Los más de 250 trabajadores interinos en el Ayuntamiento de Elche, algunos de los cuales llevan dos décadas en el desempeño de sus funciones, no están de acuerdo con la decisión del equipo de gobierno (PSOE y Compromís) de ofertar durante este año en curso todas las plazas vacantes, «con independencia de si están ocupadas o no por trabajadores públicos en fraude de ley»; es decir, por más tiempo del que permite la legislación. Ya hace un mes comenzaron a hacerse notar y advertir que no estarían dispuesto a esta oferta de empleo que puede llevar a algunos o a muchos a la calle y lo que reclaman es que «la distintas administraciones públicas reconozca la fijeza el puesto de trabajo por vulneración de la ley».
Los sindicatos S.I., CSIF, FESEP y SPPME-USO, que forman parte en la Junta de Personal del Ayuntamiento de Elche, han solicitado al concejal de Recursos Humanos, Ramón Abad, «la paralización de todos los procesos selectivos que afecten a las plazas ocupadas por empleados públicos que están en fraude de ley mientras se resuelven las iniciativas legislativas que se están desarrollando en Madrid encaminadas a adecuar la normativa española a las directrices europeas». Es decir, una moratoria
Los funcionarios recuerdan que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya ha reconocido el fraude de ley de la Administración Española «que ha mantenido de forma interina puestos de plantilla, en muchos casos durante más de 15 o 20 años, sin convocatorias de las oposiciones cuando tienen un límite máximo de tres años para hacerlo».
Los cuatro sindicatos convocantes de la asamblea, que representan a la mayoría de los trabajadores municipales, esperan que el Ayuntamiento proceda a paralizar los procesos selectivos «para que dé tiempo a que el legislador desarrolle la normativa vigente y pueda recoger esta singularidad extraordinaria provocada por la propia administración». Los sindicatos recuerdan que los jueces han condenado en diversas ocasiones a la Administración por este motivo, «dejando muy clara la vulneración de los derechos de los trabajadores por parte de los órganos públicos, que los ha mantenido contratados interinamente durante décadas». Los miembros de la junta de personal añaden que la solución «ha sido ya propuesta por los tribunales en sus sentencias y solo falta la voluntad política para modificar el Estatuto Básico del Empleado Público, contemplando la figura extraordinaria del funcionario fijo con plaza a extinguir y por esta vía hacer fijos a todo el empleado público en fraude de ley». También le han dicho al concejal que deberá tomar todas las medidas necesarias para que esta grave situación de vulneración de derechos no vuelva a reproducirse en el futuro.
Mientras esta solución llega, los funcionarios interinos consideran que el Ayuntamiento debe «oír la voz de sus trabajadores y paralizar temporalmente los diversos procesos selectivos, siendo esta falta de sensibilidad real por parte de la Corporación Local lo que está enardeciendo a los empleados municipales cansados ya de falsas promesas donde un día se les tranquiliza con la promesa de esperar a la solución que vendrá de Madrid y a la mañana siguiente ven cómo aceleran sus procesos selectivos».
Los sindicatos recuerdan que la convocatoria de oposiciones y procesos selectivos no libera a los tribunales «de su obligación de sancionar los abusos producidos con su personal contratado de larga duración, ni puede ser una excusa para negar la fijeza al empleado público objeto de abuso incompatible con la Directiva 1999/70/CE».
