Elche ha alcanzado la cifra de 6.129 personas dependientes, tanto los que ya reciben la ayuda, como los que están pendientes. Es la última cifra actualizada hasta el mes de mayo por la Concejalía de Servicios Sociales, dirigida por Mariano Valera, que asegura haber puesto al día las valoraciones de la ley de Dependencia (el paso previo para que los afectados puedan cobrar las ayudas), lo que supone, según el edil socialista, haber acabado con esperas de dos años que acumulaba el Ayuntamiento.
Esto se ha conseguido a que antes de la pandemia el ejecutivo local puso a trabajar un equipo especial reforzado con nueve profesionales, a parte del personal con el que ya contaba, para dar salida a la avalancha de expedientes que le había trasladado la Generalitat años anteriores.
Con ello, desde Servicios Sociales garantizan haber acabado todo el proceso que tenía que realizar el Ayuntamiento, que es hacer la valoración del solicitante y del entorno para registrarlo en la plataforma autonómica ADA, con el objetivo de que después la Conselleria de Políticas Inclusivas lo valide. «La persona desde que registra la solicitud, según la ley, tiene seis meses para tener la primera respuesta, y hasta ahora no estábamos dentro de ese plazo. Ahora, ya podemos decir que Elche está al día en valoraciones de la ley de Dependencia, porque ahora sí que estamos cumpliendo los tiempos», explica Valera.
Una vez que la Administración local registra el expediente en la aplicación de la Dependencia, València remite una contestación al afectado en la que le dice en qué grado de dependencia lo considera, según ese informe elaborado por el Ayuntamiento. Tras emitir esa resolución, la conselleria elabora otra, que consiste en el plan individualizado donde se indica a la persona dependiente qué le corresponde en función de lo que haya solicitado, si es residencia, cuidado no profesional o el servicio de atención a domicilio.
Según el concejal de Servicios Sociales, al comienzo del mandato (mayo de 2019), su departamento estaba gestionando las solicitudes de 2017 y 2018 y haber conseguido poner al día las valoraciones «ha supuesto mucho esfuerzo aunque la pandemia ha haya hecho mucho daño en todos los niveles incluido en éste».
Precisamente, en 2017, el Ayuntamiento ilicitano reconoció haber recibido un aluvión de solicitudes de familias que al ver cómo se flexibilizaron los requisitos de la Ley de Dependencia se animaron a solicitar recursos a la Generalitat Valenciana.
Fue entonces cuando el departamento de Servicios Sociales insistió en contar con mayor personal para hacer frente a 800 peticiones de afectados que le derivó la Administración autonómica, al decidir el Consell transferir a los ayuntamientos la obligación de grabar en una aplicación informática cada caso. Este cambio de procedimiento colapsó los Servicios Sociales de Elche y de otras administraciones locales ante la falta de personal, incapaces de dar abasto con tanto trabajo, que coincidió además con la entrada en vigor de la Renta Valenciana de Inclusión. Entonces, desde gobierno municipal estimaron que había en Elche alrededor de 4.400 personas dependientes en términos generales, desde afectados que reciben ayudas, como los que estaban todavía pendientes del reconocimiento.
Una «eternidad» para conseguir el reconocimiento
La excesiva burocracia a la que se enfrentan las personas dependientes para obtener el reconocimiento de su estado de salud, unido a la falta de agilidad de las administraciones ha supuesto para los afectados esperas de hasta más de cinco años. A lo largo de los dos últimos mandatos políticos, el Consell ha conseguido agilizar los tiempos, pero no lo suficiente para un colectivo tan vulnerable como éste. La plataforma de la ley de Dependencia de Elche llegó a asegurar que esperar 18 meses a las resoluciones es una «eternidad» para los afectados.
El servicio a domicilio ampliará la cartera de prestaciones
Elche puntuará a las empresas que tengan salva escaleras para salir de pisos sin ascensor
El Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) pasará a costar a las arcas municipales casi 300.000 euros más que el año pasado. El Ayuntamiento está licitando por cerca de 3,2 millones de euros anuales este recurso que va dirigido al cuidado de personas en el domicilio que presenten dificultades físicas, intelectuales, cognitivas, de salud mental o sociales, o se encuentren en situación de vulnerabilidad. Entre ellos se encuentran las personas dependientes que no están en residencias o a cargo de familiares.
El edil de Servicios Sociales, Mariano Valera, explicó que el aumento del gasto de este servicio obedece a mejoras que van a tener los usuarios.
De hecho, el Ayuntamiento va dar mayor puntuación a las empresas que ofrezcan sillas especiales (salva escaleras) para poder bajar a los mayores o personas dependientes a la calle desde sus casas por la escalera porque carecen de ascensor. Una herramienta que es muy demandando por aquellos que tienen muchas dificultades para salir de sus domicilios y que incluso llevan años sin hacerlo porque sus inmuebles no son accesibles.
Asimismo, el equipo de gobierno se ha comprometido con el persona del SAD, que hasta ahora eran reconocidos como auxiliares de dependencia a equiparar sus salarios al de auxiliar de enfermería. También, habrá un coordinador del servicio con la nueva contrata, una figura que no existía y el Ayuntamiento valorará que la empresa cuente con personal extra como psicólogo, podólogo, peluquería, estética y fisioterapia.
Hasta ahora, el servicio ofrecía cuidado e higiene a los usuarios y con el nuevo contrato tendrán acceso a estas atenciones. Todo esto explica, según el edil de Servicios Sociales, ese incremento del gasto de este servicio esencial.
