Los vecinos de la urbanización Bonavista, en Altabix, tendrán sistema de iluminación después de que en 2019 una jueza le reclamase al Ayuntamiento que se hiciese cargo del sistema de luz. El bipartito aprobó ayer por junta de gobierno el proyecto definitivo para llevar el sistema de luz a esta zona. Con ello el Consistorio acata dos años después la sentencia que le obligaba a poner este servicio. Para ello esperará al primer trimestre del año, cuando se espera que se liquiden las cuentas del 2020 para encajar la partida, y licitar después las obras, tal y como explicaba el portavoz del equipo de gobierno, Héctor Díez.
Díez señala que el primer proyecto que presentaron los vecinos ascendía a 600.000 euros y que tras una revisión se ha contemplado aumentar la base que tendría de licitación, aunque el coste puede ser inferior finalmente según las ofertas que presenten las empresas que opten a las obras. Este proyecto contemplaría la instalación de canalizaciones, cajas de registro o de un transformador para el que ya se ha buscado ubicación, según Díez.
El alumbrado calles afectadas (que se denominan Mazarrón, Granja de Rocamora, Bolulla, Murla, Penáguila, Nogal, Cox, Pego, Gandia, Cipreses, Salinas, Orba, Paseo de Ronda, La Encina, Beniarrés, Relleu, camino del Ferriol y Rafal). Según el concejal, en la pasada legislatura ya tenían intención de instalar el alumbrado, que se tiene que acatar finalmente por sentencia y tras años de reivindicaciones vecinales.
El litigio viene de largo. Justo hace dos años, a finales de enero de 2019 el juzgado de lo Contencioso Administrativo 1 de Elche resolvía que los más de 220 vecinos de la urbanización tenían derecho a tener un alumbrado público y sufragado por el Ayuntamiento. Los residentes siempre han alegado que si pagaban los mismos tributos que el resto de ciudadanos tenían, por tanto, todos los derechos como tener luz pública en sus calles.
Esta urbanización tiene prácticamente medio siglo de historia y desde sus inicios los propietarios han tenido que ingeniárselas para no estar a oscuras. Los residentes invirtieron para poner farolas delante de sus propiedades y pagaban la luz a través de su contador, mientras que el paso del tiempo hizo que muchos fueran descuidando el alumbrado hasta el punto de que varios viales han quedado en absoluta penumbra, y la urbanización ha sufrido saqueos en los últimos años debido también a esta desprotección añadida que tenían.
Los vecinos ya solicitaron en su día reunirse con el alcalde, Carlos González, para que se barajase la regularización de la zona, y tras largos años de negociación con técnicos apuntaron que para conseguir alguna solución debían reclamarlo por el juzgado.
El primer edil apuntó que un informe técnico sostenía que todos los viales afectados, con una extensión superior a los 85.000 metros cuadrados, eran de titularidad privada, porque apuntaban que al diseñar la urbanización no se cedió la titularidad al Ayuntamiento.
Los residentes siguieron pidiendo solución y acudieron a los tribunales y la magistrada resolvió el litigio al apuntar que si el Ayuntamiento no podía certificar que las calles eran privadas es que eran públicas. Además el suelo sobre el que asienta la urbanización está catalogado en el PGOU como suelo urbano
Subida a funcionarios
La junta de gobierno aprobó también la actualización de las retribuciones del personal municipal, que se incrementará un 0,9% en la nómina de los funcionarios del mes de enero. Este aumento no se aplicará ni para concejales ni personal eventual y cargos de confianza, «ya que antes de finalizar 2020 expresamos nuestra renuncia a esa subida», apuntaba Díez.
En materia educativa, se ha realizado una modificación de crédito para incorporar una subvención de más de 453.000 euros de la Generalitat para apoyo educativo y actividades extraescolares deportivas y culturales a través del programa «Fem Escola», que tiene como objetivo reducir los efectos del confinamiento a causa de la pandemia de covid-19 entre el alumnado más vulnerable.
Por otra parte el Consistorio renueva por un año más los convenios que tiene con distintas mercantiles para la prestación del servicio de autobús a las pedanías, aunque recuerdan a nivel municipal que quieren licitar este año el servicio para asumir la competencia.
En materia urbanística se renovaron varias licencias de obras, entre ellas la de un bloque de cinco plantas del sector E-27 que lleva años paralizado en la calle Argentina.
Elche pide alternativas viables para bajar el consumo de los acuíferos
El Ayuntamiento de Elche le pide a la Confederación Hidrográfica del Júcar una alternativa para seguir permitiendo el suministro de agua ante la reducción de los acuíferos del Vinalopó. Por ello el equipo de gobierno ha presentado alegaciones para la explotación de los acuíferos que se tienen concertados a nivel municipal porque creen que la propuesta que les hacen de servirse de la desaladora de Mutxamel no sería válida «porque no tiene las canalizaciones necesarias», según Héctor Díez, portavoz del equipo de gobierno.
Elche se abastece de agua potable a través de estos acuíferos en un 12,5% y un 88% del Taibilla. Desde el ejecutivo local entienden que se debe reducir el consumo de los acuíferos de las fincas que a su vez beben de los acuíferos del Vinalopó, declarados sobreexplotados, pero con un plan a años vista y no de forma drástica. Para ello desde el Ayuntamiento quieren alternativas viales para poder destinar el agua para el consumo potable y para el riego.
