«Si me amenazas con llamar a la Policía te rajo la cabeza y te mato, voy a venir con el virus, te lo voy a pegar y te voy a matar». Estas palabras le han costado a la usuaria de un centro social de Elche que iba sin mascarilla una condena judicial por un delito leve de amenazas. Se las dijo a una trabajadora municipal que estaba desempeñando sus funciones como ordenanza y aunque la multa es insustancial (90 euros) viene a demostrar lo que puede pasar si alguien incumple las normas, se excede con otro con expresiones violentas y, en este caso particular, con un funcionario.
El pasado mes de febrero, una mujer entró al centro social de Altabix-Universidad sin mascarilla y la bedel le comunicó que si no se colocaba la misma no podía acceder a las instalaciones municipales, según consta en la sentencia del Juzgado de Instrucción número 1 de Elche. Fue a partir de esa petición cuando la denunciada, de forma desafiante y con actitud exaltada, le lanzó esas amenazas, mientras había gente delante. La empleada municipal la acabó denunciado y los dos testigos presenciales ratificaron en el juicio el relato de los hechos y ampararon a la funcionaria. El Ayuntamiento prestó asesoramiento y representación a la trabajadora.
Este caso de gente que se niega a ponerse la mascarilla es uno de los miles que cada día se producen en toda España, en instalaciones o el transporte público. En enero, también se dio en Elche un ejemplo parecido que fue denunciado: el de una joven que se coló en el Hospital General de Elche sin mascarilla, insultó al personal y negó la presión hospitalaria.
Tras conocer la sentencia por el conflicto en el centro social, el edil de Recursos Humanos, Ramón Abad, aseguró que este fallo demuestra que «el respeto debe estar por encima de todo» y que «los funcionarios tienen unas obligaciones, pero también unos derechos». Precisamente, el Ayuntamiento de Elche cuenta con un protocolo para prevenir agresiones a los trabajadores municipales desde 2019, que fue negociado con los sindicatos y que empezó en los centro sociales como proyecto piloto.
Aunque los responsables municipales aseguraron entonces que no constan agresiones a funcionarios por parte de la ciudadanía, sí que sufren situaciones tensas puntuales. Además del asesoramiento jurídico, la asistencia sanitaria, psicológica y legal que ofrece la administración local a sus empleados con este protocolo, el otro compromiso fue la instalación de cámaras de seguridad y un sistema de alarma o «botón del pánico» que permitan una comunicación directa con la dirección del centro y las fuerzas de seguridad.
