El pasado 2 de julio, el Gobierno comunicó los últimos datos, al 27-6-21, de la incidencia del Covid-19 en las residencias de mayores: 29.643 muertos confirmados por coronavirus o síntomas relacionados con él y que vivían en residencias. Y hay que añadir que, después de las pertinentes pruebas de PCR, son 88.921 los casos positivos detectados en residencias, con lo que ello ha supuesto para personas mayores en su vida cotidiana.
Si el coronavirus ha hecho estragos en la sociedad, en las residencias ha sido una masacre. Y determinados protocolos de actuación en algunas comunidades autónomas, especialmente Madrid y Cataluña, han contribuido a una mayor mortandad al negar o dificultar el traslado, en muchos casos, de ancianos enfermos a centros hospitalarios.
Ahora que, gracias a las vacunas, se ha mejorado la situación es necesario estudiar lo que ha pasado, depurar responsabilidades y plantear soluciones viables que permitan ofrecer unos servicios asequibles, seguros y responsables a un colectivo que será más numeroso cada día que pasa.
Y no apunta que la Administración, ahora que lo peor ha pasado, haya tomado nota para cambiar un modelo de residencias que, claramente, se ha visto muy deficiente y necesitado de mejoras. No se observan compromisos suficientes por asumir una mayor gestión pública, más inversiones, refuerzos en personal, mejor atención medicalizada, más controles, etc.
El pasado 4-7-21 el diario El País publicaba un reportaje titulado «Las residencias de mayores: descontrol en un sistema opaco». En él se insistía en un tema que parece increíble: En un sistema en el que casi el 90% de los centros es propiedad o gestionado por empresas privadas, con ánimo de lucro, el número de inspecciones de las residencias es casi nulo. En la mayoría de los casos ni siquiera una vez al año. Y, a veces, avisando antes. En el reportaje se cita, entre otros casos, a una persona de Elx que, teniendo a su madre en una residencia, presentó 10 denuncias y nunca recibió respuesta. La media de inspecciones, por comunidad autónoma, centro y año, produce resultados vergonzosos, especialmente en el País Valenciano. Estamos en una media, en el período 2014-2019 de 0,5 que, inexplicadamente, no ha mejorado en el año 2020. Somos la cuarta comunidad autónoma por la cola en inspecciones. Y así nos va.
En Elx podemos dar fe de ello con la residencia Altabix. Y eso que es pública, aunque de gestión privada. La situación ha llegado a ser muy delicada. El impacto de la pandemia ha hecho estragos y ha evidenciado las deficiencias en la misma, que ya venían siendo denunciadas por los familiares tiempo atrás. El propio Síndic de Greuges ha tenido que reclamar una mayor implicación de la Consellería de Servicios Sociales pidiendo su intervención. Incluso las promesas de mejora se dilatan en el tiempo y los familiares se ven obligados a movilizarse para reclamar algo que es necesario. También el Ayuntamiento así lo ha manifestado. Conselleria debe ser más eficiente en este tema.
Y no es un problema único. La Federación de Pensionistas de Comisiones Obreras del País Valenciano ya denunció que en nuestra Comunidad más del 80% de las plazas en residencias estaban privatizadas (35% concertadas y 65% privadas) y que estos problemas se repetían en exceso. Hasta el llamado Modelo Cotino sigue, con pocas variantes, vigente con el actual Consell. La situación exige cambios y más dedicación y recursos. Probablemente, y a pesar de la mejora evidente con respecto a la anterior época del PP, la acumulación de cargos en Mónica Oltra no sea la mejor opción: líder de partido, vicepresidenta, portavoz del Consell y consellera de Igualdad y de Políticas Inclusivas parece demasiado. Tal vez con otro reparto de cargos la gestión mejoraría.
De lo que ha pasado se debe tomar nota para mejorar. El colectivo de personas mayores no se merece padecer estas situaciones en sus años finales y las administraciones, en todo el Estado, tienen la obligación de atenderles mejor.
