El pleno del Ayuntamiento de Elche aprobaba por unanimidad este lunes solicitar a la Diputación Provincial medidas de compensación por la implantación de la planta de basuras que desde hace casi 20 años permanece activa en el paraje ilicitano de Els Cremats. El edil popular y diputado provincial Juan de Dios Navarro señalaba durante el debate de la moción que el organismo provincial tiene previsto en cualquier caso estudiar esta posibilidad, pero en cuanto pase el covid.
El grupo municipal socialista es el que ha impulsado esta moción para que se implanten medidas de compensación de carácter económico, promocional o de educación medioambiental al municipio de Elche por albergar la planta de residuos sólidos urbanos. Además, se insta a la Diputación Provincial a crear en el menor tiempo posible una comisión de trabajo formada por técnicos de la institución provincial y de los municipios consorciados para estudiar dichas compensaciones.
Los socialistas han recordado que existen otros consorcios que gestionan los residuos con eficacia, y que es habitual que, aquellos municipios que albergan la planta de tratamiento, reciban una compensación económica con el fin de resarcir a los municipios y, especialmente, a los vecinos afectados por las molestias ocasionadas a causa de su explotación.
Desde la entrada en funcionamiento de la planta en el año 2002, han sido continuas las quejas vecinales derivadas de las molestias ocasionadas por la explotación de las instalaciones de gestión de residuos, malos olores sobre todo.
Elche trata en su planta cerca de 180.000 toneladas de residuos al año de los diez municipios bajo este consorcio (Elche, Santa Pola, Crevillent, Novelda, Monforte del Cid, La Romana, La Algüeña, Hondón de los Frailes, Aspe y Hondón de las Nieves) y, además, de Torrevieja y Bigastro, mientras la Vega Baja no disponga de una planta propia. «Sin embargo, los ilicitanos no perciben ninguna compensación económica por las molestias que supone la ubicación de la planta en nuestro término municipal, como sí que ocurre en otros municipios alicantinos con planta en su territorio», defendieron los socialistas.
Como ejemplo, el PSOE pone a Villena, que acoge la planta de compostaje y vertedero en el Paraje de los Cabezos y que percibe medidas de carácter económico para compensar el precio que paga por tonelada tratada, así como otra compensación fija para la realización de actividades de promoción y educación medioambiental.
Xixona también recibe medidas compensatorias por su instalación. En el caso de la Vega Baja, avanzan los socialistas, Dolores albergará una planta de transferencia por la que recibirá compensación económica.
«Consideramos que el buen funcionamiento del consorcio y la solidaridad ilicitana ya demostrada es compatible con aplicar medidas de compensación a nuestra ciudad y, en concreto, a nuestras pedanías más cercanas como Vallongas, El Ferriol, Santa Ana y Saladas, que son las que más directamente sufren la presencia de la planta», defendía este lunes el edil socialista Héctor Díez.
Inversión
Y es que el Ayuntamiento de Elche lleva aportando un millón de euros más en los presupuestos municipales desde 2019 para pagar la parte correspondiente a la inversión efectuada en la planta, que ascendía a 18 millones de euros (la planta en 2002 costó 12 millones de euros), inversión que se llevó a cabo en 2018.
Por su parte, el popular Juan de Dios Navarro recordaba que esta planta de Elche es la que mejor funciona de toda la Comunidad Valenciana -«es modélica»- y que de su coste de 12 millones de euros, 8 millones procedieron de fondos europeos, 1,8 aportados por la Diputación, 1,8 millones por los diez municipios consorciados y otros 700.000 euros de nuevo de la Diputación para adquirir la finca y acometer la carretera de conexión. Asimismo, afirmó que mientras Xixona y Villena utilizan sus plantas en un 10%, Elche utiliza su planta en un 70%.
El edil y diputado provincial popular también quiso indicar que Elche paga 42 euros por tonelada y aseguró que es la cantidad más económica que se abona en las plantas (Héctor Díez le recordaría luego que La Romana paga lo mismo, pero que lo que no se consigue recuperar se queda en Elche) y que el canon que aporta Elche este año se ha reducido en 570.000 euros por la buena gestión que se ha efectuado.
Ante ello, Héctor Díez contestaba que es verdad que se pagan 570.000 euros menos, pero que esa cifra se diluye con el millón más que tiene que aportar para pagar la parte correspondiente a la inversión efectuada en la planta en 2018. «Seguimos pagando más porque pagamos las inversiones», agregaba el socialista, quien insistía en la necesidad de esas medidas de compensación para reparar esta «injusticia», además de poner énfasis en que no se reclama exclusivamente dinero, sino tal vez medidas en términos ambientales, como por ejemplo la creación de caminales o un aula de la naturaleza en el paraje de Els Cremats.
Ediles y asesores renuncian a subirse el sueldo este 2021
Los concejales y funcionarios eventuales del Ayuntamiento de Elche no tendrán este año un aumento en sus salarios. Así se aprobaba por unanimidad en el primer punto del orden del día del pleno municipal. El segundo punto fue dar luz verde a la rebaja en un 50% del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) este año para la Institución Ferial Alicantina (IFA), una medida que ya se aplicó en 2020 y que supone dejar de ingresar unos 70.000 euros para las arcas municipales.
El debate del estado del municipio será antes de julio
Compromís y PSOE se posicionan a favor de la jornada laboral de 32 horas o de cuatro días de trabajo
El debate sobre el estado del municipio de Elche, que no se celebra desde finales de noviembre de 2019, se organizará antes del 13 de junio, siempre que la situación por la pandemia lo permita. Así lo anunciaba el propio alcalde Carlos González, concretando así el compromiso del equipo de gobierno para convocar este foro antes del segundo año de gobierno del actual mandato. Previamente, en el pleno el PP había solicitado que se celebrara este próximo mes de abril, algo que el resto de grupos de la oposición lo consideraban algo precipitado porque debía primar sobre todo la salud y la seguridad.
El PP no entiende cómo se pueden celebrar actos en el Centro de Congresos y en el Patio de Armas en el Palacio de Altamira y no se puede realizar este debate en un espacio público o de forma telemática.
Por otra parte, el pleno aprobaba una moción de Compromís en la que se insta al Gobierno central a poner en marcha un proyecto piloto que estudie la reducción de la jornada laboral a cuatro días o 32 horas semanales, apoyando mediante incentivos a las empresas que lo apliquen. El PSOE apoyaba a su socio, Ciudadanos se abstenía y PP, Vox y el edil no adscrito votaban en contra.
