La tensión entre el equipo de gobierno que forman en Elche PSOE y Compromís y la oposición continúa su tendencia al alza. El último encontronazo se ha producido después de que el grupo municipal popular denunciara ayer que los socios en el poder han cometido ilegalidades relacionadas con contratos públicos. La denuncia de la formación encabezada por Pablo Ruz toma como referencia el informe de control interno del Ayuntamiento correspondiente al año 2019. Este documento, según la lectura que han hecho, y que expuso ayer el edil José Navarro, refleja que «PSOE y Compromís no se ajustan a la legalidad en muchos procedimientos contractuales». La respuesta por parte del equipo de gobierno no se hizo esperar y, en un comunicado que difundió poco después la Concejalía de Hacienda, se aseguró que «todos los contratos menores revisados contienen la firma técnica y la partida presupuestaria», por lo que entienden que no se han cometido las irregularidades denunciadas por los de Ruz.

En el mismo tono duro que viene empleando durante los últimos meses, el PP señaló ayer al alcalde, Carlos González, como el principal responsable de las irregularidades que denuncia. «Esa forma de gestionar es la viva muestra de lo que representa. El oscurantismo y la opacidad que venimos denunciando queda demostrada con informes como estos, en los que se da buena muestra del cortijo en que PSOE y Compromís han convertido el Ayuntamiento», lamentó Navarro.

Trasparencia

Según los populares, la forma de actuar por parte del equipo de gobierno supone «un ataque a la trasparencia, la libre competencia y la rendición de cuentas». Entre los puntos que destaca el primer partido de la oposición en Elche, en el informe observan irregularidades como importes superiores a los procedimientos elegidos, en los que, por tanto, no se deberían haber realizado contratos menores, fechas de adjudicación anteriores a la fecha fijada, retenciones de crédito anteriores a las ofertas, adjudicaciones previas a la recepción del presupuesto, pagos que no se pueden subvencionar, incumplimiento de plazos o alteraciones de procesos.

«No estamos hablando de nimiedades, hablamos de contratos que mueven cantidades considerables de dinero sin seguir todos los trámites legales, de contratos otorgados a dedo sin ningún tipo de rubor, de favoritismos y prácticas arbitrarias y de ilegalidades que han cometido en nuestro Ayuntamiento PSOE y Compormís», añadió el edil Navarro en la denuncia de los populares.

Ante estas acusaciones, la responsable municipal del área de Gestión Tributaria y Financiera, Patricia Macià, aseguró que «no existe ilegalidad en la adjudicación de contratos menores ni en el informe elaborado por el interventor de control se habla en ningún momento de irregularidades, sino de incidencia administrativas, que es algo muy distinto». Macià, por lo tanto, acusó al PP de «faltar a la verdad y dar una información sesgada y discrecional que solo busca dañar la imagen del equipo de gobierno».

Catorce revisiones

El equipo de gobierno destacó que el área de Intervención ha revisado catorce contratos menores que se realizaron durante el año 2019, seis correspondientes a obras y ocho a servicios y suministros, en los que se han detectado incidencias administrativas. En el informe del interventor se indica, según Macià, que todos los contratos menores revisados disponen de la consignación presupuestaria, aprobación del gasto, el informe del órgano de contratación motivando la necesidad del contrato, la firma del técnico responsable y la firma del vicesecretario municipal.

«Nosotros somos más escrupulosos y estamos aplicando una instrucción obligatoria para la administración del Estado, pero no para la local, que exige tres presupuestos de tres empresas. El PP busca manchar nuestro buen hacer con mentiras», finalizó Macià.