El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, anunció este martes que Elche será la sede para toda la Comunidad de la Agencia Valenciana de Protección del Territorio (AVPT), un organismo que se crea para tratar de sacar de la alegalidad las alrededor de 350.000 viviendas que existen en las tres provincias, algo que no ha conseguido la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana (LOTUP) que se aprobó hace siete años (2014) y que en 2019 se reformó para, precisamente, este objetivo después de que el delito que se instauró en 1995 en el Código Penal -contra la ordenación del territorio- tampoco hubiera servido de mucho.

El jefe del Consell aún no sabe dónde se ubicará en Elche, como tampoco el Ayuntamiento que pareció un poco sorprendido (aunque agradecido) por el anuncio, pero sí que hay cerca de tres millones de euros del presupuesto de 2021 de la Generalitat para este fin y ya se sabe que contará con 35 funcionarios que quedarán adscritos este mismo año. La elección de esta ciudad y no otra se desconoce aunque entra dentro de la política de descentralización del Consell por la que aboga el gobierno valenciano, además de que, no hay que olvidarlo, el término ilicitano es uno de los que más infracciones tiene, alrededor de 20.000, según explicó el alcalde, Carlos González.

También la Vega Baja acumula miles de viviendas alegales y un municipio como Catral llegó a perder durante años las competencias urbanística precisamente por este descontrol de construcción en mitad de la huerta. Y a este dato se suma otro: los últimos temporales y la DANA de 2019 han demostrado que las casas fuera del territorio son otro obstáculo cuando hay inundaciones y a estas viviendas en mitad del campo se les debe dar un cauce de solución.

En cualquier caso, la Generalitat quiere que a través de la AVPT haya un antes y un después en lo que son construcciones alegales. Y, si se consigue legalizar estas viviendas con un organismo creado ad doc, como la Agencia Valenciana de Protección del Territorio, la ley habrá cumplido su objetivo, que era el de preservar el patrimonio rural desde el ámbito urbanístico y territorial, garantizando un uso racional y legal del suelo. Las funciones principalmente de esta agencia dependerán de que los ayuntamientos decidan delegarle sus competencias, algo que desde la Generalitat se ve casi conseguido porque será como un respiro para los ayuntamientos, ya sean grandes o pequeños, pues tienen en estos expedientes uno de sus grandes caballos de batalla, que forman un «tapón» que apenas avanza.

Este martes los responsables del Consell explicaron que se estudiará cada uno de los casos para establecer las condiciones que los dueños de las viviendas o de las empresas alegales deberán cumplir para poder regularizar las edificaciones con la finalidad de generar seguridad jurídica a los ciudadanos y que estos puedan hacer trámites tan fáciles como transmitirlas. El presidente reiteró que la creación de este organismo tendrá un impacto positivo «muy importante» en términos de potenciación económica y de preservación del paisaje. «Se trata de que haya un marco legal para actuar contra aquellos que están vulnerando el derecho de todos los ciudadanos al patrimonio natural». A sus palabras se sumó la del alcalde, Carlos González, quien mostró su satisfacción con esta «excelente noticia que refuerza el papel institucional de Elche dentro de la Comunidad», y que supone que la tercera ciudad valenciana tenga más peso. «Esta decisión tiene una importante carga simbólica porque representa el valor de la protección del territorio como la expresión del urbanismo racional y del urbanismo que respeta el entorno y el medioambiente», añadió.

«No es una amnistía, pero no existía maldad»

El conseller Arcadi España admite que están ante el inicio de un proceso que será «largo y complejo»

El conseller de Territorio, Arcadi España, se refirió a esta situación en los siguientes términos. «Los ayuntamientos pueden delegar en esta agencia la gestión urbanística porque tienen problemas para hacer cumplir las medidas. Ahora la ley permite la minimización del impacto de las casas que no están regularizadas, por tanto no se pueden heredar o no hacer mejoras». Según el conseller, «no es una amnistía, es una regularización que también dinamizará el tejido productivo» por las obras de mejora para subsanar deficiencias que se tendrán que hacer. El conseller afirmó que muchos afectados, «no saben que existe el procedimiento. La agencia les ayudará a tramitarlo». Añadió que la elección de Elche obedece a que «tiene industria, pedanías y costa y mucho que proteger desde el punto de vista medioambiental». Arcadi España añadió que todo el problema se generó durante años en los cuales muchos municipios hicieron «la vista gorda» porque tenían un atasco en la parte urbanística para resolver expedientes de infracción y ahora están en situación alegal, pero no había maldad y esto nos va a permitir la regularizacion, que es un procedimiento largo y complejo».

Fosas sépticas en pleno siglo XXI en miles de casas

Uno de los principales problemas de las casas ilegales es que carecen de servicios básicos porque nadie se lo ha exigido. Así hay miles diseminadas que vierten al subsuelo a través de fosas sépticas. Este probablemente sea el principal problema, pero no el único. Las viviendas tampoco están declaradas y por tanto no pagan impuestos ni por su tamaño ni por los metros o servicios de que disponen. Si lo hicieran, la administración estaría de algún modo legalizándolas. El problema es tan grande como entender que en pleno siglo XXI los ayuntamientos son incapaces de saber cuántas tienen en esta situación.