Más de 379.000 palmeras de todo el término municipal de Elche, tanto públicas, como privadas (incluidos los hijuelos), recibieron tratamiento contra las plagas. La Generalitat Valenciana atendió esta cantidad de ejemplares, entre las que se incluyen 151.000 datileras, en huertos históricos y de propiedad municipal, pero también en las zonas del campo. La inspección y las trampas contra el picudo y la paysandisia costó cerca de 1,8 millones de euros a la administración autonómica, según el edil responsable del área, Héctor Díez.
Estas cifras dan una idea de las dimensiones y del elevado coste de un paisaje ilicitano acostumbrado ya a a convivir con la amenaza del escarabajo rojo y la mariposa, una afección, que según el concejal, los técnicos han acreditado que está contenida, pero no se puede bajar la guardia.
«La supervisión desde que hay serie histórica comparable ha permitido conocer que la plaga de picudo está muy estabilizada en los últimos años», aseguró Díez. Sin embargo, puntualizó que el actual sistema para contabilizar lo que se detecta impide que se puedan comparar datos con la etapa anterior a 2016 porque había menos medios.
De hecho, indicó que desde hace seis años, la Generalitat, a través del contrato que tiene con Tragsa, ha conseguido duplicar (de uno a dos) los equipos de revisión de las plagas en Elche.
Lo que han corroborado los especialistas, según Díez, es que la paysandisia es ahora mismo la mayor amenaza del Palmeral que afecta en el medio y largo plazo al ejemplar, lo que permite tratarlas con más tiempo. Por contra, la afección del picudo rojo es menor que la de la mariposa, pero más agresiva a corto plazo.
«Lo que nos trasladan los técnicos de Tragsa, de la Conselleria de Cultura y del Patronato es que hay que aprender a convivir con las plagas y que el picudo rojo y la paysandisia nunca van a desaparecer de Elche y que hay que mantener esa protección y en este caso queda claro que la red de trampeo situada en el perímetro del palmeral funciona bien», señaló el edil.
Este sistema de trampas es, según el Ayuntamiento, el más importante que existe en torno una masa forestal azotada por las plagas. Se sitúa en un perímetro de cinco kilómetros y está prohibido colocarse en el perímetro Palmeral histórico porque las trampas tienen feromonas que atraen a los insectos.
Mantenimiento
El desembolso que realiza al año la Generalitat en la lucha contra las plagas fue dado a conocer este miércoles por el concejal de Palmeral, quien quiso poner en valor el esfuerzo económico que realiza la administración autonómica en la protección del paisaje ilicitano, una administración que, con la nueva ley, además, está obligada a financiar la mitad de los gastos de mantenimiento del Palmeral, lo que va más allá del tratamiento contra las plagas e incluye la poda. Según Díez, su concejalía está «trabajando para que el presupuesto de mantenimiento siga subiendo» y destacó que el gobierno valenciano «ha dado el primer paso, triplicando su apoyo», con 200.000 euros en una subvención nominativa, además de reconocer la inversión que ha realizado este año también la Diputación.
El alcalde, Carlos González, aseguró tras la aprobación de la nueva ley en noviembre, que el Ayuntamiento realizaría un estudio económico para poner una cifra a lo que cuesta tener el Palmeral en perfectas condiciones, con tal de remitírselo a la Administración autonómica para que ésta pueda sufragar el 50%. Sin embargo, todavía no está cuantificado.
Sí que hay una estimación municipal de que el mantenimiento de la joya ilicitana puede suponer entre dos y tres millones de euros al año.
Objetivo:reunir al patronato antes del verano
El equipo de gobierno asegura que este mes cerrará el listado de los siete componentes de la junta gestora del Palmeral, uno de los órganos de tutela del Patrimonio de la Humanidad, que le ha urgido la Conselleria de Cultura para que pueda a activar el nuevo patronato. El objetivo municipal es que este organismo encargado de velar por el Palmeral, pueda convocarse antes del verano, en función de la disponibilidad del conseller. Su puesta en marcha es clave para que la ley, aprobada en noviembre, pueda empezar a tener sentido.
