La solución anunciada por el equipo de gobierno para desbloquear el apuntalamiento del edificio de El Progreso, en pleno centro de Elche, no convence a sus propietarios, quienes niegan que exista un consenso como ha dicho el Ayuntamiento. Aunque en el fondo de la cuestión están de acuerdo, porque la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) no les ha dejado con más salidas que tener que preservar la fachada, en lo que discrepan es que se les vaya a obligar también a respetar el patio y elementos interiores.
La alternativa final que, de hecho, ya ha aprobado la junta de gobierno y que explicó públicamente este jueves la edil de Urbanismo, Ana Arabid, ha dejado desconcertados a los dueños, porque aseguran que en ninguna de sus conversaciones y reuniones se les planteó tener que mantener esas estancias interiores, que suponen una mayor pérdida de edificabilidad, que se suma a la que ya van a sufrir por tener que edificar detrás del frontal del edificio centenario dejando un pasillo de cuatro metros abierto al público.
La imposición judicial, siguiendo los criterios de la Conselleria de Cultura, de mantener en pie la fachada de la antigua sala de venta de agua, después de que sus dueños adquirieran el inmueble sin ningún impedimento para demoler ni construir, porque no estaba protegido, va a hacer que el nuevo inmueble que levanten detrás tenga que modificar completamente su diseño, con el consiguiente aumento de los costes. Todo ello va a implicar que las viviendas se construyan por encima de la fachada centenaria para que los ventanales puedan tener luz y no tengan vistas a una tapia y que la parte de abajo se destine a un local comercial. Según los dueños, estas exigencias han hecho que el Ayuntamiento acordara con ellos permitirles dos alturas más, hasta seis, que no plantas, con tal de que su edificio fuera viable.
Sin embargo, lo que rechazan es haber consensuado tener mantener elementos interiores, tal y como ha aprobado este viernes el equipo de gobierno con la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), en concreto, la ficha 25 del Catálogo de Edificios Protegidos.
Y es que la preservación de ningún elemento interior de lo que todavía queda de la antigua sala de venta de agua entraba dentro de los planes de la propiedad, que iba a mantener, aún así, una parte del patio para darle luz al interior de las viviendas, pero no en las condiciones que ha anunciado el ejecutivo local.
Ese desacuerdo, no obstante, ya se lo han trasladado a los técnicos del área de Urbanismo este mismo viernes, mientras PSOE y Compromís daban luz verde los trámites para hacer realidad esa solución anunciada. Y ante ello, la edil responsable de este departamento, Ana Arabid, se mostró dispuesta a sentarse a hablar con los dueños para «modificar algunas cuestiones si es necesario y perfilar los flecos que pudieran quedar», pero descartó que en lo sustancial, que es mantener la fachada, pueda haber cambios, tal y como se ha aprobado ya.
La concejala socialista aseguró que el Ayuntamiento ha tenido numerosas reuniones con los propietarios en estos dos últimos años para conseguir consensuar la mejor solución ante un asunto tan complejo como éste y defendió que «en términos generales» habían llegado a un acuerdo. De cualquier forma precisó que la protección ambiental que va a tener el patio permite obras de reestructuración y de sustitución condicionadas a que se mantenga su esencia.
Interesados en desbloquear cuanto antes este problema
Pese a que el acuerdo para dar solución al edificio de El Progreso no está del todo cerrrado entre el Ayuntamiento y los dueños, tanto unos como otros quieren desbloquear cuanto antes un conflicto que se ha alargado ya cuatro años. Los propietarios están interesados en llegar a un consenso para poder derribar en cuanto sea posible el inmueble y quitar los puntales que ocupan la plaza de la Constitución. Y por su parte, el equipo de gobierno también quiere zanjar lo más pronto posible, a quince meses de elecciones, un quebradero de cabeza que le ocupa ya dos mandatos. La intención municipal es que antes de los comicios se pueda haber solucionado.
