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SUCESOS

La Policía descubre un criadero ilegal de perros potencialmente peligrosos en Elche

El responsable de las instalaciones se enfrenta a posibles sanciones de entre 6.000 y 18.000 euros y a la prohibición de adquirir animales por un plazo de uno a diez años

Imagen de archico de un perro de los considerados potencialmente peligrosos

Agentes de la Policía Local de Elche ha localizado un criadero ilegal de perros potencialmente peligrosos en la partida de Saladas, de lo que han informado hoy a través de un comunicado. El servicio policial ha sido realizado por la Unidad de Urbanidad y Medioambiente (UMA), que fue la que descubrió las instalaciones. "Su responsable -se explica en una nota- publicitaba la actividad por varias redes sociales y vendía presuntamente sin autorización en una finca que, asimismo, incumplía la normativa urbanística". Ahora se enfrenta a varias sanciones administrativas que han comenzado a tramitar los agentes.

Según se explica en el comunicado, "tras varias semanas de investigación y la colaboración tanto ciudadana como de diferentes asociaciones animalistas", los agentes lograron situar el criadero, pues no era fácil de localizar al carecer de identificación alguna, explican. "En el momento de la inspección, no disponía del seguro de responsabilidad civil obligatorio, declaración de núcleo zoológico y certificado de compatibilidad urbanística para poder realizar este tipo de actividad comercial", añaden.

Los canes se encontraban en buenas condiciones de salud, ya que se trataba de un cría y venta selectiva, puesto que las camadas ostentaban línea genealógica de calidad. Durante el mes de diciembre uno de los negocios más lucrativos es la venta de este tipo de animales, especialmente cachorros.

Según la normativa, el implicado se enfrenta a posibles sanciones de entre 6.000 y 18.000 euros, a la clausura temporal del recinto por un periodo máximo de cinco años y a la prohibición de comprar animales por un plazo de uno a diez años.

La UMA recuerda que los criaderos irregularidades suponen una competencia desleal para aquellos que cumplen la normativa y un riesgo para el consumidor, al no disponer de todas las garantías en este tipo de adquisiciones.

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