Su previsión es que a principios del próximo mes este servicio pueda empezar a funcionar.
¿Por qué se crea esta agencia?
Vamos a ofrecer garantías para que haya un uso del suelo más racional acorde al cumplimiento de todo el panel de normas que existen para cumplir los compromisos de la Agenda 2030 y para luchar contra el cambio climático . Hay que conseguir un suelo que pueda preservar la calidad del aire que respiramos, la calidad del agua que bebemos, dejar claro el papel que juegan los montes, el uso agrícola y otras protecciones del suelo. Hoy parece que tenemos una competencia disociada entre la administración autonómica y los municipios y puede dar la impresión de que se ha hecho un uso del suelo desproporcionado. Hay muchísimas edificaciones con infracciones, por nuestros hábitos, por concentrar nuestra actividad en las áreas urbanas.
¿Qué va a suponer para los ayuntamientos y para los ciudadanos?
Vamos a liberar a los ayuntamientos de esa presión por la escasez de recursos que puedan tener al ejercer la función de disciplina urbanística. Una vez que tengamos concienciados a todos sobre ese papel armonizado del uso del suelo también tenemos la otra función de colaborar y ayudar a los ayuntamientos para la regularización de aquello que pueda ser posible, de aquellas edificaciones que están en marcos legislativos anteriores a 2014 que pudieran regularizarse y que puedan tener una proyección en el tiempo. El objetivo es que los propietarios puedan regularizar sus propiedades con expedientes de minimización de impacto.
¿Qué tipo de viviendas podrían regularizarse y cuáles no?
Va a haber una gran parte que se puedan regularizar, pero no todas. Hay muchas viviendas que se hicieron desde 2014 hasta aquí y son imprescriptibles por estar en suelo protegido o en suelo no urbanizable común con unas características concretas. Vamos a tener que estudiar una casuística compleja de los municipios y hacer un análisis de cada lugar. Pero sí que va a haber una gran parte de las viviendas que vienen de 1976 y que se van a poder regularizar.
¿Cuáles son los casos más habituales a los que van a tener que hacer frente?
La mayor mancha que encontramos es suelo no urbanizable común con viviendas construidas antes de 2006. Esas habrían prescrito ya todas. Pero tendríamos que analizar con los ayuntamientos cómo regularizarlas, qué trámites urbanísticos y tratamientos de aguas residuales, cuestiones energéticas, de accesos, telecomunicaciones, etc, tendrían que cumplir. Esto supondrá poner en marcha los llamados expedientes de miniminización de impacto. De 2006 al 2014 se abre el escenario de que algunas podrían estar prescritas también y podríamos entrar en ese paquete de regularización. Eso sí las que estén construidas en suelo protegido, van a ser imprescritibles, bien por estar en zonas inundables, bien por ocupar terrenos forestales o porque haya protecciones de patrimonio cultural o paisajístico. Las que estén en suelo no urbanizable protegido a partir del 2006 ahí entra ya la disciplina urbanística.
¿Qué casos van a ser más complicados de resolver?
Las zonas de costa, por volumen, son las zonas donde hay mayor tensión edificatoria porque ha habido intereses mayores y son las áreas donde quizás nos podamos encontrar con expedientes con mayores dificultades de resolver. Pero, lo que más me preocupa de las edificaciones que no puedan regularizarse es que puedan estar ocupados por alguna familia, esas cosas son siempre muy difíciles. Y ahí tendremos que activar todos los mecanismos sociales que hay en la administración. Ese podrá ser el escenario más complicado que nos encontremos. Después, lo más apasionante serán las regularizaciones de las edificaciones de los años setenta para que ese patrimonio pueda transmitirse de padres a hijos, pero con la idea muy clara de que hay que hacer mucha pedagogía para ese uso racional del suelo y que nadie construya nada más sin licencia.
¿Asumirá este organismo las órdenes de demolición de las obras ilegales?
Asumimos esa competencia. Hay una gran expectativa de los ayuntamientos, que por mayoría absoluta han delegado este cometido en la agencia. Estamos hablando de la mitad de los municipios de la Comunidad Valenciana. Sabemos que hay un interés y una problemática que atender y estamos para asumir esta responsabilidad hasta las últimas consecuencias.
¿Comparte la visión de que muchos ayuntamientos han estado paralizando estas órdenes por distintos motivos?
Es un tema muy complejo, muchos han estado actuando y se ha restablecido la legalidad en muchos casos. Pero sí que es cierto que a los ayuntamientos les cae todo y tienen que atender tantos sectores y disciplinas que a algunos puede que se les haya ralentizado demasiado. No es lo mismo acudir con toda la contundencia contra un edificio que está solo con la cimentación que a uno que cuando te das cuenta ya está edificado, entonces el problema ya es mucho mayor. Pero esto ha sido una circunstancia no atacable a los ayuntamientos. Por eso regularizaremos lo que se pueda y lo que no asumiremos la responsabilidad. De 2014 aquí hay una mayor conciencia social. Pero el mayor volumen de regularización y el volumen de trabajo de la minimización de impacto es mucho mayor en las viviendas de los años setenta y ochenta del siglo pasado hasta la primera ley del suelo no urbanizable en el 92 hay muchísimos edificios que podrán someterse a expedientes de regularización de impacto.
¿Qué medidas de miniminización de impacto deberán cumplir estas casas para asegurarse su futuro?
Una será la corrección de vertidos incontrolados al subsuelo porque eso preocupa muchísimo y eso pasaría, dependiendo del tipo de vivienda, por la instalación de una pequeña depuradora, su fosa séptica bien construida que se pueda inspeccionar y demostrar que cumple su función antes de verter a cualquier otro pozo. Pero sobre todo se buscarán tratamientos colectivos a partir de tres o más viviendas que pueda ser más efectivo ese tratamiento de las aguas residuales. El tema de la eficiencia energética también será importante, que las viviendas tengan accesos rodados y que se pueda ver claro que van a compatibilizarse los usos del entorno.
¿Cuáles son los objetivos para este año?
El primero es tener la mayor información posible con de los ayuntamientos. Tenemos que hacer reuniones de trabajo con la Federación de municipios, con las tres diputaciones y los ayuntamientos que se han adherido para tener una foto fija con la mayor claridad posible para ver expedientes que sean ejemplares para actuar. En el mes de marzo aprobaremos la estrategia en el Consejo de Dirección y antes del verano tendremos que tener un guión claro para todos los ayuntamientos para que en el segundo semestre estemos ya con la parte de la regularización que será lo más complejo, porque las que tengan el expediente que toque derribar eso no nos va a llevar mucha discusión si ya tiene una sentencia. También tenemos que ponernos en coordinación con las universidades y con fuerzas de seguridad del estado para detectar edificaciones ilegales con drones y actuar a tiempo.
¿Por qué se les está ofreciendo una especie de amnistía a los propietarios de viviendas irregulares con esta ley?
Lo que hablaban las legislaciones anteriores a 2014 era de prescripciones, en cuanto a que no se podía atacar la edificación ilegal, pero la edificación estaba ahí. El paso importante es que con estos expedientes de miniminización de impacto aquellas viviendas se pueden regularizar y pueden tener proyección en el tiempo de transmisión y de uso. Antes podíamos tener la falsa creencia de que como ya pasó el plazo y se pagó la multa ya no pasaba nada y la vivienda seguía estando ilegal. La ley de 2014 dice que con las viviendas que hay fuera de ordenación hay que hacer algo para integrarlas dentro de un uso racional y deja claro las que no se podrán regularizar y se tendrán que derribar.
