El grupo municipal del PP de Elche va a poner en manos de sus abogados la posibilidad de denunciar ante los tribunales al equipo de gobierno ilicitano por las cuentas de 2019. Basándose en el informe del interventor, el PP va a valorar si tiene que llevar ante la Fiscalía diversas "irregularidades" relacionadas con contratos menores. Ante esto, la edil de Gestión Financiera, Patricia Maciá, recuerda que si hubiera habido alguna ilegalidad, el propio interventor tiene la obligación de elevar esta situación ante el Tribunal de Cuentas, algo que no ha ocurrido. Así se ha plasmado en el pleno ordinario que se sigue hoy, de manera semipresencial y telemática, desde las 9 horas. Ni Ciudadanos ni Vox tienen previsto acudir a los tribunales por este asunto.

Pablo Ruz, edil y líder de los populares en Elche, ha indicado que "el 100% de los contratos analizados aleatoriamente contienen irregularidades", para añadir: "Ustedes están moralmente malversando el dinero público". Precisamente, la edil Patricia Maciá le ha requerido a Ruz para que retirara la idea que había trasladado acerca de malversar dinero público.

"Faltan actas de replanteo, hay adjudicación a la empresas antes de la recepción de las ofertas, expedientes al límite del procedimiento simplicado, posible alteración del proceso... Ustedes en la empresa privada estarían en la calle por incompetentes. Es muy grave y es el epílogo de entender la forma de gobierno: despótica, arrogante… Es un informe que denuncia irregularidades. Una gestión que hace aguas aguas con el dinero de todos los ciudadanos", añadía Ruz.

Mientras, el edil no adscrito, Eduardo García-Ontiveros, y el concejal de Vox, Juan Antonio Alberdi, consideraban muy grave que, por otra parte, no haya medios técnicos y humanos para fiscalizar todos los pormenores de las cuentas, ante lo cual la edil de Compromís, Esther Díez, se mostraba a favor de que se deberían fiscalizar el 100% de los contratos, subvenciones y demás, para matizar que, no obstante, "eso no se hace con la rebaja de impuestos que pide Vox, ni con el desmantelamiento del sistema público del PP".

Además, Patricia Maciá ha requerido a Eva Crisol para que no utilizara la palabra "trapicheo" al referirse a algunos contratos del ejercicio 2019 -Crisol luego cambió esa palabra por la frase: "falta de diligencia en determinadas actuaciones y profesionalidad a la hora de trabaja"r- y pidió a Ruz que retirara la palabra malversación. "Si hubiera encontrado alguna ilegalidad la hubiera elevado al Tribunal de Cuentas el interventor. No se han apreciado hechos susceptibles contables o penales. Nosotros somos escrupulosos", le contestó al popular, a la vez que criticó que pusiera "el grito en el cielo por incidencias administrativas". Patricia Maciá también criticó la "información sesgada y manipulada" de Pablo Ruz.

La edil de Gestión Financiera defendió que los incumplimientos, observaciones o recomendaciones del interventor sobre las cuentas de 2019 hacen referencia a obras menores y además tienen que ver con incidencias administrativas, restando importancia a las indicaciones del interventor. Sin embargo, para la oposición, la lectura era todo lo contrario, llamando la atención sobre las distintas “anomalías” detectadas.

El pleno en cualquier caso está siendo escenario de continuos enfrentamientos entre PP, que insiste en pedir la rebaja del Impuesto de Actividades Económicas (IAE), el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM), y el PSOE, que considera una irresponsabilidad adoptar esta decisión porque podrían peligrar los servicios básicos de calidad que se prestan a la ciudadanía.