Información

Información

Contenido exclusivo para suscriptores digitales

Elche

García Ontiveros reparte culpas entre PP y PSOE por el Mercado de Elche

El concejal y abogado considera que tras el dictamen del Consell Jurídic Consultiu "se abre una larga etapa de incertidumbre jurídica, por la incapacidad de resolver la cuestión de forma consensuada"

El mercado de Elche, sobre el cual no se construirá ni un nuevo edificio ni un aparcamiento subterráneo Antonio Amorós

El concejal no adscrito en el Ayuntamiento de Elche, Eduardo García-Ontiveros, considera en un comunicado que tras el dictamen del Consell Jurídic Consultiu referente a la resolución del contrato del Mercado Central, se abre una larga etapa de incertidumbre jurídica, por la incapacidad de resolver la cuestión de forma consensuada. "Lo primero que habría que dejar claro es que el dictamen del órgano consultivo no es vinculante a la hora de tomar cualquier decisión respecto de rescindir o no el contrato con la concesionaria del mercado, y dicho informe tiene la fuerza de prueba, en un más que probable proceso judicial, que le quiera dar el juez de lo contencioso-administrativo no asegurando la razón a ninguna de las partes", ha explicado. Para el concejal la culpa de lo que está ocurriendo se la reparte PSOE y PP.

“No se puede interpretar como “ley”, un informe que es la opinión de un órgano que no tiene capacidad decisoria, sino que tan solo expone una conclusión a su parecer.” ha manifestado García-Ontiveros. Ahora bien, del mencionado dictamen se desprenden dos grandes conclusiones que no dejan en muy bien lugar a ninguno de los dos grandes partidos políticos que han gobernado en Elche y en la Comunidad Valenciana.

"Podrá conllevar una indemnización a favor de la concesionaria que a día de hoy no alcanzamos a calcular, pero que puede ser millonaria”

decoration

“Por un lado, aunque es cierto que el Consell Jurídic Consultiu menciona que es factible la rescisión del contrato del Mercado Central, lo que también es cierto es que dice que esa rescisión podrá conllevar una indemnización a favor de la concesionaria que a día de hoy no alcanzamos a calcular, pero que puede ser millonaria”.

Esa más que probable indemnización que deberá pagar el Ayuntamiento de Elche, es más que probable que sea por el beneficio que va a dejar de percibir la concesionaria por la anulación del contrato, es decir, lo conocido como lucro cesante, situación ésta que será exclusivamente responsabilidad del actual equipo de gobierno.

"Y esta indemnización es más que probable que se otorgue por los tribunales a la concesionaria, debido a que esta es un tercero de buena fe, que en su día firmó un contrato con la corporación del PP, donde no se le informó de las posibles dificultades arquitectónicas, arqueológicas y patrimoniales del proyecto, siendo imposible achacar “la responsabilidad de la frustración del objeto del contrato y su resolución a la concesionaria en exclusiva, haciendo uso de una cláusula de riesgo y ventura, como si la protección patrimonial y el posible daño al interés público hubieran aflorado tras la suscripción del contrato en el año 2015”, menciona el dictamen del organismo del Consell en su valoración séptima.

García-Ontiveros, en una comparecencia, en una imagen de archivo

“Por tanto, la conclusión es que, aunque es factible resolver el contrato por el perjuicio al patrimonio cultural del municipio, es muy factible que se deba pagar una indemnización a la concesionaria por esa rescisión, y porque además a esta no se le puede cargar con la responsabilidad de un contrato con un vicio oculto referente a un interés público que ya existía en el momento de la firma. Con lo que, por un lado, el PSOE será responsable de no haber podido llegar a un consenso con la concesionaria y por otro, el PP también será responsable de haber firmado un contrato, en su día, en el que no se informó de forma clara y precisa a la otra parte de la posibilidad más que probable del perjuicio al patrimonio cultural de Elche.” ha sentenciado García-Ontiveros.

Es evidente que en toda esta situación que se va alargar en el tiempo, ya que se va abrir la vía judicial, existe un claro perjuicio a un tercero, por las erróneas decisiones de dos equipos de gobierno, uno del PP en el momento de la firma del contrato y otro del PSOE por su incapacidad de resolver este conflicto sin terminar en los juzgados, pero es que además, nadie parece acordarse de las familias placeras que siguen en un mercado provisional que ahora parece ser que su ubicación será definitiva con la consiguiente modificación del PGOU, cuestión que también se antoja complicada, por ser esa ubicación, zona verde.

Lo último en INF+

Compartir el artículo

stats