Doce mujeres valientes se marcharon ayer a Madrid para intentar que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social les escuchara y con ello dé una solución a un problema que, para la mayoría de estas activistas del aparado, tienen casi tantos años como ellas: la economía sumergida. Después de trabajar 40 o 50 años en el calzado, pero haciéndolo desde sus propias casas, han llegado a la edad de jubilación descubriendo que apenas tienen nada cotizado y tampoco derecho a una pensión digna. Las condiciones de trabajo, las miserias de una labor tan invisible como callada, que mezcla el olor de la comida con el de la «faena» un día sí y otro también, les han llevado a movilizarse e intentar que ese muro que es la administración se agriete o, al menos, alguien las escuche y les dé una solución. No piden más.
Su aval para flanquear puertas tras esos 400 kilómetros que separan Elche de Madrid eran las más de 45.500 firmas recogidas a través de Change.org aunque llegaron a la Capital del Reino sin saber si alguien las escucharía. Un enorme zapato de 2 metros las acompañaba como mejor reclamo.
Y sí fueron recibidas, no por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, como esperaban pues esta se encontraba en Italia, sino por el director general de la Inspección de Trabajo, el valenciano Héctor Illueca que, según explicó al término de la reunión la presidenta de la asociación, Isabel Matute, se interesó y mucho por su historia. El colectivo lleva ya un tiempo denunciando a aquellas empresas que se niegan a reconocer los derechos de estas trabajadoras, sin dar de alta, pero se dieron cuenta que si lo hacían de forma individual, «terminábamos apareciendo en las listas negras de las empresas y ya no encontrábamos trabajo nunca más». A él le explicaron su situación, «un trabajo especialmente feminizado, ha significado carecer de condiciones dignas de trabajo», explican en su petición. «Yo he trabajado más de 50 años y solo tengo cinco cotizados, ¿cómo voy a sobrevivir con una pensión tan baja, habiendo trabajado tantos años?», se preguntan.
Illueca les escuchó y les dijo que una buena parte de las reivindicaciones son cuestión de otro ministerio, el que dirige José Luis Escrivá, el de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, pero cerró con las representantes de la asociación una nueva reunión, esta vez en València, y ya con la responsable de la Inspección de Trabajo. Ellas quieren volver a Madrid y que las reciba la ministra, le contestaron.
Posteriormente, las representantes de la Asociación de Aparadoras de Elche se trasladaron al Congreso de los Diputados donde mantuvieron un encuentro con diputados de la formación Podemos, a los que hicieron ver su situación y cuál es su reivindicación. «Ellos tienen que hacer cambiar las leyes porque no solo es nuestro colectivo, hay otros en la misma situación», explicaba Isabel Matute. Fue un día largo, «estamos cansadas pero satisfechas», resumió.
Mano de obra marroquí vendida «made in Spain»
No sólo no están dadas de alta, no sólo tienen más problemas cada día que pasa para encontrar trabajo, también se están encontrando con una competencia que no esperaban. «En Marruecos se está haciendo aparado y otras faenas del calzado, que después se vende en nuestro país como si fuera Made in Spain, y eso es un fraude al consumidor», le dijeron a Illueca.
