Información

Información

Contenido exclusivo para suscriptores digitales

Un asesor socialista reclama cuatro años de sueldo al Ayuntamiento al no poder trabajar

El funcionario de empleo argumenta que hubiera sido la persona de confianza del grupo del PSOE en el mandato de Mercedes Alonso si la entonces alcaldesa no hubiera denegado la plaza - Una sentencia declarada firme al cabo de 9 años dio la razón al PSOE

Joaquín Martínez, en una imagen de archivo. | MATÍAS SEGARRA

Un asesor municipal por el PSOE ha demandado al Ayuntamiento (que gobierna el socialista Carlos González) para que se le reconozca los derechos como personal de confianza que le negó el propio Ayuntamiento, gobernado por el PP hace tres mandatos. Reclama el sueldo que supuestamente hubiera percibido durante cuatro años con base en que la exalcaldesa Mercedes Alonso privó al PSOE de tener un funcionario de empleo y él no pudo ocupar ese puesto. También pide que le den de alta en la Seguridad Social durante ese tiempo.

La denuncia interpuesta recientemente por Joaquín Martínez, fichado por el alcalde en 2019 como asesor de la Concejalía de Fiestas, ha trascendido ahora y tiene que ver con un conflicto entre socialistas y populares que se remonta a hace nueve años y que ha estado vivo en los tribunales, incluso con el PSOE al frente de la Plaça de Baix, etapa en la cual, aunque parezca un contrasentido, defendió los argumentos de la anterior regidora al no allanarse en el pleito . El asesor alega que la reclamación la realiza para pedir unos «derechos que le pertenecieron» y que ha acudido ahora al juzgado «porque es cuando hay una sentencia firme» del Supremo que ha venido a ratificar las dos anteriores y por la que condena al Ayuntamiento a pagar 914 euros de costas. Martínez explica que «había que cumplir todos los plazos» y asegura que se realizó la reclamación al Consistorio en un primer momento por vía administrativa. El actual asesor tan solo pudo prestar sus servicios al Ayuntamiento tres semanas después de que el PP perdiera las elecciones hasta la toma de posesión del tripartito, liderado por sus compañeros de filas, tras ser apercibido el Ayuntamiento por los tribunales lo que obligó a Alonso a darle de alta.

El pasado febrero, el juzgado de lo Contencioso-Administrativo 1 notificaba la demanda de su asesor al equipo de gobierno, obligado a partir de ese momento a activar los trámites para comparecer y asignar la defensa y representación de los intereses de la Corporación en el recurso.

El origen de esta polémica es de 2011, cuando el PP alcanza el bastón de mando de la ciudad tras 32 años de hegemonía socialista. El PSOE solicitó el nombramiento de dos personas de confianza amparándose en la representación obtenida en las urnas y el grupo municipal del PP respondió que «por criterios de ahorro presupuestario, según acuerdo plenario, las necesidades del grupo municipal socialista debían solventarse con un funcionario de la plantilla del Ayuntamiento».

Los socialistas no estaban conformes, el 26 de julio volvieron a insistir en este asunto, pero en este caso para el nombramiento de una única persona. Los requerimientos se sucedieron el 5 y 13 de septiembre y el 7 de octubre sin éxito. El 22 de diciembre el pleno aprobó una moción en la que se propuso el nombramiento de un funcionario «entre los del Ayuntamiento de Elche en activo». El PSOE acudió entonces a los tribunales porque la persona de confianza no era funcionaria y consideraban que era un continuo torpedeo a su labor. En el contencioso, en septiembre de 2014, lograron una primera victoria: el tribunal dio la razón a los socialistas, declarando que «existente la vulneración del derecho a participar en los asuntos públicos en condiciones de igualdad», en las mismas condiciones que el Partido de Elche e impuso las costas al Ayuntamiento de Elche. En la sentencia se indicaba que la decisión del ejecutivo de no designar al funcionario no obedecía a cuestiones de ahorro sino «partidistas, premiando a quien parece tener una posición política más favorable al partido de gobierno y castigando al oponente político». No obstante, el Consistorio, en manos del PP, decidió recurrir en octubre de 2014. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana se pronunció a favor del PSOE en noviembre de 2017. En 2020, el Tribunal Supremo condenó al Ayuntamiento a las costas.

Lo último en INF+

Compartir el artículo

stats