El Síndic de Greuges, Ángel Luna, ha instado a la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, que dirige Mónica Oltra, a intervenir la residencia pública de Altabix en Elche al considerar que las medidas que plantea como solución a la recomendación que les hizo en noviembre son «insuficientes» y que la «desorganización existente en el centro y las dificultades de la dirección para hacer efectivas sus instrucciones suponen un grave riesgo para la atención integral de los usuarios y muy especialmente para su salud física y psicológica». El responsable de la institución, en el mismo documento, se dirige a la Conselleria de Sanidad y le recomienda que «extreme la supervisión y seguimiento (...) adoptando las medidas necesarias para asegurar la salud de las personas residentes en la misma».

Luna desmenuza en un informe de doce folios lo que planteó a la Conselleria y lo que esta le responde y llega a la conclusión que la única solución pasa por intervenirla; es decir, rescatar el servicio en manos de una empresa privada. El departamento que dirige Oltra le dice que es imposible que la persona que dirige sea un funcionario por «los pliegos vigentes»; que no es posible ampliar la plantilla hasta que no salga un nuevo pliego; que las reparaciones (humedades, árboles, jardín, climatización, baños, cocina, salas comunes, rampas, fachadas) no se puede hacer por el covid; que en el nuevo pliego se hará «especial atención» en que los usuarios tengan wifi o que no sabe cuándo se podrá reaperturar el servicio de atención diurna. El Síndic recuerda la queja que le presentó la Asociación para la Dignidad y Bienestar de Ancianos en Residencia, que calificaba de desolador el grado de incumplimiento, el desgaste que costaba a los mayores o que hasta el 11 de noviembre no hubiera una báscula para pesarlos y medirlos. Y hace hincapié en lo que a este colectivo le parece las medidas que pretende implementar la Conselleria, entre todas las que se le pedían, para llegar a la conclusión, dice la Asociación en el documento del Síndic, de que «se desprecia el tiempo y el trabajo de los agentes implicados en la resolución de los graves incidentes y problemas que vienen aconteciendo en la residencia».

Por todo ello, Ángel Luna le recuerda a la Conselleria que estamos ante unas circunstancias que de por sí pueden ser suficientes para la resolución del contrato. «Constituye -dice la recomendación- una facultad que compete a la administración de la que dependa la prestación del servicio controlar que el mismo se presta con el nivel de calidad exigible y sin que se produzca un quebrante en los derechos de los ciudadanos como consecuencia de los incumplimientos del contratista, otorgando a la administración la posibilidad de intervención del servicio». Por último, el Síndic recomienda que hasta ponga en marcha el rescate, «arbitre la adopción de medidas excepcionales para subsanar de forma inmediata las deficiencias».