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SINDICATOS

El juez archiva la investigación a 20 trabajadores de Elche por ser piquetes en la huelga en 2012

El fiscal retira la acusación pues los hechos imputados ha sido derogados por la reforma del artículo 315.3 del Código penal

La huelga general de 2012 en Elche, una imagen de la manifestación

CCOO Vinalopó-Vega Baja ha anunciado esta tarde que el Juzgado nº 2 de lo Penal de Elche ha procedido a archivar la causa abierta a una veintena de personas que estaban pendientes de pasar por los tribunales por diversos hechos acaecidos en la Huelga General del 29 de marzo de 2012. Se trata de una veintena de militantes de colectivos de izquierda, no solo miembros del sindicato, que participaron como piquetes informativos en dicha huelga. Tal y como señala el escrito del fiscal, según la LO 5/2021 y la modificación de la misma derogando el apartado 3 del artículo 315. Este artículo, gravoso para los y las trabajadoras dado que afectaba a los derechos sindicales, venía a endurecer más el Código Penal en lo que se refiere al Derecho de Huelga. Es por esto que en el escrito del fiscal, se establece que “por lo tanto los hechos imputados a los acusados son atípicos al haber sido despenalizados” y que procede acortar el archivo de tal causa.

Como en tantas otras movilizaciones y huelgas, miles de trabajadores y trabajadoras salieron a la calle a defender derechos colectivos, en esta ocasión, contra una reforma laboral que el país sigue sufriendo, ya que ha precarizado las condiciones de vida y trabajo no solo de varias generaciones jóvenes, sino de todo el conjunto de la clase trabajadora.

En ese sentido, el propio preámbulo de la modificación del Código Penal señala que la reforma laboral devaluó o directamente eliminó derechos laborales y de negociación colectiva, y se reforzó penalmente y con dureza la exteriorización de estos conflictos “utilizando la legislación en vigor, como la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, y el artículo 315.3 del Código Penal, en el corto plazo, y trabajando, en el medio plazo, para desplegar un entramado de leyes que asfixian la capacidad de reacción, protesta o resistencia de la ciudadanía y de las organizaciones sindicales, hacia las políticas del Gobierno”. Así lo establece el mencionado texto:

Se ha aplicado la forma agravada de coacciones prevista en el artículo 315, apartado 3, del Código Penal, sobre la más atenuada de coacciones genéricas, aunque en la mayoría de los casos los hechos no puedan ser entendidos como violentos o coactivos y, en consecuencia, como un riesgo cierto para la integridad de las personas o de los bienes o instalaciones donde se desarrollan. Con esta aplicación de la ley se ha tratado de disuadir a los ciudadanos de ejercer su derecho a la huelga y, en consecuencia, su libertad sindical.

Si bien la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, vino a mitigar la respuesta punitiva de la ley, la misma no da una respuesta proporcionada, ni añade nada nuevo ni necesario atendiendo a la finalidad que la norma atendía. Por ello, el artículo 315.3 del Código Penal debe desaparecer de nuestro ordenamiento punitivo, toda vez que el genérico delito de coacciones ya protege de manera adecuada la libertad de no hacer huelga.

Desde CCOO Vinalopó-Vega Baja celebran el archivo del caso, "que el sindicato peleó con numerosas movilizaciones bajo el lema ‘Huelga no es delito’, pero también recordar que los derechos no son para siempre, y que una vez conquistados se ha de seguir luchando por ellos, porque de lo contrario, como pasó con el anterior Ejecutivo del Partido Popular, profundizando sobre una reforma laboral del PSOE, los derechos y libertades retroceden y castigan aún más a los y las trabajadoras. Por último, se trata de otro ejemplo de por qué nos seguimos movilizando y seguiremos haciéndolo exigiendo la derogación de la reforma laboral que ha empobrecido a millones de personas en todo el país".

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