Tras haber atado con la nueva ley del Palmeral que la Generalitat pague la mitad de los gastos del Palmeral, el alcalde, Carlos González, quiere ahora dar un paso más e implicar también al Gobierno central. El primer edil aseguró, un día después de la aprobación de la normativa en las Cortes Valencianas, que pretende conseguir que el Ministerio de Cultura cofinancie su conservación, su mantenimiento y las acciones dirigidas a su salvaguarda con el Ayuntamiento y la Generalitat porque es un Patrimonio de la Humanidad.
Mientras tanto, a corto plazo, el Ayuntamiento va a hacer un estudio para cuantificar el coste que exige la conservación del Palmeral para que la administración autonómica pueda empezar a sufragar la mitad de los gastos, tal y como dicta la nueva ley.
Lo que pretende el regidor socialista es tener una «valoración minuciosa» con el fin, no solo conocer cuánto dinero salen de las arcas municipales para mantener el oasis ilicitano, sino también para saber cuánto se debería gastar para que esté en perfectas condiciones. No obstante, para el presupuesto del próximo año que el Consell está cerrando, González no da garantías de que pueda haber una partida económica dadas las fechas. «Lo importante no es este presupuesto, sino la etapa que se abre a partir de ahora», dijo.
El equipo de gobierno llegó a estimar hace unos meses que hacen falta entre dos y tres millones de euros para tener «inmaculado» el Patrimonio de la Humanidad, una cantidad completamente inasumible por las arcas municipales. Sin embargo, en todo este tiempo nadie ha sabido nunca poner cifras exactas a lo que costaría tener en perfecto estado el bien milenario.
El regidor socialista quiso destacar que uno de los principales elementos que contempla la normativa es la reivindicación del equipo de gobierno y especialmente suya la cofinanciación de los ingentes gastos que representa el Palmeral ilicitano. Eso, y el frenazo a las nuevas construcciones en los huertos reconocidos por la Unesco. Algo que, según el alcalde, es una de las razones por las que PP y Vox no han dado su apoyo a la legislación.
«Es una lástima que no se hayan sumado al consenso, lo que revela su posición confusa sobre el Palmeral y la construcción», dijo González.
Lo que también ha querido reivindicar el primer edil es que este articulado, que salió adelante en el parlamento valenciano con los votos a favor del PSOE, Compromís, Podemos y Ciudadanos, se gestó en el Ayuntamiento de Elche tras el consenso con colectivos conocedores del Palmeral.
«Hemos sido protagonistas, hemos hecho la ley. No nos han hecho la ley», defendió González.
Y es que, a diferencia de 1986, en esta nueva normativa técnicos municipales, biólogos y abogados configuraron en 2017 un borrador que sentó las bases de la normativa que el jueves refrendaron las Cortes Valencianas tras pasar por la Conselleria de Cultura y la incorporación de enmiendas de los grupos parlamentarios.
Fue en esa recta final de la tramitación cuando el Botànic decidió, tras las numerosas reivindicaciones de Elche, de enmendar el borrador para incluir que la Generalitat Valenciana tendrá que financiar el 50% de los gastos.
Compromisos para 2022: Plan de Usos y Plan Especial
El equipo de gobierno tiene por delante dos asignaturas pendientes con el Palmeral que se hacen más necesarias ahora que se ha aprobado la nueva ley. Elaborar el Plan Especial del Palmeral, con el que se concretarán cuestiones urbanísticas sobre los distintos huertos según su protección, que está avanzado y que si se no se aprueba caducará en 2023. Sirve entre otras cosas para definir el nivel de construcción en parcelas con palmeras situadas en el casco urbano.
Y por otro lado, tiene sobre la mesa elaborar el Plan de Usos y de Gestión para clarificar qué se podrá hacer y qué no en los huertos. Este documento es obligatorio desde que la Unesco concedió el Patrimonio de la Humanidad, también empezó a redactarse en 2017 y nunca se supo más.
El alcalde, Carlos González, aseguró que su objetivo es finalizar el próximo año con ambos planes en vías de aprobación, lo que depende primero del Ayuntamiento, y en segundo lugar, de la Generalitat.
