Uno de cada tres usuarios de los centros de la tercera edad de la Comunidad Valenciana (un total de 9.982 personas) se contagió con el covid; de ellos, fallecieron 1.731 durante la pandemia, lo que viene a ser uno de cada cinco. Las cifras están cerradas a fecha 23 de mayo, proceden del Ministerio de los ministros de Derechos Sociales, Sanidad y Ciencia e Innovación y aún son provisionales. Por datos como estos, "que muestran la magnitud del impacto que ha tenido la pandemia de covid-19 sobre las residencias de mayores de nuestra Comunidad", aseguran los familiares, se han constituido en RECOVA, una Coordinadora de Familiares y Usuarios de Residencias de la Comunidad Valenciana, que intentará mejorar las condiciones de vida y la calidad del trato que recibe en las tres provincias: Alicante, Valencia y Castellón.
Responsables del colectivos consideran que el principal problema, y el motivo de su reivindicación, es que la mayor parte de las plazas están en manos de empresas privadas. De las 27.280 reconocidas, el 91,1 por ciento son de gestión privada, aseguran. En Elche, el peor caso en la pandemia se registró en la residencia Altabix, con cerca de un centenar de contagiados, entre usuarios y personal, y numerosos fallecidos, aunque nunca se llegó a conocer la cifra exacta por los derechos de protección de datos.
"Tenemos que unir fuerzas y trabajar, desde la autonomía de cada organización y en el respeto a su singularidad, en la consecución de los cambios imprescindibles para ofrecer a las personas mayores y dependientes una vida digna y con respecto a sus derechos", aseguran desde RECOVA. Las quejas de usuarios, tanto a modo individual como a través de asociaciones, especialmente durante la pandemia, ha sido muy duro.
"Se les dotó de total impunidad, con inspecciones escasas y muy mejorables y sanciones irrisorias"
De hecho, a comienzos de mes, algunos colectivos, como ADBAR (Asociación por los Derechos y Bienestar de los Ancianos en Residencias), en Elche, ponían el dedo en la llaga por la falta de personal e higiene que había generado la pandemia y sobre el hecho de que, aunque ya podían salir, ellos no podían entrar para ver en qué condiciones vivían y si estaban correctamente cuidados, algo que pusieron muy en duda durante la pandemia por los contagios masivos, no solo de los usuarios, sino también del propio personal de las residencias.
"Nos quedan las semanas y meses que los supervivientes vivieron encerrados en sus habitaciones, algunos de ellos encamados. Sin poder recibir visitas"
"Si el número de personas fallecidas ofrece la cara más dramática de la pandemia, no ocupa toda la realidad vivida en las residencias. Nos quedan las semanas y meses que los supervivientes vivieron encerrados en sus habitaciones, algunos de ellos encamados. Sin poder recibir visitas de sus familiares, y los familiares sin poder saber en qué condiciones se encontraban sus seres queridos".
RECOVA pone a las empresas que gestionan las residencias en el ojo del huracán, "años atrás, las administraciones competentes abrieron las puertas de par en par a fondos de inversión y multinacionales para que consiguieran beneficios multimillonarios a costa, por una parte, del deficiente cuidado de las personas mayores y dependientes; y, por otra, de las precarias condiciones de trabajo de los trabajadores". Y añade la coordinadora: "no contentos con esto, se les dotó de total impunidad, con inspecciones escasas y muy mejorables y sanciones irrisorias. Esto tiene que cambiar. El centro del sistema residencial debe ser la persona".
¿Vuelta a la normalidad?
El hecho de que aún no hayan vuelto a la normalidad en las relaciones con los mayores, es un acicate que les ha llevado a constituir esta coordinadora para ejercer más presión, especialmente ante la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas que dirige Mónica Oltra (Compromís), a la que responsabilizan de la actual situación. ¿Por qué lo hacen? porque consideran que no se puede concebir en pleno mes de junio, con todos los residentes vacunados desde hace mucho, aún esté en vigor el protocolo de la consellera para las residencias que se dictó el 8 de abril de 2021, "descompasado de la realidad de cifras de contagios actuales, con falta de contacto en las visitas y crueles aislamientos al ingreso".
"Los servicios sociales son un derecho universal y subjetivo de las personas. No pueden ser un negocio lucrativo. Por ello, las diferentes administraciones, y en especial la autonómica, por las competencias que tiene delegadas, debe garantizar la atención digna y de calidad de las personas en los centros residenciales, y en aras de esa consecución nos hemos constituido", aseguran. Desde el colectivo lo que se plantean es "que la consellera Mónica Oltra nos escuche y atienda, de la misma manera que ha ocurrido en otras comunidades autónomas, donde se ha dado voz a familiares y usuarios" y que "el modelo de atención a los mayores les coloque de nuevo en el centro del sistema, y que como sociedad devolvamos a esa generación olvidada la vida y derechos que les pertenecen".
