Las inmobiliarias comienzan a ver un negocio la compra de pisos con okupas

«¿Tienes tu vivienda a la venta y te la han okupado? No es problema, compramos viviendas con okupas, nos interesa comprártelas aún con el «bicho» dentro. Entra y hablamos». Esto es lo que se puede leer en uno de los carteles de una inmobiliaria de Elche. El negocio de echar a okupas e inquilinos morosos lleva más de un lustro en crecimiento, cada vez son más las empresas de este tipo que ofrecen sus servicios en la provincia, muchas de ellas radicadas en otros puntos de España, y las agencias también han empezado a recurrir a sus servicios. Esta práctica ha desatado grandes polémicas desde sus inicios, ya que está situada en los márgenes de la ley, pero las compañías que la ejecutan defienden que su actuación es completamente legal, para lo que cuentan con el apoyo de bufetes jurídicos, y está en el marco lícito.

La inmobiliaria Dama de Elche, situada en una céntrica calle del centro de la ciudad ilicitana, es una de las que trabaja con este tipo de empresas. En su caso, lo hace con Desokupa, la compañía más importante del sector, ya que fue pionera en este tipo de prácticas. «No hemos comprado muchas casas con inquilinos dentro, dos o tres, pero no ha hecho falta llegar a desocuparlas. Se han ido antes y nos hemos tenido que ahorra el gasto en abogados. Las compramos de esta manera porque nos sale más barato», explica el gerente de la inmobiliaria, Gaspar Agulló.

Algunas de las empresas que ofrecen este tipo de servicio aseguran que están llegando a recibir más de 300 peticiones diarias y que el número se ha disparado durante los últimos doce meses, ya que, al margen de okupas, está creciendo el número de personas que viven de alquiler que, al trabajar en los sectores más castigados por la crisis, no pueden hacer frente a sus pagos mensuales.

Desde la inmobiliaria Varadero, su gerente, Fernando Valero Trives, quien también preside la asociación MLS de Elche y Santa Pola, que agrupa hasta 34 agencias del sector, ofrece su visión sobre esta cuestión: «A nosotros han venido empresas a ofrecernos sus servicios pero nunca los hemos tenido que usar. Sí que estamos haciendo seguros antiokupas. Donde más problemas se dan es en los pisos que están cerrados. Las compañías que nos han visitando nos aseguran que resuelven el problema de forma amistosa, dentro de la ley. El problema de esto es que las leyes están a favor de los okupas y los propietarios se ven desesperados».

Visitas

En la inmobiliaria Dama de Elche también aseguran que son también las empresas de desahucio las que se han personado en la agencia para ofrecer sus servicios. «Hay muchos propietarios que están hartos de tener okupas, quieren vender y no saben cómo. O que tienen inquilinos que les han dejado de pagar. Aunque en la mayoría de los casos los propietarios llegan a acuerdo con estas personas para que les vayan pagando conforme mejora su situación», sostiene el gerente Agulló.

Las empresas que ofertan las desokupaciones prometen devolver las llaves a su propietario en un plazo máximo de una semana y actúan a partir de los 3.000 euros. Echando un rápido vistazo en internet se observa que han tenido un crecimiento exponencial en los últimos años y que, aunque no tengan su sede en la provincia, prestan sus servicios en territorio alicantino, eso sí, con un suplemento en concepto de transporte y alojamiento que se sitúa en torno a los 1.000 euros.

Actuación

Según explican desde las empresas que se publicitan en la red, su método de actuación siempre pasa por la mediación con los okupas o los inquilinos morosos y se tiene totalmente en cuenta el hecho de que los inquilinos sean una familia con menores. Uno de sus grandes reclamos publicitarios pasa por ofrecer a los propietarios una rapidez mucho mayor que la de los juzgados, donde sostienen que los procesos se alargan durante años.

El negocio de echar a okupas ha crecido tanto durante los últimos cinco años que las empresas más importantes del sector cuentan con capacidad operativa para trabajar en todo el territorio peninsular e, incluso, en Baleares y Canarias, a la vez que amplían su formación en psicología, técnicas de mediación y normativa legal.