Aisha, nombre ficticio, asegura estar viviendo un infierno del que no sabe cómo va a salir desde que hace tres semanas vive con sus dos hijos, de diez y ocho años, en su piso de alquiler de Carrús sin agua ni luz. Esta joven de 34 años está desempleada y la crisis sanitaria por el covid-19 ha empeorado más su situación hasta el punto de que desde hace meses no puede hacer frente a los recibos ni al pago del alquiler, según explica la afectada. Su casero, asegura ella, determinó bajarle hace unos veinte días al mínimo el contrato de la luz que no le permite conectar ningún electrodoméstico ni encender bombillas sin que salten los plomos. A pesar de la cruda situación que ha relatado a este diario, una sentencia ha desestimado recientemente que su casero la esté coaccionando para que abandone la vivienda por los impagos, ya que hasta el momento no han quedado acreditado. Sin embargo, ha atendido a este diario en el piso en el que reside sin estos recursos esenciales.
Esta joven prefiere ocultar su nombre porque reitera que sufre coacciones y alerta que se encuentra en un callejón del que no sabe cómo salir. «Me ha llegado a decir el casero que coja una manta y me vaya a la calle, pero no tengo donde ir y hay dos menores que viven conmigo», explica esta mujer que reside en España desde hace más de dos décadas.
El pasado 27 de noviembre la afectada presentó una denuncia ante el Juzgado de Instrucción 4 de Elche contra el propietario del piso afirmando que el mismo, con la intención de que abandonase la vivienda, le había cortado el suministro, sin que la realidad de estos hechos quedase acreditada. La sentencia determina que en este caso no concurren los elementos propios de delito leve de coacciones y por ello se procedió a la absolución del investigado, según el documento. El propietario manifestó en el juicio por vía telemática que no había «dado orden de cortar la luz si no de bajada de potencia por imposibilidad de seguir haciendo frente a los gastos que le ocasiona tanto dicho suministro como el del agua, pues está de baja desde septiembre y apenas cobra 800 euros», según argumentó el propietario. De igual forma reseñó que la denunciante lleva sin pagarle el alquiler desde principios de año. Él exponía también que no puede asumir los gastos de la casa en la que reside y la que es objeto de alquiler y por ello rechazaba que recayeran sobre él «los gastos que pudieran asumir los Servicios Sociales».
Aisha explica que la bajada de la luz está al mínimo por lo que se mantiene el contador pero no puede conectar ningún electrodoméstico. «No puedo tener alimentos en la nevera y por ahora estoy dándole productos en frío a mis hijos». Reseña, además, que para poder tirar de la cadena del inodoro o fregar los platos está recurriendo a garrafas de agua de las fuentes públicas y cuando necesitan ducharse le piden favores a algún vecino o amigo.
Meses antes los impagos de la inquilina ya llevaron al propietario a solicitar en el juzgado una orden de desahucio contra ella, que finalmente fue desestimada en septiembre por el juzgado de primera Instancia nº1 de Elche. La resolución aplazaba seis meses como máximo la orden de lanzamiento «para que los Servicios Sociales puedan dar una alternativa habitacional al demandado». Desde Bienestar Social ha recibido ayudas de emergencia por si situación de vulnerabilidad social pero el importe que recibe no le alcanza a cubrir todos los gastos. De igual forma sigue en trámite su petición de Ingreso Mínimo Vital y por el momento teme que no encuentre un lugar donde ir.
