Dos anuncios de publicidad gigantes llevan desde hace varias semanas pintados sobre la fachada de dos edificios del barrio San Antón pendientes de derribo por estar en estado de ruina. Ocupan cuatro de las seis plantas de dos bloques. Unos carteles que por sus dimensiones han sorprendido a todo aquel que pasa por la zona, pero sobre todo por dónde están colocados. Y es que la ordenanza municipal solo permite la instalación de publicidad de este tipo en las medianeras de los inmuebles, pero no en esta zona de los edificios donde hay ventanas.
La situación ha pillado por sorpresa a la Concejalía de Urbanismo, que es la encargada autorizar o denegar el permiso a la comunidad de vecinos para poder colocar en los edificios anuncios por los que reciben dinero.
Y más aún teniendo en cuenta que el propio Ayuntamiento tiene unos derechos sobre estos pisos que tiene previsto derribar porque está realojando a sus vecinos en los inmuebles sociales que está construyendo en el barrio dentro de su proyecto de regeneración urbana.
Sin embargo, pese a ello, los anuncios pintados sobre estos inmuebles privados llevan semanas visibles y desconcertando a muchos por las particularidades de estos edificios donde el Ayuntamiento tiene que llevar un control.
La paradoja es que, según fuentes municipales, varios residentes permitieron que una empresa pintara sus fachadas para colocar la publicidad sin el consentimiento de toda la comunidad de vecinos, entre la que figura el propio Consistorio al ser el titular de las viviendas que quedan vacías tras haber realojado a sus propietarios en los nuevos inmuebles. Ni tampoco pidieron permiso a la Concejalía de Urbanismo para ubicarlos en las dos fachadas.
Según la edil responsable de este departamento, Ana Arabid, lo que procede legalmente ahora es hablar con la comunidad de propietarios y el administrador para que los legalicen o los retiren. Sin embargo, regularizar estos anuncios parece inviable porque la ordenanza solo los permite en medianeras.
«Si no cumple la normativa, no podrá legalizarse, pero en el procedimiento de restauración de la legalidad urbanística primero se requiere para que se legalice y, si no es posible, se requiere para que se retire», señala la concejala de Urbanismo, quien precisa que la valoración de si es legalizable o no «es técnica».
