue uno de los alcaldes más importantes de la comarca durante 25 años, exdiputado provincial y hombre fuerte del PSOE y que el pasado lunes, a preguntas de los periodistas, insistía en su inocencia y en recordarles que desde 2008 no es más que un agricultor ecológico.