La situación de la sección VII de la Audiencia, con sede en Elche, no mejora ni cuando se ha hecho desde hace dos años un esfuerzo para reducir su pendencia, lo que ha comprometido a la Fiscalía para que, a través de representantes del Ministerio Público de refuerzo y entrevistas con los abogados de los acusados y de las víctimas, intentar llegar a conformidades que eviten la farragosa burocracia de la citación judicial, alcanzando un acuerdo entre las partes sin tener que hacerlo en la propia sala. Dichos acuerdos habitualmente conllevan el pago de las responsabilidades civiles y la reducción de las penas previstas en los escritos de calificación a cambio del reconocimiento de los delitos que se le imputan a los procesados. Al principio el sistema funcionó muy bien y decenas de asuntos fueron desapareciendo de las estanterías de juicios pendientes pero a medidas de que los sumarios se iban complicando y los abogados, en su derecho de defensa, solicitaban importantes reducciones de penas, se fue ralentizando. Los letrados, al fin y al cabo, conocen de sobra cuál es la situación de la sala y que los retrasos, al fin y al cabo, son un tiempo que ganan sus clientes si se saben culpables. Van adquiriendo derechos en la reducción de penas, no deben ingresar en prisión o pagar indemnizaciones. Es decir, se dieron cuenta que el sistema podía beneficiar a la administración de justicia pero igual no tanto a sus clientes «culpables» si no tenían sentido de la redención. Una fuente puso como ejemplo de ello una conformidad que desde hace días se está negociando con una familia de traficante de drogas que tiene once juicios en la Audiencia pendientes y que espera que los cabecillas sean condenados a una pena única y muy reducida por todos los hechos que se le imputan. Si no hay acuerdo, que no tiene visos, seguirán esperando que algún día se les cite.
La sección VII de la Audiencia en Elche tiene a día de hoy 800 juicios pendientes de celebrar y abierto el libro de señalamientos de 2025. Por si fuera poco se está citado a juicio cuyos sumarios se registraron en la sala en 2011; es decir, que hace doce años acabó la fase de instrucción y se enviaron a la sala para su enjuiciamiento, lo que aún no se ha producido.
El problema no es un problema de trabajo por parte de los magistrados, es de manos para la gestión. Si se tiene en cuenta que Elche genera más del 30% de los procedimientos penales de la provincia (con las comarcas del Baix Vinalopó y la Vega Baja) se entiende que debería tener un número no sólo de jueces sino también de funcionarios proporcional para poder agilizar el trabajo. En estos momentos hay ocho magistrados y todos ellos son titulares. La cifra de ocho permite crear dos salas (cada una se compone de tres jueces) cuando Elche, con refuerzos, ha tenido hasta diez jueces de forma simultánea trabajando, lo que permitía constituir tres salas e impulsar el número de juicios.
La solución, muchas veces anunciada, pasa por la creación de otra sala aunque nadie tiene certeza de que esto sea así. Aunque la Conselleria de Justicia pretende que se apruebe por la comisión mixta del Ministerio, en el plan de creación previsto para final de 2021, otras fuentes aseguran que no llegará antes del año próximo... si hay suerte.
Caso Brugal, ocho meses para otro juicio que vuelve a dejar bajo mínimos la sala ilicitana
La sección VII de la Audiencia espera que la sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia autorice a final de año un refuerzo, con un magistrado, porque a partir de noviembre y hasta junio tiene señalada otra de las piezas claves del caso Brugal, concretamente la que tendrá que juzgar las supuestas irregularidades en el Plan Zonal de la Vega Baja, adjudicado por la Diputación Provincial, bajo el mandato de José Joaquín Ripoll, al empresario Enrique Ortiz. Este hecho provocará que tres de los ocho magistrados tengan citaciones diarias para asistir a las sesiones y que los otros cinco que quedan libres de este juicio sólo puedan formar una terna para seguir celebrando juicios. Si se autoriza dicho refuerzo y como ya pasó hace un par de años, la sección VII de la Audiencia podría celebrar hasta tres juicios al mismo tiempo siempre y cuando cuente no sólo con magistrados sino también con secretarios y funcionarios para realizar las labores de señalamiento.
Desde noviembre a final de junio de 2022 está señalada la pieza clave sobre el Plan Zonal de la Vega Baja
Estos nueve meses para celebrar un único juicio solo hará que aumentar el retraso de la sección VII con esos 800 juicios si no se crea, por ejemplo, la otra sección prometida y se decide cómo tiene que comenzar a trabajar. Una cuestión sobre la cual nadie se pone de acuerdo y que, según a quien se le pregunte, da una solución distinta. Algunas fuentes apuntan a que debería asumir la mitad del trabajo pendiente para reducir los tiempos de espera; otras consideran que lo lógico es que comience sin asuntos y que asuma el trabajo hasta que la otra se ponga al día. Esta solución supondría una justicia de dos velocidades ante su máximo órgano enjuiciador, la Audiencia, pues en una sala los asuntos seguirían a paso de tortuga mientras que la otra, sin trabajo pendiente, prácticamente podría señalar en cuestión de semanas.
La solución de partir por la mitad lo que está pendiente, que parece lo más justo, tiene un problema añadido, y es que todas las citaciones que se han hecho no valdrían porque deberían hacerse de nuevo.
