Dieciséis usuarios de la residencia de mayores de Altabix, en Elche, pública pero gestionada bajo el modelo de concesión por la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, han fallecido desde que el 29 de diciembre se declarara un brote de covid-19, según los datos facilitados por ADBAR (Asociación por los Derechos y el Bienestar de los Ancianos). Este triste episodio aún no se ha cerrado; de hecho, algún usuario sigue ingresado en el Hospital General en muy mal estado y esta semana arrancó con 16 pacientes todavía contagiados, cifra que desde el colectivo espera que se reduzca tras las nuevas pruebas que estaba previsto que se realizaran ayer. De esos 16 fallecidos, doce habían dado positivo y enfermado a continuación, mientras que los otros cuatro habían pasado el virus, por lo que han sido las secuelas que sufrieron las desencadenantes del final, aseguran.

El brote «violento», el 29 de diciembre, como lo califica ADBAR, obligó a una intervención del Éjército para desinfectar las instalaciones el pasado enero, tarea que no impidió que se fueran multiplicando en los días siguientes el número de contagiados, más de un centenar, lo que incluye a cerca de veinte trabajadores. En Elche, ha sido el caso más grave registrado (se desconoce cuántas personas han fallecido en el Asilo, algunas fuentes apuntan a al menos ocho residentes). A juicio del colectivo que agrupa a los familiares de la residencia Altabix, la principal causa de estos desenlaces están en el «déficit estructural» que sufren las instalaciones, algo que llevan meses denunciando y que llamó la atención del Síndic de Greuges, Ángel Luna, quien ha pedido la intervención por parte de la conselleria que dirige Mónica Oltra si, tal y como parece, la empresa gestora no puede resolver las múltiples deficiencias que observa ADBAR. Conselleria no ha ejecutado a día de hoy la petición.

El recuento de los fallecidos de la residencia no ha sido fácil porque, como explican desde este colectivo, ni todos los familiares son socios ni tampoco, después de una pérdida y en estas circunstancias su prioridad ha sido la de denunciar las deficiencias que se han observado o notificar lo ocurrido. Las cifras sólo las maneja la propia residencia. ADBAR recordó, al igual que hizo el sindicato CC OO o el grupo municipal de Vox, que a raíz del contagio de trabajadores y la imposibilidad de sustituirlos porque no se encontraban (faltaban desde enfermeras a auxiliares, pero también personal de cocina o de limpieza), se llegó a una situación de «caos» -expresión que utilizó el sindicato- porque no existían circuitos limpios, era imposible que se aislara no ya a los enfermos sino a los sanos, que eran muchos menos, y los familiares llegaron a perder contactos con los usuarios porque era materialmente imposible que sus llamadas o videoconferencias se llevaran a efecto. Socios de ADBAR aseguraron que tras saber que su familiar había dado positivo llegaron a estar ocho días sin saber de su evolución. Y algunos, después de que estos fueran ingresados en el Hospital General y recuperarse han decidido que se queden en sus casas porque no tienen garantías ni tranquilidad hasta que la gestión cambie.

La Fiscalía y los juzgados de Elche tienen varias causas abiertas para investigar las supuestas deficiencias que se han denunciado, como también la Conselleria de Igualdad y la de Sanidad las conocen a través de los innumerables escritos que desde hace meses envían los responsables de ADBAR. Sólo uno ha sido contestado, del resto no se sabe nada. «Mientras, las deficiencias básicas, como son persionas rotas que han impedido a los ancianos ver la luz del sol, siguen produciéndose», explican desde la asociación, que añaden que si algo tan sencillo no se resuelve cómo será con el resto. La empresa no ha contestado. Y, mientras, esperan que la cifra de 16 no aumente.