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La Agencia del Territorio arrancará al ralentí en Elche con una plantilla a medias y funcionarios a distancia

El organismo encargado de regularizar viviendas en la Comunidad abre en febrero en un local provisional con contrato hasta 2025 - El director espera completar las 35 plazas de trabajadores en 2022

El alcalde y el director de la Agencia Valenciana de Vertebración del Territorio en la sede donde se ubicará la oficina. | AXEL ÁLVAREZ

La Agencia Valenciana de Protección del Territorio (AVPT) que se encargará desde Elche de legalizar viviendas en más de 200 municipios de la Comunitat tardará un año en ver completada su plantilla y parte de su personal trabajará fuera de Elche al menos hasta que encuentre sede definitiva, algo que podría tardar tres años, que es el tiempo que dura el contrato de alquiler del local del centro de la ciudad donde trabajará de manera provisional. La oficina anunciada hace un año por Ximo Puig con el compromiso de que arrancara a finales de 2021 tiene previsto abrir el próximo mes de febrero, una vez se adapte el local y cuenten con la licencia de apertura.

El alcalde, Carlos González y el director de la agencia valenciana, Manuel Civera, visitaron este martes las instalaciones de la calle Solars, ocupadas en los últimos años por la ONCE, que arrancarán con todo el staff de dirección, las tres jefaturas de servicio y las cuatro jefaturas de sección, según dijo el responsable de la entidad, quien aseguró que el presupuesto de 2022, de tres millones de euros, contempla que cuente con 35 funcionarios. Civera aseguró que el objetivo es que a final de año se pueda contar con todo el personal, aunque reconoció que «no será posible» que todos estén trabajando desde estas oficinas de 500 metros cuadrados.

Habrá por tanto trabajadores desplazados y estos serán, en principio, los inspectores que estarán «territorializados» en las direcciones de València, Castellón y de Alicante. El director de la agencia valenciana aseguró que «en un futuro podrán estar todos trabajando en Elche porque la agencia ha venido para quedarse» y habló incluso de la posibilidad de aumentar la cifra de funcionarios.

Sin embargo, para ello tendrán primero que encontrar una ubicación definitiva que pueda dar cabida a la plantilla al completo y que suponga en definitiva que este servicio pueda estar trabajando a pleno rendimiento.

«Gran esfuerzo»

Para el alcalde, Carlos González, la puesta en marcha de este servicio en la ciudad ha sido «en tiempo récord» después del anuncio que hizo hace un año el presidente de la Generalitat.

El regidor socialista aplaudió que «se han cumplimentado todos los procedimientos políticos y administrativos que han conducido a esta situación» y felicitó el interés y el trabajo del director de la agencia valenciana.

Destacó, asimismo, que este organismo autonómico «encargado de velar por la protección del territorio y por el cumplimiento de la legalidad urbanística de todo el territorio valenciano tenga su sede en Elche».

González aprovechó con ello para volver a poner en valor de la apuesta de Puig por «un factor que tiene un gran valor político y administrativo que es la descentralización de los servicios públicos que hemos reclamado desde esta ciudad y que ha encontrado con la complicidad y sintonía del presidente de la Generalitat».

De momento, los objetivos que se ha marcado el director de este organismo creado por la Conselleria de Política Territorial es crear un plan estratégico de inspección y concienciar a la gente para que nadie construya nada que no tenga una licencia municipal. «Ese cambio de mentalidad es muy importante porque desde 2014 para acá tiene consecuencias construir sin licencia, es un delito y hay que atacar esa edificación ilegal como cualquier otro delito», explicó el responsable de este organismo.

Entre las tres provincias, la Generalitat estimó que hay 400.000 casas irregulares y el objetivo de esta agencia valenciana es regularizar las que se puedan. Tal y como ya dijo Civera en una entrevista a INFORMACIÓN las casas que con infracciones urbanísticas que estén construidas en suelo protegido y sean posteriores a 2014 no va a poder legalizarse.

Sin embargo, habló de una gran mayoría de edificaciones que están en terrenos no urbanizables, aunque sin concretar cifras, que podrían salvarse de ser derribadas si se toman medidas para minimizar el impacto ambiental, a través de sistemas de depuración de aguas para evitar la contaminación de acuíferos a través de los vertidos.

Otro de los cometidos que tendrá este servicio será el de ejercer la competencia de las órdenes de demolición de viviendas con expedientes de infracción urbanístico, algo que hasta ahora asumen los ayuntamientos. También está previsto que la agencia se dote desistemas de vigilancia como drones.

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