Lo venían advirtiendo los populares desde hacía tiempo. Años, incluso. «Algo huele a podrido en los contratos menores del bipartito», clamaba Pablo Ruz. «Aquí huele a muerto y yo no he sido», dejaba caer el líder de la oposición municipal ilicitana a quien quisiera escucharle. «Pues a mí, que me registre el interventor, que yo tampoco», replicaba, una y otra vez, la responsable financiera, Patricia Macià. «A sus cuentas no hacen más que ponerle reparos y usted ahí sigue, sin reparar en ellos ni repararlos», volvía a la carga el líder del PP. Total, que la cosa ya está en manos de la Fiscalía Anticorrupción y el gobierno local de progreso socialista-compromisario situado en el brete de verse señalado por la presunción de tejemanejes indebidos por fraccionamientos de pagos de menor cuantía.
De menor cuantía pero de mayores consecuencias en algunos casos. Verbigracia: el exalcalde socialista de Alicante, Gabriel Echávarri, condenado (salvo enmienda de instancias judiciales superiores) a doce años de inhabilitación para cargo público por un delito continuado de prevaricación por el fraccionamiento de contratos, a raíz de una denuncia del entonces portavoz popular municipal, Luis Barcala (actual alcalde), a resultas de la cual Echávarri despidió a la cuñada de este, funcionaria interina, represalia que le acarreó, a su vez, otros nueve años más de inhabilitación. En su caso fueron 25 operaciones con diferentes empresas por valor de 189.762 euros; aquí, el PP asegura que ha detectado irregularidades en 676 facturas por un montante de 1,5 millones. O sea, que menores pero mayores, porque con la actual legislación de contratos públicos, cualquier lapsus procedimental, aunque no implique corruptelas y se realice simplemente para agilizar un procedimiento administrativo cada vez más farragoso y lento, puede acarrear consecuencias impredecibles. De prevaricación para arriba.
El alcalde ilicitano, Carlos González, ha defendido la honorabilidad del equipo de gobierno y de los técnicos municipales, como está mandado, y asegura que todo son patrañas y regüeldos del PP, incapaz de hacer una auténtica y leal oposición, y que las cuentas están auditadas por el tribunal de ídem, y son claras y diáfanas, salvo alguna cosa. Y es que son frecuentes en los últimos tiempos los reparos de la Intervención municipal a las cuentas del bipartito, e incluso el interventor (interino, por cierto, como su antecesora) ha llegado a poner, negro sobre blanco, en un reciente informe que le falta personal para poder controlar todos los contratos y servicios que genera la maquinaria municipal. Por añadidura, la Sindicatura de Comptes también ha dado más de un tirón de orejas por fraccionamientos injustificados de pagos. No solo a los últimos gobiernos tripartito y bipartito; también se los dio al de Mercedes Alonso, lo cual demuestra que la querencia por esta práctica no entiende de colores.
En cualquier caso, el PP, hasta ahora bastante disperso en su labor opositora, confía en haber encontrado en este asunto su pièce de résistance para dar la batalla en los dos años que quedan de mandato. Tras haber conseguido varias victorias en los tribunales e instituciones (Síndic de Greuges) frente a prácticas poco edificantes del bipartito, sin duda Ruz estará salivando ante la perspectiva de revivir los dos años de calvario político y judicial que padeció Alejandro Soler en el tramo final de su mandato por el caso Facturas. La querella de 2009 del grupo popular (menos Emigdio Tormo) por dos supuestos pagos indebidos (luego presentaron algunos más) correspondientes a publirreportajes electorales del candidato socialista abonados por «error administrativo» por las arcas municipales (evidencia de que ya entonces el departamento financiero municipal era un coladero), allanó la llegada de Mercedes Alonso a la Alcaldía, aunque finalmente el asunto primigenio quedara en nada en los tribunales.
Tanto fía el PP ilicitano a este embate que su líder estuvo arropado en el anuncio de la apertura de investigación de la fiscalía por el dirigente nacional Pablo Montesinos, que aunque no dio la impresión de enterarse muy bien de qué iba el asunto, dio apoyo moral al presidente local y pidió al alcalde que no se meta tanto con él, que es una buena persona. Dicen fuentes raramente bien informadas (no, no se trata del consejero áureo de Ruz, Sergio Rodríguez, pese a que podría serlo, pero no) que Ruz pensó en dar la rueda de Prensa al pie de la cruz de los caídos, para impulsar la recogida de firmas a favor de la permanencia del monumento amenazado por la piqueta sectaria de la izquierda iconoclasta, pero Montesinos le reconvino por temor a despeinarse por el viento (problema que no tiene ahora el líder popular), por lo que finalmente eligieron un lugar cubierto. Total, que lanzada ya la denuncia y su subsiguiente investigación, solo queda ver qué recorrido tiene este nuevo caso Facturas-B. Si será capaz de mantenerse gravitando en el continuo espacio-temporal político hasta mayo de 2023 y si generará la suficiente fuerza centrífuga como para propulsar a su impulsor hasta lo más alto de la torre del Consell (la Alcaldía, para entendernos). O, por el contrario, decaerá por efecto de la intervención gravitatoria de fuerzas centrípetas, con el consiguiente trompazo del promotor.
Pase lo que pase en el futuro más o menos inmediato, lo que pasa ahora es que a González se le están acumulando los reparos, y no precisamente por efectos del covid-19. El presidente de la Diputación, Carlos Mazón, le ha asestado una traicionera cuchillada junto a la escápula izquierda en connivencia con su homólogo alicantino, Barcala, a raíz del enésimo anuncio de construcción del palacio de congresos de la capital, esta vez en el mismísimo puerto, y que será algo así como la ópera de Sídney, pero no para gorgoritos, que para eso ya está el ADDA, que mira al Benacantil. Pero ambos le aseguran que no se mosquee, que no tiene de qué preocuparse, que se hará también el prometido palacio en Elche; e incluso otro más en Arenales mirando también al mar, en cuanto tiren el hotel. Y eso que aún no se ha dado a conocer el informe encargado por la patronal Cedelco a la UMH, porque Mazón también contempla la opción de construir otro más donde diga ese estudio, si no es (que no será) Jayton el lugar escogido. ¡Xè, será por palacios de congresos!
Por si fuera poco este guirigai, andan también el alcalde y su equipo bipartito haciendo cuentas con la calculadora científica (incluso raíces cuadradas) para ver por cuánto le saldrá al erario público la indemnización del 3% que supuestamente le corresponde a Aparcisa tras la rescisión unilateral del contrato del mercado central, a causa de sus eventuales efectos perniciosos en el Misteri y el refugio. Dado que el informe no vinculante del Consell Jurídic Consultiu no aclara sobre qué se aplicaría el tres per cent, hacen las operaciones sobre todos los conceptos para estar preparados: lucro cesante, gastos del mercado provisional y catas, indemnizaciones a los placeros, devengos propios e impropios, resultados antes de impuestos, correspondencia y otros conceptos contables. Le restan luego el coste de la retirada del vallado, multiplican el producto por el cociente corrector del 3,1416, le aplican la regla del 7 y los resultados (muy dispares entre sí: van desde 0,57 euros más IVA hasta varios millones) se guardan bajo llave para que no los vean los quisquillosos del PP.
Ruz ya preparara una denuncia ante el Síndic de Greuges por reparos oscurantistas y falta de transpiración. Y de no prosperar, se encaramará, ahora sí, a lo más alto de la cruz de los caídos durante el tiempo que sea preciso (sin Montesinos en esa ocasión) hasta que le den los documentos. Está lanzado y no hay quien lo repare. Atentos.
