«La compensación económica por el turno de oficio debería ser actualizada y además deberían de remunerarse todas las actuaciones profesionales realizadas por designación judicial», esta ha sido la gran conclusión de las VII Jornadas de Justicia Gratuita que, bajo el lema «Más iguales ante la ley» se han desarrollado en el Colegio de Abogados de Elche. Los letrados han evidenciado la «importancia de que los colegios velen para que los profesionales ejerzan el turno de oficio en un solo colegio: aquel en el que el que estén inscritos como ejercientes residentes y tengan su despacho único o principal».
Las jornadas analizaban un pilar fundamental en el estado de derecho, como es el funcionamiento del servicio de asistencia jurídica gratuita, y se llegó a la conclusión de que las compensaciones económicas a los letrados, garantizando la dignidad de las mismas y evitando que existan actuaciones profesionales sin reconocimiento están desfasadas. Esto último fue precisamente una de las principales críticas que se hicieron al nuevo Reglamento de Justicia Gratuita, que entró en vigor en marzo. Los participantes lamentaron, entre otras cosas, que este nuevo reglamento no garantice el cobro de todas las actuaciones realizadas por los abogados de manera obligatoria por designación judicial. «Se ha solucionado de manera parcial», afirmó en la inauguración la presidenta del Consejo General de la Abogacía, Victoria Ortega. «A pesar de resolver algunas cuestiones como la justificación mensual de las acreditaciones y los requisitos de los profesionales para la prestación de los servicios, el Reglamento se evidencia insuficiente para dar respuesta a los déficits del sistema». La creación del Consejo Estatal de Asistencia Jurídica Gratuita se consideró «un acierto». Pero se insistió en que «la Abogacía debería tener un peso correspondiente a su responsabilidad en la prestación del servicio» actualmente solo 1 de sus 19 miembros pertenece a la Abogacía. «Además se espera que inicie lo antes posible un trabajo efectivo para coordinar y aunar los criterios de las distintas administraciones implicadas».
También se puso de manifiesto la necesidad de una nueva Ley que sustituya a la que lleva vigente desde 1996. «Se hace precisa una actualización legal ante la evolución de la sociedad, los múltiples cambios legales operados en numerosas áreas y la implantación de herramientas digitales en todos los ámbitos», se afirma en las conclusiones. Sobre los servicios de asistencia y orientación jurídicos (el asesoramiento integral a la mujer, y el dispensado a presos, inmigrantes y solicitantes de protección internacional), se reiteró «la necesidad de que sean organizados y dispensados por los Colegios de la Abogacía» evitando su privatización, con el fin de «garantizar la calidad y el control deontológico del servicio».
