El coronavirus avanza, imparable, en toda España. Los datos diarios dan miedo. Que, con lo que hubo en la primera ola, estemos como estamos es muy difícil de explicar. Y no será por falta de advertencias. Todos los responsables sanitarios avisaban de lo que podía pasar en una más que probable segunda ola, y ya estamos en una tercera.

El temor a tomar medidas más restrictivas, pero más eficaces, ha ofrecido al virus unas posibilidades óptimas para extenderse. Es patético comprobar cómo las Comunidades Autónomas, ahora que tienen las competencias para ello, sólo restringen determinadas actividades después de comprobar la alta incidencia padecida. Una actitud de prevención y de adelanto a los acontecimientos brilla por su ausencia. Y es la ciudadanía la que está pagando las consecuencias.

Que hayamos superado los 2.000.000 de personas infectadas, con más de 52.275 fallecidos es muy preocupante. Y eso que las cifras reales tal vez no se sepan nunca. Hay que cambiar las prioridades. Salvar la economía es necesario, pero si no se salvan las personas, valdrá de poco. Primero deberá ser la salud y luego el resto.

Y hay que prestar más atención a las personas mayores. Especialmente a aquellas que están en residencias de ancianos. Ha sido el colectivo más afectado. Se estima que unas 25.192 personas, en dicha situación, con datos al inicio de este año, han muerto por coronavirus o síntomas similares. Suponen casi el 50% del total de muertes de la pandemia. Representan el 8% del total que había internadas en las casi 5.500 residencias existentes en España. Y lo peor es que, gran parte de ellas, se podrían haber salvado si sus condiciones de vida en las mismas hubieran sido más aceptables.

La sociedad española ha sido excesivamente complaciente con la realidad de estas residencias. Parecía que, con que funcionaran, era suficiente. Las quejas de los usuarios, y sus familiares, por las insuficiencias que las aquejaban no eran atendidas por los responsables autonómicos de las que dependían. Las Comunidades Autónomas prefirieron delegar en el sector privado su responsabilidad ante un colectivo tan necesitado. Salvo contadas excepciones, el tema se enfocó como un lucrativo negocio, dando lugar a corruptelas de todo género, de las que en el País Valenciano se ha sentado cátedra. La Federación de Pensionistas de CC OO del PV, ya denunció que, en nuestra Comunidad, más del 80% de las plazas en residencias estaban privatizadas (35% concertadas y 65% privada) Y, como dato preocupante, en los últimos 10 años no se ha construido ninguna nueva residencia pública en esta Comunidad. Menor interés por lo público en este tema es difícil. Hasta el llamado «modelo Cotino» sigue, con pocas variantes, vigente con el actual Consell. Difícil de entender.

Residencia de Altabix

En este contexto no es raro lo que está pasando con la Residencia de Altabix de Elx. A pesar de ser pública, su gestión sigue privatizada. Los problemas y las quejas se acumulan desde hace tiempo. La situación ha llegado al límite. Y no será porque no era previsible: hasta el Sindic de Greuges, a la vista de lo que se le denunciaba, ha aconsejado que la Consellería rescate la concesión. La Generalitat tiene incoados varios expedientes sin que, por ello, haya mejorado la situación. Una prueba de que la respuesta está siendo deficiente.

Que haya más de 50 personas, entre residentes y personal, infectados de coronavirus es todo un escándalo. Llueve sobre mojado. Hasta el Ejército ha tenido que intervenir para desinfectar el centro. Y, luego, ¿seguirá todo igual? ¿Qué más tiene que pasar allí para que la Generalitat intervenga y rescate la gestión?. Es más que comprensible la reacción de los familiares. La Administración debería haber tomado medidas más contundentes que evitaran lo que está pasando.

La situación, en Elx, se ha repetido y aún con más gravedad en otras residencias valencianas. No se puede seguir así. Sanidad y, especialmente, la Consellería de Políticas Inclusivas deben comprometerse a cambiar urgentemente la situación actual.

No sólo deben mejorarse las prestaciones, reforzarse las plantillas de las residencias y asegurar unos recursos médicos y asistenciales suficientes. Hay que cambiar el modelo. Lo público no puede seguir siendo marginal. Las Comunidades Autónomas, y especialmente la Valenciana, deben apostar más por invertir en las personas, especialmente por las más necesitadas. Lo que está pasando debe ser un revulsivo para que no se repita nunca más.