La eliminación del impuesto de plusvalías ha dejado en el aire la aprobación del presupuesto municipal de 2022 el próximo mes, tal y como pretendía hacer el equipo de gobierno. La anulación del tributo municipal, dictada recientemente por el Tribunal Constitucional, en una sentencia ha descuadrado a la Concejalía de Hacienda que prácticamente tenía cerradas las cuentas para el próximo año y su edil responsable, Patricia Maciá, ya ha advertido a través de un comunicado de que «existe la posibilidad de que la aprobación del documento económico para el próximo 12 de noviembre no se pueda llevar a cabo».
No obstante, la intención del gobierno municipal es «aprobar el presupuesto, si no hay ninguna incidencia más, antes de que acabe el año», precisó la concejala socialista.
La eliminación de este tributo municipal supondría que las arcas municipales ingresen 4,2 millones de euros menos el próximo año, lo que supone un auténtico varapalo para el Ayuntamiento ilicitano, al igual que para el resto de municipios alicantinos, cuyos responsables ya han lamentado la medida y han advertido de que se han visto obligados a reformular los presupuestos.
La reducción del capítulo de ingresos va a obligar al la Concejalía de Hacienda a ajustar de nuevo los ingresos y los gastos y empezar de nuevo a recortar aún más los gastos. La edil de Hacienda, Patricia Macià, también ha aprovechado para reclamar un fondo compensatorio. «Esperamos por parte del Gobierno de España soluciones a este grave problema que se presenta en los métodos de cálculo con las plusvalías puesto que paraliza las liquidaciones y merma la capacidad de recaudación y de gestión», señaló la concejala del área, quien, no obstante, advirtió que esta sentencia solo afecta a las liquidaciones que no son firmes y no a las que en estos momentos sean firmes tanto en voluntaria como en ejecutiva.
70 millones
La sentencia del Tribunal Constitucional que tumba el impuesto de las plusvalías supone un golpe de más de 70 millones de euros para la financiación de los principales ayuntamientos de la provincia, que cuenta con municipios turísticos que tienen en el cobro del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos urbanos una importante fuente de ingresos.
El Ministerio de Hacienda ha avanzado que revisará el impuesto de plusvalía para que los ayuntamientos sigan ingresándolo pero la realidad es que el fallo judicial considera ilegal la forma en que se calcula el tributo que se paga a los municipios por el beneficio en la venta de una vivienda.
