La crispación se apoderó del primer pleno ordinario del curso político en Elche en el que el equipo de gobierno de PSOE y Compromís sacaron adelante su plan de congelación de impuestos para 2022 y tuvieron que rendir cuentas sobre el informe de intervención que ha advertido de deficiencias en la gestión económica como la existencia de contratos menores sin justificar. Dos temas espinosos que le valieron al la oposición para pedir al ejecutivo local rigor y ejemplaridad con las cuentas municipales y sobre todo le sirvió al PP para cargar duramente contra la edil de Gestión Financiera, Patricia Macià.
El bipartito dio luz verde a modificar la redacción de doce ordenanzas fiscales, la más destacada la exención de tasas a la hostelería durante el próximo semestre. El resto fueron cambios técnicos que apenas notarán los contribuyentes. Los dos partidos que gobiernan en la Plaça de Baix llevaron al pleno su discurso de mantener impuestos para poder seguir garantizando los servicios a los ciudadanos y ayudar a quienes más lo necesitan sin hacer recortes. «Los impuestos son ineludibles para el progreso». Fue una de las frases de la intervención de la edil de Hacienda para justificar su política financiera. Una política que encontró con agrias respuestas de la oposición. Desde Ciudadanos, cuya portavoz, Eva Crisol, acusó al bipartito de «tener chiringuitos» y por tanto capacidad para poder bajar los impuestos; y especialmente del PP que dijo, de la mano de su portavoz, José Navarro, que el equipo de gobierno es «incapaz de ponerse del lado de quienes más lo necesitan por la elevadísima presión fiscal».
Entre reproche y reproche, la portavoz de Compromís, Esther Díez, criticó a la oposición en caer en el discurso fácil de pedir que bajen impuestos y después no ser capaces de decir dónde recortar, en clara alusión al PP, al que PSOE acusó de estar actuando ya en clave electoral por «querer mentir a los ciudadanos con que se pueden bajar impuestos y prometer algo que no van a cumplir».
«De inmoral e indecente», tachó Patricia Macià el discurso de los populares quienes más tarde calificaron las intervenciones de ésta de «ridículas». El siguiente enfrentamiento llegó tras dar luz verde el ejecutivo local a modificaciones presupuestarias para adelantar dinero a los bancos, una operación que permite reducir los gastos financieros en 2,3 millones de euros para los ejercicios 2022 y 2023, y «positiva» según el gobierno municipal porque «libera gasto corriente».
El líder del PP, Pablo Ruz, dijo que los bancos pueden esperar y que el equipo de gobierno parecían liberales amortizando deuda. Aprovechó su momento para recordarle a los responsables municipales, en especial a la edil de Hacienda, que «el fiscal Anticorrupción y el interventor dicen que está al frente de un área que desconoce el funcionamiento y por eso se incurre en fraccionamientos». Ante esas alusiones, Macià lamentó que el PP «necesite usar la mentira y el engaño para lograr su fin», defendió trabajar con sensatez y con sentido común, y recordó que la Fiscalía archivó la denuncia sobre los fraccionamientos de contrato.
La ejecución presupuestaria de año volvió a ser tras el receso motivo de duras críticas al gobierno local. La edil de Hacienda cifró en un 17,64% el nivel de inversiones ejecutadas en el primer semestre del año, pero añadió después que a septiembre llevaban en marcha un 25% de las inversiones. Esos porcentajes le valieron al PP para atacar de nuevo y recriminar al bipartito «su venta permanente de humo» por los proyectos prometidos que siguen sin ver la luz. José Navarro dijo incluso que no conocía «forma más chapucera de gobernar».
También pasó por pleno el último control interno que realizó el interventor municipal respecto a la gestión de 2020 en el que advierte de nuevas deficiencias como contratos menores sin justificar, una adjudicación a una empresa con deudas y subvenciones concedidas fuera de plazo. La edil de Hacienda dijo que «el informe no es bueno, pero es un pelín mejor que el anterior».
Ciudadanos lamentó que justifique el ejecutivo local que no hay infracciones y que si la fiscalización no se ha hecho bien es porque no hay técnicos suficientes, una necesidad que se reflejó hace tiempo. Para Vox sí que existen errores gordos. «Han contratado a una empresa con deuda tributaria en el momento de la adjudicación y esto es incomprensible», dijo e edil de Vox, Juan Antonio Alberdi. Para el PP la advertencia del interventor, «es un ejemplo de como manchar el buen nombre de este Ayuntamiento de Elche». La concejal socialista responsabilizó al PP de estar señalando la labor de los funcionarios, quienes, según Macià, son los que se ocupan de la gestión financiera y técnica y no la corporación municipal, dijo.
