El Ayuntamiento pasará a tener la titularidad de la fachada del edificio Nuevos Riegos El Progreso, apuntalada desde hace ya cuatro años en pleno centro de la ciudad. Es uno de los acuerdos alcanzados entre el equipo de gobierno y los dueños del inmueble como consecuencia de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) que obligó a salvaguardar el frontal de la antigua sala de venta de agua, cuyos propietarios que pretendían tirar abajo para construir un nuevo edificio.
El fallo judicial de noviembre de 2020 ha dejado a los dueños con muy pocas alternativas más allá de dejar un pasillo entre la fachada que será protegida y se quedará donde está, y el nuevo edificio. Y desde que se pronunció el juez, los propietarios, el Ayuntamiento y la Conselleria de Cultura han realizado varias reuniones para tratar de buscar la fórmula con la que resolver este escollo de la plaza de la Constitución.
Según el alcalde, Carlos González, una vez que adquirió firmeza la sentencia del TSJCV a comienzos de 2021, por la que se establece la obligación de conservar la fachada, las tres partes han estado trabajando para concretar la protección a la que obliga el fallo judicial.
«A tenor del criterio de la Conselleria, la opción es que se la fachada se mantenga en su situación actual, es decir, en su alineación actual; lo que nos lleva por una parte a realizar los trámites patrimoniales necesarios para su debida protección, esto es, incluirla en el catálogo y también a realizar los tramites urbanísticos que supondrán la modificación del PGOU», explicó el regidor socialista.
Ante ello, según el primer edil, el Ayuntamiento está esperando «la confirmación definitiva de la conselleria que ratifique la solución técnica alcanzada, para comenzar los trámites municipales necesarios y por ende para desbloquear la situación».
En estos momentos, según ha podido saber este diario, los técnicos de Urbanismo se encuentran trabajando en un proyecto para presentarlo a la administración autonómica y a los dueños que detallará cómo se puede conservar la robusta fachada de un edificio centenario que sí se podrá tirar abajo.
La portada del inmueble está apuntalada para evitar el riesgo de caída con vigas hacia el exterior y la intención es que esa estructura desaparezca con tal de despejar la calle y que la fachada se sujete con otro sistema al suelo, ya que detrás quedará una especie de pasaje.
De asumir el Ayuntamiento la propiedad de este elemento del inmueble esto conllevaría a que la administración local fuera la que tuviera que encargarse de las obras para asegurar que la fachada se mantenga en pie y su posterior mantenimiento. Todo ello una vez que los propietarios derriben el resto de la construcción para poder levantar un nuevo inmueble, donde estarán obligados a realizar catas arqueológicas.
«Interés arquitectónico»
Hace dos años, el TSJCV dictó que el Ayuntamiento debía «contemplar otras soluciones alternativas de protección parcial de la fachada, que se justificarán mediante informe técnico, dado el reseñado interés arquitectónico y de relevancia de Memoria Histórica».
Asimismo, la sentencia hizo referencia al «interés patrimonial y de interés local del edificio, por la composición de su fachada y por el uso que ha tenido a lo largo de los más de 100 años transcurridos desde su construcción, vinculado a la generalización de regadío en el campo».
Cuatro años desde que se apuntaló la construcción centenaria
El edificio de El Progreso tuvo que ser apuntalado de urgencia en mitad de la noche por orden de la Conselleria de Cultura el 12 de enero de 2018. Cuando los dueños ya habían iniciado el derribo de antigua sala de venta de agua porque tenían todas las licencias. El edificio no estaba protegido, pero un colectivo defensor del Patrimonio presionó ante la administración autonómica para evitar que se tirara abajo un inmueble histórico de la ciudad. A partir de ahí, los dueños llevaron a la conselleria a los juzgados con el apoyo municipal y hace dos años el TSJCV resolvió diciendo que había que proteger la fachada. Ni Ayuntamiento ni la propiedad recurrieron.
Cuatro años desde que se apuntaló la construcción centenaria
El edificio de El Progreso tuvo que ser apuntalado de urgencia en mitad de la noche por orden de la Conselleria de Cultura el 12 de enero de 2018. Cuando los dueños ya habían iniciado el derribo de antigua sala de venta de agua porque tenían todas las licencias. El edificio no estaba protegido, pero un colectivo defensor del Patrimonio presionó ante la administración autonómica para evitar que se tirara abajo un inmueble histórico de la ciudad. A partir de ahí, los dueños llevaron a la conselleria a los juzgados con el apoyo municipal y hace dos años el TSJCV resolvió diciendo que había que proteger la fachada. Ni Ayuntamiento ni la propiedad recurrieron.
