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Las exhumaciones autorizadas sin contrato acabarán en los juzgados de Elche

PP y Vox denunciarán por separado el caso al no convencerles las comparecencias de Marga Antón y Héctor Díez en el pleno - El PSOE habla de «estirar el chicle» y de intento de «cobrarse una pieza política» mientras Compromís guarda silencio

La concejala de Cultura, Marga Antón, durante su comparecencia en el pleno celebrado este lunes en el Centro de Congresos. Antonio Amorós

Parte de la oposición ha vuelto a reiterar hoy, en este caso en el pleno ordinario de Elche, la petición de dimisión de la concejala de Cultura, Marga Antón, por la polémica por el contrato para realizar las exhumaciones acometidas en el Cementerio Viejo. Es más, este asunto acabará en los tribunales, tal y como desde hace semanas se viene anunciando por parte de algunos partidos, los cuales querían esperar a escuchar las explicaciones que daba en sesión plenaria la titular de Cultura antes de tomar una decisión.

Dos concejales socialistas, el de Contratación, Héctor Díez, y la de Cultura, Marga Antón, han comparecido para dar respuesta a las dudas y preguntas de la oposición. No obstante, no han convencido a los grupos que no gobiernan, los cuales consideran que no se ha respondido a sus preguntas.

Todo arrancaba a las 14 horas cuando se daba lectura a la solicitud conjunta de los grupos municipales del PP, Vox Elche, Ciudadanos y el concejal no adscrito, de comparecencia del edil de Contratación, Héctor Diez, con objeto de dar respuesta “sobre la falta de contrato para las exhumaciones del Cementerio Viejo”. 

Aurora Rodil, de Vox, dijo que Marga Antón en la junta de portavoces acusó a su compañero Héctor Díez de ser el responsable de este contrato. El PSOE, por boca de Ramón Abad, anunciaba que votaban a favor de la comparecencia en favor de la transparencia, pero sin saber si se iba a asistir a una comparecencia o a un “sainete”.

Eduardo García-Ontiveros, edil no adscrito, solicitaba a Héctor Díez explicaciones de, por ejemplo, desde qué fecha conocía la fecha del expediente, quién era el responsable de decidir la naturaleza administrativa del contrato, o acerca de si había un plazo escaso para pedir subvención para la exhumaciones.

Eva Crisol, de Cs, preguntaba cómo se explica que no se le hubiera comunicado nada a su área desde el inicio de la tramitación del expediente. “¿Quién nos miente: usted o la señora Antón?”, llegó a expresar.

Aurora Rodil quiso saber la fecha de cuándo conoció Héctor Díez este asunto, mientras que Pablo Ruz, desde el PP, le pedía que dijera la verdad y defendiera a esta institución, al Ayuntamiento. “¿Es capaz de poner hoy la mano en el fuego por su compañera Marga Antón?”, agregaba Ruz, al tiempo que pedía saber cuándo supo que el vicesecretario se negaba a informar a favor del decreto, para, a renglón seguido, afirmar: “De la señora Antón no esperamos nada de nada en vista de sus mentiras en sede municipal”.

Pablo Ruz concluía su primera intervención señalando: “Hemos esperado a estas dos comparecencias antes de interponer una denuncia penal”.

Por su parte, Héctor Díez tachaba esta situación de “intento de estirar el chicle de las exhumaciones” y recordaba que Marga Antón dio una rueda de prensa el 27 de octubre para dar explicaciones, además de comparecer el 27 de noviembre ante los grupos políticos junto al vicesecretario general, el arqueólogo y el técnico de administración general.

"Estirando el chicle"

Relató también Héctor Díez que el 25 de noviembre el secretario general emitió un informe “donde exhaustivamente relata lo sucedido y de una facilidad de lectura importante. Y por si fuera poco la concejala va a comparecer por petición de su grupo. Estamos aquí, estamos un mes dando explicaciones, estirando el chicle”.

“Ni yo ni la señora Antón ni ninguno del equipo de gobierno tenemos nada que ocultar”, añadía el concejal de Contratación, quien aseveró que tuvo conocimiento del expediente en cuestión posteriormente al 17 de septiembre. “Si es un contrato de obra o de servicio o de suministro es un técnico el que decide. La coordinadora del servicio de Contratación me avisó de que lo estaba tramitando la Concejalía de Cultura”, intentaba aclarar Díez ante las insistentes preguntas de buena parte de la oposición.

Para Héctor Díez, lo ocurrido también fue un “cúmulo de errores administrativos” y quiso dejar claro que al haber órganos de contratación distintos él no tuvo conocimiento de inmediato, puesto que él es responsable solo de uno de los tres existentes.

El edil de Contratación quiso defender a su compañera al asegurar que Antón no dijo que la culpa era de la Concejalía de Contratación, e insistió en que el informe del secretario “deja muy claro lo sucedido. Nunca ha habido intencionalidad, ni mala fe y no se ha intentando favorecer a nadie”.

La edil de Cs, Eva Crisol, llegó a afirmar a continuación que fue el arqueólogo el que, tras tener conocimiento por unos familiares de represaliados de que había una subvención de la conselleria para hacer exhumaciones, avisó de esto al Ayuntamiento, mientras que desde Vox se retaba a Héctor Díez a decir públicamente “lo que ha dicho sobre la actuación de la señora Antón”.

Las intervenciones continuaron con la de Pablo Ruz, quien dijo que Marga Antón “no puede seguir un minuto más en el cargo”.

Héctor Díez señalaría luego que, con respecto a las ayudas para las exhumaciones, el 1 de marzo hubo una reunión con la secretaria autonómica, y fue entonces cuando ya supieron que querían pedir una subvención. Es en la siguiente junta de gobierno cuando se decide pedir esa ayuda, dijo.

Tras la intervención de Díez, llegó la comparecencia de la concejala de Cultura, a petición de su propio grupo, el PSOE.

Eva Crisol quiso saber en primer lugar cuándo tuvo conocimiento Antón del aviso de lo que estaba pasando realizado por el vicesecretario y si se lo dijo a algún compañero. 

Juan Antonio Alberdi, de Vox, manifestó en primer lugar que este suceso “ni es una cortina de humo ni es estirar el chicle. Las explicaciones las tendrá que dar en sede judicial”. A partir de ahí preguntó cuándo se tiene conocimiento de las existencia de las ayudas para las exhumaciones, cuándo supo que los técnicos de la empresa iban a hacer las exhumaciones, e incluso cómo era posible que la subvención sea igual que el presupuesto de la empresa contratada mientras que el de las otras dos empresas fuera superior.

Llegado el turno de palabra de Pablo Ruz este criticó a Compromís por no haber dicho nada al respecto. “La señora Antón ha mentido y ha quedado acreditado por la intervención de Héctor Díez, por el informe del secretario y del vicesecretario, la empresa no ha caído del cielo. Lo de que no hay dolo lo tendrá que demostrar ante el juez”, apuntó. 

Ruz insistía: “Usted dijo que fue consciente del problema del 20 de octubre, cuando lo sabe desde el 17 de septiembre como mínimo, cuando el vicesecretario se niega a firmar el decreto, y no voy a consentir que culpe a los técnicos de su negligencia. Usted sabe desde el 17 de septiembre que esto no se podía firmar. El 30 de septiembre a sabiendas de que no se podía firmar el contrato vuelven al cementerio, junto con el alcalde de Crevillent, a comparecer. Y además el 9 d’Octubre le pregunté por esto”. 

Marga Antón respondió a renglón seguido que en todo momento había dado la cara, que este contrato no tenía que haberlo tramitado Cultura y que la falta de experiencia de los técnicos intervinientes junto con la premura de los plazos desembocó en una irregularidad administrativa, de la cual no se detecta responsabilidad administrativa, ni penal, ni perjuicio económico.

Héctor Díez tomaba la palabra de nuevo para destacar una vez más que no ha habido ningún tipo de intencionalidad. “Toda la intención que hay es hacer las cosas bien, nadie nace enseñado”, dijo en alusión a los técnicos, además de indicar que era necesaria una redacción mejorable de las bases de ejecución del presupuestos, pero que nada de “montar películas con intencionalidades. La edil de Cultura tiene todo nuestro apoyo” y “aquí han fallado partes del engranaje”.

A partir de aquí Ontiveros no quiso repreguntar, mientras que Crisol se mostró sorprendida de que los responsables sean unos funcionarios que tenían poca experiencia porque acababan de llegar al Ayuntamiento. “¿Por qué no paralizó el proceso al día siguiente del 17 de septiembre cuando se negó el vicesecretario a firmar? El responsable es el político. Debería asumir las responsabilidades”, añadió Crisol, sin utilizar la palabra dimisión.

Aurora Rodil se preguntaba a renglón seguido si Antón estaba capacitada para llevar su cartera, por lo que pidió que renunciara “porque reconoció su ineptitud, nos mintió y porque echó la culpa a los técnicos”.

De nuevo, con el turno de palabra en manos del PP, Pablo Ruz manifestó que se ha vulnerado la ley con respecto a la adjudicación de contrato. Y volvía a la carga con el socio de gobierno del PSOE: “Lo de Compromís en este Ayuntamiento es para estudiarlo, parece mentira que hayan guardado silencio tan cómplice y atroz”. Y también cargaba por enésima vez contra Antón: “Hoy me ha quedado acreditado que usted no está capacitada para ostentar el cargo de concejala de Cultura. Nos vamos de aquí mucho más preocupados de lo que estábamos. Nos vamos a los juzgados".

Marga Antón replicaría entonces que lo que buscaba la oposición era cobrarse “una pieza política” y agregó: “Con la seguridad de no haber trabajado al margen de la ley seguiré”.

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