Que estaba totalmente en manos de los técnicos municipales y que se fiaba de ellos. Es el principal argumento que trasladó la edil de Cultura, Marga Antón, a la jueza este viernes tras ser citada a declarar por el Juzgado de Instrucción Número 2 de Elche como investigada por un presunto delito de prevaricación administrativa por las exhumaciones sin contrato que se realizaron en el Cementerio Viejo para buscar a represaliados del franquismo. Además de esta irregularidad, lo que el expediente administrativo del secretario municipal recoge es que se formularon estos trabajos como un contrato menor de obra cuando realmente era mixto de servicios y por tanto era necesaria una licitación y que la Concejalía de Cultura no tenía competencias para gestionar los contratos de obras.
«Son tantos los contratos que firmamos todos los días que no reparé en que este no estaba firmado», fue una de las afirmaciones que la edil socialista realizó ante las preguntas de la jueza y del fiscal, porque a las del abogado de la de la acusación particular, que representa al Partido Popular, una de las dos formaciones (la otra fue Vox) que denunciaron las supuestas irregularidades, no contestó. Antón aseguró que cuando el 12 de agosto comenzaron los trabajos en el camposanto «pensaba que todo estaba bien» y dijo que siguieron durante todo un mes sin saber que no existía ninguna relación contractual.
Asimismo, la concejala defendió que el 20 de septiembre en cuanto nos se dieron cuenta que «se había hecho mal se paraliza» y que no días antes porque estaban tratando de buscar una solución que no encontraron por lo que al final tuvieron que detener los trabajos. La responsable de Cultura también expuso que era la primera vez que solicitaban una subvención para una obra de este tipo y que no tenían ningún histórico sobre cómo proceder. Se reafirmó en que dejó la tramitación en manos del arqueólogo, añadió que no tiene «conocimientos de qué va antes y qué va después», refiriéndose a la tramitación. Marga Antón señaló igualmente que desconocía el importe de lo que costaban las obras de las exhumaciones y que no tuviera las competencias. También responsabilizó al arqueólogo de que avisara a la empresa de que podía empezar los trabajos, porque entendió que la autorización que dio la Generalitat a las exhumaciones era que podían comenzar.
«No iba a saber yo más que ellos», fue otra de las afirmaciones que realizó la edil socialista, refiriéndose a sus técnicos. Sobre el hecho de que en el proyecto para pedir la subvención se contara con técnicos de la empresa a la que después adjudicó la obra, la edil de Cultura también negó conocer esta coincidencia en aquel momento, así como a las empresas que presentaron sus oferta, las fechas en las que lo hicieron y el presupuesto que dieron.
El portavoz del PSOE, Héctor Díez, trasladó este viernes la «tranquilidad y serenidad» de su grupo ante este proceso judicial y se mostró convencido de que esto es «el trámite final para poder acabar con esta cuestión».
El PP incide en su dimisión por su «incompetencia»
El PP volvió a pedir tras la citación de Marga Antón su dimisión. Su secretario general, Sergio Rodríguez, aseguró que la concejala se declarara «auto incompetente al no tener conocimientos del área que gestiona, declarando ante la juez que no lee los contratos que le ponen encima de la mesa y culpando de todo lo ocurrido a los funcionarios municipales». El popular afeó sus «contradicciones» y la acusó de mentir a los ilicitanos.
